Servindi, 30 de noviembre, 2018.- En medio de denuncias por irregularidades en la investigación y el proceso judicial, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa halló culpable a siete personas, absolvió a una y queda un juicio pendiente por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016.
Douglas Bustillo, Henry Hernández, Edilson Duarte Mesa, Elvin Rápalo Orellana, Óscar Torres, Sergio Rodríguez Orellana, directivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), empresa que construía la represa Agua Zarca a la que se oponía la defensora y Mariano Díaz Chávez fueron declarados culpables.
Por su parte, el Tribunal absolvió a Emerson Duarte, hermano del sentenciado Edilson, a quien la Fiscalía había acusado de encubrimiento. Davis Castillo Mejía, presidente de DESA y acusado de ser el autor intelectual se encuentra recluido a la espera de un juicio.
Para Erika Guevara Rosas de Amnistía Internacional, la exclusión de las víctimas del proceso por el asesinato de Cáceres y la imposición del Ministerio Público como su representante “han enturbiado el camino a la familia de la defensora para alcanzar la justicia y verdad en este caso”.
“A pesar de la existencia de una sentencia en este emblemático caso, la justicia hondureña tiene pendiente demostrar su compromiso con la verdad e identificar a todos las personas que planearon y ordenaron el asesinato de la defensora Berta Cáceres”, sostiene Guevara Rosas.
Amnistía Internacional también denunció que el hecho de que el Tribunal haya impuesto a las victimas al Ministerio Público como su representante “violó la garantía del debido proceso” ya que la institución ya había sido denunciada por la representación de las víctimas.
Asimismo, durante el avance del juicio, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organizaciones a las que pertenecen los abogados de la familia Cáceres, sufrieron ataques de estigmatización.
“Las autoridades no se han pronunciado para rechazar estos señalamientos o para respaldar la importancia de defender derechos humanos, y de esta manera, proteger de otros ataques a las y los integrantes de las referidas organizaciones”, sostiene Amnistía Internacional.
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