Por Luis Hallazi*
9 de agosto, 2017.- Nuestro calendario se va saturando de los días internacionales sin saber verdaderamente que celebrar; lo cierto es que cada 9 de agosto día internacional de los pueblos indígenas, en un acto simbólico se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el problema que sigue siendo para las instituciones nacionales e internacionales respetar y garantizar los derechos individuales y sobre todo los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el mundo entero. Este año, con mayor razón puesto que se cumplen diez años de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, su instrumento internacional más completo, pero que aún no obliga a que los Estados lo cumplan.
El Perú un Estado autodenominado por su Constitución como multicultural y plurilingüe, paradójicamente en su día a día privilegia una sola lengua y promueve una sola cultura; sus instituciones no han podido integrar a su población que en algún tiempo fue mayoritaria y que hoy cada año y cada hora va en serio decrecimiento. En sus casi doscientos años de vida republicana, si algo se ha propuesto involuntariamente éste Estado es menguar a su población indígena.
Esta problemática quizás la compartamos con muchos países que albergan los aproximadamente 370 millones de indígenas en todo el planeta; pero lo cierto es que nuestro Estado ha hecho muy poco por respetar y garantizar los derechos de los 54 pueblos indígenas organizados históricamente a través de sus más de 10 mil comunidades campesinas y nativas; que en conjunto habitan más de un tercio del territorio nacional y que se comunican en una de los 47 idiomas que hablan.
Nos solemos enorgullecer de la diversidad de nuestro país, de la riqueza que es el resultado de la diversidad de su gente, que a su vez es producto de la diversidad geográfica y así sucesivamente. Sin embargo en el día a día discriminamos y excluimos en base a una tara social de herencia colonial que se llama racismo. Esta quizás es la más grande de las trabas que no permite una mínima cohesión social para enfrentar los viejos problemas que atañe a nuestro país.
A esto hay que agregarle la puesta en marcha de un modelo económico que hace 27 años está en piloto automático y ha lobotomizado al Estado. Un modelo que no da tregua para detenernos y preguntarnos hacia dónde vamos o dónde queremos ir como país. Esta lógica se traduce en un doble discurso del Estado: Por un lado, me enorgullezco del legado histórico del país y por otro, promuevo normas que abren las puertas para que inversionistas tomen las tierras de las comunidades, desarrollen sus proyectos con muy poco control y en caso de violaciones de derechos se mantenga cierta impunidad. Con todo ello se consolida el despojo de tierras comunales, vulnerando derechos como la consulta previa y en algunos casos destruyendo la base organizacional de los pueblos indígenas.
Esto es lo que pasa con los denominados paquetazos anti indígenas que se vienen promoviendo con especial fuerza desde el 2013, coincidentemente a partir de la desaceleración económica, pero que no han cesado desde hace 27 años. Leyes como 30230, DL 1192 y recientemente con el proyecto de ley 1718-2017-PE presentado el 28 de julio por el presidente Kuczynski principalmente para favorecer a las grandes inversiones de infraestructura a costa de debilitar los derechos colectivos de las comunidades.
A un año del actual gobierno hay muy poco por celebrar en materia de pueblos indígenas; de los nueve compromisos que el actual presidente firmó con un grupo de organizaciones indígenas antes de su triunfo electoral, ninguno actualmente está en planes de implementarse. Dos de ellos eran la creación de un Viceministerio de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y concretar la titulación de los pueblos originarios de manera colectiva. Veamos que pasa en los siguientes años, si finalmente honra sus compromisos o prefiere continuar con esa sombra del doble discurso.
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*Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.
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