Por Genaro Bautista
11 de setiembre, 2019.- Una estocada mortal asestó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a las aspiraciones de los pueblos indígenas al desarrollo, a ser tratados como sujetos de derecho, con deferencia, cumpliendo su eslogan: “Por el bien de México, primero los pobres, primero los pueblos humildes e indígenas”.
Para el jefe del Ejecutivo Federal, es mejor los subsidios asistenciales, que garantizar el derecho de las sociedades originarias.
Esto se puede observar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 (PEF), en el cual se considera un recorte al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), aprobado por el Congreso de la Unión el 28 de noviembre, y que el presidente mexicano presume como parte esencial de su administración.
Así, los pueblos indígenas, actores permanentes de la historia de este país, quedarán a la espera de ser parte activa de la denominada Cuarta Transformación al ver reducido el presupuesto de la oficina indigenista de México, el INPI.
En el rubro social se induce una reducción para el Programa de Derechos Indígenas, para 2020 por 106 millones 654 mil 976 pesos, es decir, 34.8% menos recursos con respecto al Paquete Económico 2019.
El presupuesto del INPI del 2019, fue de poco más de cinco mil 996 millones de pesos y ahora presenta un recorte de 40.6%, quedando según la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en tres mil 562 millones 717 mil 700 de pesos.
En el año 2015, la entonces CDI hoy INPI, obtuvo su presupuesto máximo histórico por la cantidad de: 12 mil 129 millones de pesos, pero con el recorte presupuestal se verá una reducción de 70.6%.
Y con esto tendrán que enfrentar las peticiones de los 25.7 millones de indígenas registrados por la Encuesta Intercensal del INEGI del 2015.
A la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión le corresponderá tomar la decisión de alguna modificación al Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, pero se considera algo difícil dado que la bancada de Morena, partido del presidente López Obrador tiene la mayoría.
Legisladores y diputadas federales de la Comisión de Pueblos Indígenas (CPI) del parlamento mexicano han hecho pública su inconformidad por la decisión del recorte a los más pobres.
En conversación con AIPIN, la Diputada Chinanteca del sureño estado de Oaxaca, Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, expresó su desacuerdo en la reducción del presupuesto en cuestión.
Este recorte causó conmoción, ya que los pueblos indígenas enfrentan marginación y pobreza tres veces más que la sociedad no indígena. Irma Juan Carlos, precisó que le pidió al presidente Andrés Manuel reconsiderar el caso, pero no hubo respuesta.
En una misiva de la presidenta de la CPI a Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, le manifiesta su preocupación por el hecho, dado que la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas --de la cual la SHCP es parte--, aprobó que al Instituto se le asignara para 2020 la cantidad de seis mil quinientos cuarenta y nueve millones 520,075.21, no los 3,562.7 millones.
La institucional Web del INPI, indica que el “Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte”.
Con el recorte, difícilmente podrá tener margen de operación para cumplir sus objetivos y responder a las demandas de los pueblos indígenas de México, desconociendo de facto los derechos adoptados a nivel internacional y que nacionalmente son reconocidos.
Diputados y diputadas se han pronunciado al respecto. Para la Diputada Irma Juan Carlos, es urgente trazar una ruta dirigida a la defensa del presupuesto, toda vez que su reducción impacta directamente en la atención de las comunidades.
La legisladora abundó que en la última reunión de la Junta de Gobierno del INPI, en la que participa la Comisión de Pueblos Indígenas, se acordó impulsar un presupuesto justo y digno para los pueblos indígenas, de seis mil 500 millones de pesos.
En su momento, la Diputada Federal Tojolabal de Comitán, Chiapas, también expuso su preocupación por que esta acción del Ejecutivo Federal lesiona los derechos de los pueblos indígenas.
Por su parte, el diputado náhuatl de la región de Zongolica, Veracruz, Bonifacio Aguilar Linda destacó que la necesidad de las comunidades originarias no tiene color, por lo que, si se necesita votar en contra del presupuesto, “hay que hacerlo, pues a pesar de que entendemos el plan de trabajo del Ejecutivo, este no es el más justo para el sector con el cual se tiene una deuda histórica”.
En el mismo, sentido Delfino López Aparicio, originario de la mixteca de Oaxaca, avecindado en Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México, manifestó que se tiene que exigir y pedir un presupuesto justo para las comunidades y pueblos indígenas.
El diputado Miguel Acundo González del Partido Encuentro Social (PES) comentó que está de acuerdo con los proyectos del Ejecutivo, pero no a costa de los más pobres. La deuda con los indígenas no sólo es en salud, educación, productividad, infraestructura y no podemos permitir recortes o subejercicios porque la necesidad está al orden del día; “por ello, citemos al responsable del INPI para que nos informe sobre cómo se están ejerciendo los recursos”, apuntó.
El diputado Marcelino Rivera Hernández del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que es lamentable la reducción que se plantea; “me preocupa que desaparezca el Programa de Infraestructura Indígena (Proii), pero sin duda el subejercicio que tiene INPI es del 53.5%, por lo que es necesario definir una ruta y citar a comparecer al titular y saber por qué se están deteniendo los recursos”.
El diputado priista maya, de Yucatán, Juan José Canul Pérez respaldó la propuesta de la presidenta de la comisión, pues “mejorar los derechos indígenas no es un tema de partidos”.
Su correligionaria, la diputada Frinné Azuara Yarzábal, dijo que no se puede permitir que se les quite el presupuesto a las comunidades indígenas, porque en su mayoría apoyan al actual gobierno.
Las voces de protesta no se han hecho esperar de parte de representantes indígenas.
Señalan que la reducción es un asunto que va más allá de los subejercicios que pueda existir. Califican de brutal el recorte al presupuesto indígena.
La Red Nacional Indígena (RNI), declara que, en los últimos 20 años, los pueblos indígenas no habían sufrido un agravio financiero de esta naturaleza.
Subrayan que “no puede ser posible una regresión histórica de esta naturaleza”.
Llaman a levantar la voz. “Si volvemos a perder como ha ocurrido en años pasados, perdamos con dignidad y sin quedar enmudecidos por el injusto recorte presupuestal”, enfatizan.
Y acusan que, si la Cámara de Diputados no rectifica la disposición presidencial, los pueblos indígenas y afromexicanos del país sufrirán un brutal recorte al presupuesto.
Pascual de Jesús y Zenaida Pérez de la Red Nacional Indígena. Informaron que el pasado 6 de septiembre sostuvieron una reunión con los técnicos de la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Hacienda.
La representación de la RNI detalló que expusieron haber ingresado varios oficios a la SHCP, exigiendo un presupuesto digno y suficiente de 12 mil millones de pesos, que es el techo presupuestal más alto asignado en 2015.
Y que su planteamiento giró en torno al compromiso presidencial durante su campaña con los pueblos indígenas.
Los técnicos, apuntan, se mostraron cínicos y les pidieron que “seamos conscientes de la austeridad del presidente y lo apoyemos para cambiar la situación del país”.
Los funcionarios les argumentaron que el paquete económico se diseña de acuerdo con las proyecciones económicas en una coyuntura sumamente difícil y es una instrucción presidencial para la aplicación de la austeridad en todas las dependencias.
Ante este panorama los indígenas están dispuestos a movilizarse por todo el territorio mexicano. Lo mismo en Oaxaca, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, la CDMX, Estado de México, Chiapas.
La crisis actual hacia los pueblos indígenas, la grieta financiera, no la conocí ni con Fox, Calderón o Peña Nieto, afirma Marcos Matías Alonso, exdirector del antiguo Instituto Nacional Indigenista (INI), experto de la ONU, así como Diputado Federal donde ocupó la presidencia de la entonces Comisión de Asuntos Indígenas.
No creo que alguien de nosotros quede con los brazos cruzados. Somos de resistencia. Cierto, no es la primera vez que ocurre un agravio de esta naturaleza, explicó.
Es terrible la afrenta del presidente hacia nuestros pueblos, expresa. Si Andrés Manuel López Obrador, estima que solo con asistencialismo habrá desarrollo de los pueblos indígenas, estos esperan que se concreten las reformas constitucionales de la Ley de Consulta, así como de Sujetos de Derecho Público, pendientes desde el 2001.
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