Los que aplican estrategias represivas desenfrenadas se sienten todopoderosos por que tienen las armas de su lado y el respaldo de una casta política aunque en crisis, cada vez más divorciada del país.
Por Jorge Agurto*
Servindi, 5 de marzo, 2023. El gobierno de Dina Boluarte —a quien el ingenio popular ha bautizado como "Balearte", en demérito de las decenas de muertos por la represión— aplica una estrategia confrontacional y antiderechos de consecuencias imprevisibles.
Lejos de respetar el derecho a la protesta ciudadana y los derechos humanos se observa una afán desmedido por sofocar cualquier manifestación de rechazo a su gobierno, así sea pacífica, artística o cultural.
Por ejemplo, la detención de Julián Vargas, del grupo de teatro Yuyachkani en Miraflores, la golpiza contra Aída Aroni Chilcce por izar una bandera nacional frente a la policía, la emboscada policial contra un camión de manifestantes en Apurímac ocurrido el 9 de febrero y que provocó un muerto por herida de bala.
Existen 60 fallecidos, 48 civiles muertos en enfrentamientos, 11 civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo y 1 policía, por hechos de violencia en el contexto del conflicto.
En la mayoría de las necropsias de las muertes directas “se consigna como agente causante de la muerte: proyectil de arma de fuego” e incluso el empleo de armas de guerra (ver informe de OjoPúblico).
La incapacidad de promover un diálogo efectivo e intercutural hace que el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola impongan, de la mano de los grupos de poder, una estrategia destinada a desacreditar la protesta ciudadana.
Algunas de sus características son:
Dina Boluarte y Alberto Otarola cogobiernan de la mano un régimen criminal y autoritario que desde el 7 de diciembre ha dejado más de 50 muertos ligados directa e indirectamente a las manifestaciones sociales, muchos de ellos fallecidos por disparos de bala de la policía y el ejército.
1. Se prohíbe terminantemente usar los espacios públicos para las protestas ciudadanas.
Los espacios públicos se han convertido en espacios vedados, prohibidos para el tránsito ciudadano. Plazas emblemáticas para las concentraciones de diversa índole son controlados estrictamente por las fuerzas policiales.
Grupos de discusión abiertos al público como el ágora de la Plaza San Martín han perdido sus espacios naturales de deliberación.
Sin embargo, hace algunos meses los grupos de extrema derecha que negaban el triunfo de Pedro Castillo se movilizaban raleadamente con apoyo policial y mediático.
Parece que al no poder competir con las movilizaciones de oposición han calculado que es mejor cerrar por completo los espacios públicos a las manifestaciones disidentes a la espera de tiempos mejores.
2. Se busca controlar que las manifestaciones avancen por un solo carril de pista para que se vean reducidas.
Los limeños y limeñas que ven únicamente los medios parametrados desconocen los rostros, colores y olores de una rebelión popular que se incuba desde las entrañas más profundas del país.
Las marchas iniciadas el 7 de diciembre de 2022 han ido escalando de nivel local, al regional y nacional y la mal llamada "toma de Lima" no tuvo el propósito físico o político de hacerse de la capital.
Rodrigo Montoya Rojas destaca que la "toma de Lima" tuvo un carácter simbólico para decirle al centro del poder político que los pueblos no han desaparecido, están vivos, en resistencia y están aquí.
Las marchas de los conos periféricos de Lima han sido enormes, multitudinarias, han desbordado y superado en número la movilización de cualquier partido político.
Pero los medios y la casta política que usufructúa del poder no entiende ni busca entender o tender puentes de diálogo y ha optado por minimizarla, menospreciarla y presentarla dispersa y fragmentada.
Para esto se hace un enorme despliegue policial para controlar que los/as marchantes avancen por uno de los carriles o vías de las avenidas para que se vean delgadas y con pocos manifestantes.
3. No se transmite por ningún medio concentrado la magnitud de las grandes concentraciones ni se entrevista a sus interlocutores.
Los medios corporativos o concentrados se cuidan de no presentar la verdadera magnitud de las manifestaciones que superan a cualquiera de las marchas políticas generadas en los últimos años.
Tampoco dan el debido lugar a los manifestantes que aparece mediáticamente como una masa amorfa y sin identidad cuando es todo lo contrario. Se trata de una estrategia para despersonalizar las marchas.
Esto ocurre porque no se toman el trabajo de recoger testimonios directos y mucho menos invitarlos a sus programas estelares para que expresen su sentir y demandas.
Los registros de las movilizaciones no toman en cuenta la parte inicial cuando se muestran banderolas, pancartas y se corean consignas creativas que hacen explícito el motivo de las protestas.
Tampoco prestan atención a las canciones o cánticos de las movilizaciones, bailes y el ondeo de banderas símbolo de identidad. Para los medios concentrados, estas expresiones no tienen ningún significado o importancia.
4. La policía inicia el conflicto con bombas lacrimógenas para provocar la reacción de los manifestantes.
La prensa se cuida de no mostrar las agresiones policiales que son actos de provocación iniciados por las mismas fuerzas del orden.
Estas ocurren cuando tratan de controlar el desplazamiento de las marchas y lanzan bombas lacrimógenas sobre población civil, incluyendo mujeres y niños, armadas solo de banderas y pancartas.
5. Los medios parametrados registran las escenas más violentas de respuesta ciudadana y las presentan como el motivo principal de las manifestaciones.
Aquí la prensa oficiosa juega en pared con el gobierno y busca con afán registrar y levantar mediáticamente las acciones de autodefensa que ocurren cuando algunos manifestantes patean y devuelven las bombas lacrimógenas hacia las fuerzas policiales.
Los reportes mediáticos están copados por este tipo de escenas que busca presentar a los manifestantes como violentistas en el marco de un discurso donde el “terruqueo” está detrás de toda acción de protesta.
Sin duda, estas escenas alimentan una narrativa oficialista en la que los/as manifestantes son incapaces de pensar por sí mismos y que operan bajo los dictados de fuerzas ocultas y funestas asociadas al “terrorismo” que supuestamente el fujimorismo liquidó hace décadas, pero que resucita cuando es necesario un pretexto para intentar deslegitimar las protestas ciudadanas.
6. Se realizan detenciones arbitrarias a personas que protestan pacíficamente para intentar disuadir protestas.
El colofón de las jornadas de protesta son las detenciones arbitrarias que buscan escarmentar a los/as manifestantes y disuadir a otras personas de involucrarse en acciones similares.
La detención de algún vándalo se justifica si se tratase de un auténtico infiltrado con la intención de provocar daños a la propiedad o a la salud de otras personas o personal policial de forma injustificada.
Se supone que esta es la labor de los terna que deben identificar a ese tipo de personas y operar con inteligencia. Pero esto es lo que le falta precisamente el aparato de seguridad policial.
Represión a lo brutal y sin inteligencia
Foto: Presidencia de la República.
Un caso ominoso de la falta de inteligencia es la aparatosa y alevosa intervención al campo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde detuvieron a 53 personas para luego liberar a 52.
El operativo que desacreditó al gobierno a escala mundial no halló nada incriminoso. Solo obtuvo un requisitoriado, pero otros motivos ajenos a la protesta social. Si algo logró, fue despertar al movimiento estudiantil para que se sume a las manifestaciones de repudio al gobierno.
Lo mismo ocurrió con el allanamiento al local de la Confederación Campesina del Perú (CCP) y del Partido Socialista, ubicados en la Plaza Bolognesi, donde supuestamente se hospedaban manifestantes peligrosos y con antecedentes filoterroristas.
El operativo se inició un sábado por la mañana sin presencia de fiscales y resultó un fracaso porque tampoco halló nada indiciario. Solo se mostró a la prensa unos machetes recién comprados con sus respectivas etiquetas.
Quienes dirigen y alientan la represión indiscriminada deben ser conscientes que están bajo el escrutinio nacional y mundial de organismos defensores de los derechos humanos.
Además, deben pensar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y acarrean responsabilidades políticas mediatas e inmediatas. “La justicia tarda, pero llega”, dice un refrán.
Los que aplican estrategias represivas desenfrenadas se sienten todopoderosos por que tienen las armas de su lado y el respaldo de una casta política aunque en crisis, cada vez más divorciada del país.
Aferrados con descaro al poder deben meditar en que nada dura para siempre, el poder es efímero y que con su autoritarismo están despertando a la fuente de todo poder: el pueblo soberano.
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* Jorge Agurto es un comunicador social y periodista de formación esencialmente autodidacta. Sus raíces de identidad se encuentran en el pueblo Sechura, en la costa norte del Perú. Es cofundador de la agencia de noticias SERVINDI (www.servindi.org) uno de los medios virtuales más importantes de la región latinoamericana especializado en la cobertura de temas indígenas, ambientales y crisis climática.
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