Servindi, 27 de noviembre, 2017.- La maniobra política del fujimorismo en el Congreso de la República para inhabilitar y destituir al Fiscal de la Nación y a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional recibió rechazo internacional por organismo especializados en la vigilancia de los derechos humanos.
El pronunciamiento colectivo es suscrito por influyentes instituciones como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Robert F. Kennedy Human Rights, entre otros,
Indican que las acciones emprendidas por la bancada de Fuera Popular, de filiación fujimorista, tienen un propósito de represalia por las investigaciones que en cumplimiento de su labor han realizado las autoridades judiciales para luchar contra la corrupción y la impunidad por graves violaciones a derechos humanos.
"Los juicios políticos impulsados por el partido político “Fuerza Popular”, en la actualidad con mayoría parlamentaria en el Congreso peruano, son una muestra de la indebida utilización de mecanismos de control político para afectar la independencia y autonomía de los órganos de justicia", sentencia el pronunciamiento.
"La inusual celeridad parlamentaria de estos juicios políticos y la ausencia de válidos argumentos fácticos o jurídicos que los sustenten, constituyen un grave peligro contra la independencia y autonomía de las instituciones de justicia en el Perú y ponen en riesgo el equilibrio de poderes que caracteriza a los sistemas democráticos" prosigue el conunicado.
Cabe destacar que una encuesta realizada por la empresa FFK publicado por el diario La República el domingo 26 de noviembre señala que el 68 por ciento de peruano cree que el fujimorismo abusa de su mayoría y el 70 por ciento considera que la acusación contra el Fiscal de la Nación se debe a su labor de investigar a personas del entorno fujimorista.
A continuación el pronunciamiento completo de los organismos internacionales:
Organizaciones internacionales rechazan juicios políticos contra Fiscal de la Nación y magistrados del TCLas organizaciones internacionales de sociedad civil que subscriben el presente comunicado, condenan los actuales juicios políticos que se vienen tramitando en el Congreso de la República del Perú, con el objeto de inhabilitar y destituir al Fiscal de la Nación y a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, en clara represalia por sus decisiones y acciones adoptadas -de manera autónoma e independiente- en el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad por graves violaciones a derechos humanos. Los juicios políticos impulsados por el partido político “Fuerza Popular”, en la actualidad con mayoría parlamentaria en el Congreso peruano, son una muestra de la indebida utilización de mecanismos de control político para afectar la independencia y autonomía de los órganos de justicia. A los magistrados del Tribunal Constitucional, se les pretende destituir por haber adoptado una decisión judicial que favorece el cumplimiento –por parte del Estado peruano- de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durand y Ugarte vs. Perú, que, entre otras obligaciones internacionales, dispone que el Estado peruano debe investigar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos perpetradas en el año 1986 en el entonces Centro Penitenciario “El Frontón”. Por su parte, el juicio político contra el Fiscal de la Nación coincide con el inicio de las investigaciones sobre el origen del financiamiento de la campaña electoral de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular e hija del ex Presidente Alberto Fujimori, hoy condenado y detenido por graves violaciones de derechos humanos y corrupción. Ambos juicios políticos se producen cuando en el Perú se sigue debatiendo la posibilidad de que el actual Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, indulte al ex Presidente Fujimori, lider histórico de Fuerza Popular. La inusual celeridad parlamentaria de estos juicios políticos y la ausencia de válidos argumentos fácticos o jurídicos que los sustenten, constituyen un grave peligro contra la independencia y autonomía de las instituciones de justicia en el Perú y ponen en riesgo el equilibrio de poderes que caracteriza a los sistemas democráticos, pudiendo dar paso a un escenario en que el poder político es utilizado para garantizar impunidad en temas de corrupción y graves violaciones a derechos humanos. Cabe recordar que en el año 2001, el Estado peruano ya fue condenado internacionalmente por actuaciones similares, en la sentencia del caso Tribunal Constitucional vs. Perú, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se originó en la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Congreso de la República, en ese entonces también dominado por una mayoría parlamentaria fujimorista. Por otro lado, frente al fuerte rechazo nacional e internacional que han generado estos juicios políticos, resulta preocupante el silencio de las autoridades del actual gobierno peruano, que ante la comunidad internacional han asumido un compromiso público con la lucha anticorrupción, al ser el Perú la sede de la próxima Cumbre de las Américas dedicada precisamente a este tema. En este contexto, las organizaciones firmantes exhortamos al Congreso de la República del Perú, a respetar la independencia y autonomía del Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, así como las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la vez, urgimos al Presidente de la República del Perú, a honrar su compromiso internacional con la lucha anticorrupción y, en coherencia con ello, condenar la utilización de mecanismos de control político para afectar la independencia y autonomía de altas autoridades del sistema de justicia peruano que investigan este tipo de casos. Organizaciones firmantes
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