Servindi, 31 de agosto, 2016.- Más de un millón de toneladas de árboles destruidos, impactos en el humedal del Abanico del Pastaza, como el encarecimiento de las tarifas eléctricas serían las principales consecuencias de llevar adelante el proyecto Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos (LTMI), según lo advirtió el ingeniero José Serra, experto en temas de electricidad en la Amazonía.
Como se recuerda, el proyecto LTMI y subestaciones asociadas contempla la construcción y operación de una línea de transmisión para el suministro eléctrico a zonas urbanas de Loreto, uniéndolo al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
Sin embargo a la fecha el proyecto se mantiene paralizado luego que el MINEM en mayo de 2016 desaprobara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a través de la Resolución Directoral N° 139-2016-MEM/DGAAE debido a que de 131 observaciones del EIA, 70 no fueron absueltas por la empresa Líneas de Transmisión Peruana S.A.C., de la empresa española Isolux, la cual firmó contrato con el Estado peruano en octubre de 2014.
Igualmente, el MINEM consideró además que no se había realizado una adecuada línea de base ambiental, ni una delimitación del área de influencia del proyecto, como tampoco se habían establecido los alcances de los impactos ambientales directos e indirectos ni tampoco su identificación.
Principales impactos
De acuerdo al especialista José Serra, una de las zonas que se vería más afectada corresponde al Abanico del Pastaza, el humedal más grande de la Amazonía peruana.
El citado complejo de humedales alberga especies en peligro de extinción y es hogar de diversos pueblos indígenas amazónicos, quienes verían afectados sus derechos a la tierra y el territorio de iniciarse las operaciones.
Serra explicó además que el proyecto generará un impacto en la biodiversidad del área liberando 424 mil toneladas de carbono.
Otra seria amenaza es que el proyecto facilitará la proliferación de actividades ilícitas como la tala, cacería y agricultura ilegal, la penetración de buscadores de oro, cocaleros y la incursión de colonos, generando el riesgo de conflictos con los actuales habitantes.
Cabe mencionar también, según informó Serra, que este proyecto no cuenta con un estudio de factibilidad que dé cuenta de los beneficios que traería su ejecución, además de advertir sus riesgos.
“El impacto principal es en la economía del consumidor de electricidad quien se verá obligado de pagar durante los 30 años que dure el proyecto unos 1000 millones de dólares más que no es necesario pagar si el proyecto no se hace”, remarcó el especialista.
Asimismo, indicó que existen alternativas de energía para evaluar, como por ejemplo, que “el proyecto se reemplace por centrales térmicas, solares y de biomasa en la zona de Iquitos”.
“Fuera de eso hay el impacto ambiental que es por el proyecto en sí mismo, que sería más o menos un millón de toneladas deforestadas, y la invasión por los colonos que son siete millones más de toneladas deforestadas. Eso sumaría ocho millones de árboles perdidos. Esos serían los impactos más graves”. Remarcó.
Posible reactivación del proyecto
Si bien el proyecto no fue aprobado inicialmente por el MINEM, una resolución viceministerial, la N° 022-2016-MEM/VME establece que el proyecto LTMI puede aprobarse “a través de la subsanación de las observaciones de parte de la empresa Líneas de Transmisión Peruana S.A.C. por fuera del plazo previsto en la legislación”, según lo explicaron especialistas del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS).
Asimismo, desde IDLADS indicaron que el proyecto LTMI y subestaciones asociadas atravesaría las tierras de 17 comunidades nativas, las cuales tampoco han sido consultadas.
Exigen consulta previa
Frente a la magnitud de las implicancias, el 22 de agosto la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) reiteró su pedido de consulta previa a la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos del Ministerio de Energía y MInas.
De igual forma, solicitaron la suspensión del procedimiento de aprobación del EIA, ya que preexiste un proceso judicial sobre la obligación de consulta previa del proyecto, el cual se encuentra abierto.
Esta postura cuenta con el respaldo de la Defensoría del Pueblo, la cual a través de su Jefe del Programa de Pueblos Indígenas, Daniel Sánchez, indicó que “no se consultan aquellos servicios públicos que benefician a pueblos indígenas”. Sin embargo, un cambio en la normativa “ahora dice no se consulta aquellos servicios que benefician a la población”, indicó.
“En resumen, a lo que nosotros les recomendamos, ellos nos están diciendo que no pueden acatar esa recomendación y realizar un proceso de consulta porque ya la vía administrativa estaría cerrada. Un tema vinculado a derechos lo está restringiendo a una interpretación administrativista”, sentenció Sánchez.
Añadir nuevo comentario