Servindi, 30 de agosto, 2022.- El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó gran alarma por los presuntos actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua.
Urgió a las autoridades del país a actuar inmediatamente para proteger los derechos de esos colectivos y hacer rendir cuentas a quienes los han quebrantado.
El Estado debe garantizar los derechos de esos grupos de población, que han sufrido agresiones y atentados, particularmente en el territorio Mayangna Sauni As y en las regiones autónomas de la Costa Caribe.
En su evaluación sobre el país centroamericano, publicada el martes 30 de agosto, el Comité lamentó que no hubiera representantes nicaragüenses presentes durante el examen.
Asimismo, destacó que Nicaragua no parece contar con una legislación nacional que prohíba la discriminación racial en los términos de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
Pese a la Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y el Alto Wangki y Bocay, esos pueblos siguen padeciendo discriminación estructural como lo indican los índices de pobreza y la precariedad, exclusión y violencia que enfrentan.
“El Comité reitera su preocupación sobre la falta de protección explícita y reconocimiento legal de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte”.
Además, “el Comité está seriamente preocupado por los reportes que dan cuenta de una regresión por el Estado parte en la protección y respeto de los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes”.
Para remediar esta situación, instó a Nicaragua a adoptar medidas especiales o de acción afirmativa para eliminar la discriminación estructural que afecta a esas poblaciones.
Derecho al territorio
Respecto a los territorios indígenas, el Comité exhortó al país a garantizar la protección de los derechos de los pueblos originarios a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos.
Para ello, es necesario avanzar en la demarcación y titulación de esos territorios, y asegurar el reconocimiento legal y protección jurídica de los mismos.
Los expertos deploraron no conocer alguna investigación sobre los abusos contra la vida e integridad física en el Territorio Mayangna Sauni As en la zona de la Reserva de la Biosfera de Bosawás, y que pueden quedar impunes.
Además, citó las agresiones en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y solicitó al país tomar medidas urgentes para que los responsables sean enjuiciados y debidamente sancionados.
Proyectos extractivos
El Comitè también se refirió al impacto de los proyectos extractivos, agroindustriales y de infraestructura sobre los recursos naturales en las tierras de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Al respecto, destacó que la protección de los derechos humanos y la eliminación de la discriminación racial son esenciales para el desarrollo económico sostenible.
La evaluación dio cuenta de las alegaciones sobre la concesión de licencias para la explotación de recursos naturales y proyectos de desarrollo dentro de territorios indígenas sin llevar a cabo los procesos de consulta previa.
También menciona procesos basados en personas no legitimadas para representar a los pueblos afectados.
El Comité citó los casos del proyecto del Gran Canal Interoceánico, el de aguas profundas en Bluefields, el de conservación de bosques y carbono, y el del BioClima.
Todos ellos afectan al pueblo indígena Rama y a las comunidades afrodescendientes Kriol y Negra Creole Indígena de Bluefiels.
Recomendó al país realizar estudios independientes sobre los efectos sociales, ambientales y culturales antes de otorgar licencias para proyectos que involucren el desarrollo y explotación de recursos naturales en territorios indígenas o de afrodescendientes.
Asimismo, consultar debidamente a las comunidades afectadas y a incluirlas en la toma de decisiones.
Uso excesivo de la fuerza
El examen subrayó, los reportes de usos excesivo de la fuerza contra miembros de pueblos indígenas o afrodescendientes, incluyendo casos de muertes de integrantes de esas comunidades que se encontraban en detención.
Para poner fin a estos abusos, el Comité recomendó la adopción de provisiones que garanticen el respeto del principio de proporcionalidad y de estricta necesidad en el uso de la fuerza.
Para ello se debe capacitar a los agentes del orden en la utilización de mecanismos convencionales y en combate a la discriminación racial.
Acceso a la justicia
En el tema del acceso a la justicia, el Comité resaltó las alegaciones de prácticas discriminatorias persistentes contra los indígenas y afrodescendientes.
“Preocupa la información sobre violaciones a las garantías del debido proceso y a una defensa adecuada de los miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes, así como sobre la práctica de perfilamiento racial de la población afrodescendiente de la Costa Caribe en el marco de la lucha contra narcotráfico resultando en falsas acusaciones, detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial”, apuntó el Comité.
Instó a tomar las medidas para luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia en el sistema judicial como medio para salvaguardar la lucha contra la discriminación racial y el respeto de los derechos humanos.
También pidió al Estado garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la justicia, asegurando el respeto de sus derechos fundamentales y de las garantías del debido proceso.
Señaló el caso de defensores capacitados con conocimiento de las lenguas indígenas e intérpretes que puedan explicarles el contenido de los procesos judiciales cuando fuera necesario.
Enfatizó, también la importancia de velar por que, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, los agentes del orden no lleven a cabo acciones en contra de personas afrodescendientes basados en la estigmatización y perfilamiento racial.
Por otra parte, el Comité manifestó profunda preocupación por las acciones arbitrarias y represivas del gobierno para cerrar los espacios de participación y diálogo nacionales implementadas a partir del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
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