La Corte Interamericana ordenó al Estado ecuatoriano el retiro de 1400 kilos de explosivos mediante sentencia en 2012, pero hasta el momento permanecen distribuidos en siete hectáreas del territorio del pueblo kichwa Sarayaku.
Servindi, 29 de julio, 2021.- En el territorio del pueblo Sarayaku, en Pastaza, Ecuador, permanecen 1400 kilos de explosivos de alta peligrosidad, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) exigió su retiro hace nueve años.
La orden fue dictada en sentencia el 27 de junio de 2012, cuando el Estado ecuatoriano fue condenado por aprobar un bloque petrolero en el territorio kichwa sin la consulta previa del pueblo.
Los explosivos debían ser retirados por la empresa CGC que los colocó entre 1996 y 2003. Ante el incumplimiento, las hectáreas donde están distribuidos, anteriormente usadas para cacería y pesca, permanecen vedadas.
“Los expertos nos dijeron en su momento que esa cantidad de explosivos colocados en nuestro territorio pueden volar una ciudad del tamaño de París”, expresó la dirigente Patricia Gualinga al portal El Universo.
Peligro indefinido
Según la dirigente comunal Patricia Gualinga, especialistas indicaron que se desconoce hasta cuándo podían estar activos los explosivos o si podían seguir siendo un peligro luego de caducar en 10 o 15 años.
Alrededor de 1433 kilos de pentolitas fueron colocados entre 1996 y 2003, cuando la Compañía General de Combustibles (CGC) operaba dentro del Bloque 23, concesionado por el Estado sin el consentimiento de las comunidades originarias.
Las comunidades tuvieron que mapear las zonas densas en dinamita en el territorio para declararlas como áreas inaccesibles. “Para evitar desgracias”, explicó Gualinga al portal Mongabay Latam en una investigación de 2016.
Resultó que el área comprometida representaba el 14 % del territorio total, pues el mapeo identificó alrededor de 18 000 hectáreas afectadas por la presencia de los explosivos.
Estas zonas se ubican en la cuenca del río Oso y abarcan un espacio de selva primaria con fauna y flora abundante y básica para la supervivencia de la comunidad, reveló el portal.
Imagen: Área de Pentolita - Cortesía de Carlos Mazaban / Mongabay Latam 2016
En 2005 la CoIDH exigió el retiro de los explosivos, tras aceptar un pedido de medidas cautelares del Pueblo Sarayaku; sin embargo, dos años después el gobierno ecuatoriano solo retiró el 1 %.
Posteriormente, fue en 2012 que se reiteró la orden para el retiro de los explosivos, a partir de un juicio ganado por el Pueblo en contra del Gobierno Ecuatoriano frente a la CoIDH.
Recientemente, el portal ecuatoriano El Universo informó que los explosivos permanecen en 150 puntos distribuidos en siete hectáreas del territorio, donde además de cazar y pescar se transmitía conocimiento ancestral.
Reparaciones incumplidas
Además del retiro de explosivos, la CoIDH determinó que se consulte a Sarayaku antes de efectuar nuevos proyectos petroleros en su territorio y adoptar medidas legislativas que garanticen el derecho a la consulta previa.
Por otro lado, en 2018, el pueblo de Sarayaku declaró su territorio como Kawsak Sacha, que significa Selva Viviente, para destacarlo como ser vivo-consciente y salvaguardar su integridad territorial.
Esto consiste en cumplir los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución ecuatoriana, lo que implica rechazar todo tipo de actividad extractiva, ya sea por petróleo minería o deforestación.
No obstante, Gualinga resalta que todo ello se ha cumplido de manera parcial y que el interés del Estado de explotar prosigue.
En 2016, la Corte Interamericana realizó una audiencia para supervisar la orden dictada en 2012, donde evidenció el incumplimiento del retiro de explosivos y de las otras medidas reparatorias exigidas.
Ante ello, el pueblo presentó una demanda contra el Estado por incumplir la sentencia, ante la Corte Constitucional (CC); sin embargo, no hay respuesta hasta el momento pese a la admisión del caso.
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