Piden que grupo de expertos independientes investigue muertes

Grupo creado con apoyo de comunidad internacional colaboraría con las investigaciones de violaciones a los derechos humanos registradas en protestas de Perú.

Servindi, 30 de marzo, 2023.- El Gobierno peruano debería considerar la creación de un Grupo de Expertos Independientes (GEI) que colabore en la investigación de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales.

Así lo recomiendan la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y organizaciones internacionales dada la “magnitud, complejidad y gravedad” de las violaciones ocurridas en Perú.

Se “requieren mecanismos extraordinarios” acompañados por la comunidad internacional para investigar y perseguir “estos graves crímenes” y “construir una mayor confianza de sus resultados”, anotan.

Según las organizaciones, esto es lo que suele ocurrir en países de la región en que se han perpetrado crímenes de máxima gravedad, que se crea un GEI para recibir acompañamiento y apoyo técnico.

Los GEI son creados por acuerdo entre la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado afectado.

Para los firmantes, no sería descabellado que el Perú evaluara esta opción, pues “existen elementos para considerar que casi medio centenar de personas murieron producto del uso indiscriminado de la fuerza”.

Además, anotan que “los compromisos internacionales del Estado peruano exigen la realización de investigaciones imparciales, diligentes y exhaustivas que esclarezcan los hechos y establezcan las responsabilidades”.

En cuanto a los beneficios, añaden que un mecanismo de este tipo, no solo puede impulsar y fortalecer el trabajo de instituciones que investigan los casos en Perú, sino coadyuvar a que las fiscalías presenten casos sólidos.

Esto podría, a su vez, ayudar a que se brinde justicia pronta a las víctimas, además de ayudar a reconstruir la confianza ciudadana en el sistema de justicia, y disipar cuestionamientos de imparcialidad.

La recomendación fue remitida a la presidenta Dina Boluarte el 29 de marzo por WOLA, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y RFK Human Rights.

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