Mincul afirma que normativa actual no lo permite. Propuesta expone la desinformación que existe en gobiernos regionales sobre los PIACI, según expertos.
Servindi, 27 de mayo, 2023.- El gobernador regional de Loreto, René Chávez Silvano, no puede usar aviones no tripulados, conocidos como drones, para comprobar la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), tal como lo propuso recientemente.
Así lo aseguró el Ministerio de Cultura, a través de su directora PIACI, Maria Amelia Trigoso, quien señaló que la actual normativa no le permite realizar dicha intervención a ningún gobierno regional.
Expertos afirman que la propuesta expone la desinformación latente en los gobiernos regionales sobre los PIACI, ya que desde hace 40 años existe una metodología seria y compleja para determinar la existencia de estos pueblos.
La propuesta del gobernador de Loreto va en línea con un sector empresarial, que aliado con el Congreso y grupos negacionistas, busca desconocer la existencia de los PIACI para seguir extrayendo crudo y madera en sus territorios.
Propuesta inviable
Fue el lunes 22 de mayo durante el I Fórum de alcaldes y autoridades de Loreto que el gobernador René Chávez comunicó su interés por sobrevolar los territorios PIACI a fin de comprobar su existencia.
“Nosotros, como gobierno regional, no tenemos ningún problema en poder, para el próximo año, comprar un avión no tripulado y determinar dónde realmente hay personas no contactadas”, dijo.
En ese mismo evento, organizado por la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL) —grupo que niega la existencia de los PIACI—, Chávez aseguró que en su región no existían los no contactados y que las reservas indígenas eran una “traba” para el desarrollo.
“No podemos detener el desarrollo (…) Debemos escuchar a los que viven en ese punto, en ese distrito, en esa provincia; son los principales actores para determinar si se va a poner una reserva PIACI o no”, refirió.
Gobernador de Loreto, René Chávez, durante el fórum organizado sobre PIACI en su región. Foto: Gobierno Regional de Loreto
Según el gobernador, su propuesta ya la había hecho llegar a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, por lo que Servindi buscó una respuesta por parte de este ministerio (Mincul), que tiene la rectoría en materia PIACI.
La respuesta llegó el jueves 25 de mayo durante un evento organizado por el Mincul en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre los PIACI y la importancia de su protección.
En el encuentro, Maria Amelia Trigoso, responsable de la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (DACI), señaló que el Gobierno Regional de Loreto no está habilitado para enviar drones a los territorios PIACI.
“No lo puede hacer porque simplemente la ley no se lo permite, ni al gobierno regional ni al Ministerio de Cultura porque no está normado y porque priorizamos y ponemos por delante el principio de no contacto”, dijo.
La funcionaria añadió que existe la necesidad de llegar con “información veraz y pertinente” al gobernador y se limitó a brindar mayor opinión al respecto señalando que el Mincul evaluará pronunciarse.
Metodología PIACI
Quienes sí han optado por pronunciarse para este informe son los expertos que conocen de cerca la metodología de investigación que se aplica para determinar la existencia de los PIACI, vigente desde hace 40 años.
Según ellos, se trata de una metodología “muy seria” y “compleja” porque puede tomar años en aplicarse, lo cual dista mucho de la propuesta del gobernador de enviar drones para resolver el asunto.
Esta metodología es aplicada en el marco de la Ley PIACI (Ley 28736) que establece el procedimiento a seguir para determinar la existencia de pueblos en aislamiento y en contacto inicial y la creación de reservas.
Según esta ley, el procedimiento inicia con la revisión, por parte de una Comisión Multisectorial liderada por el Mincul, de los estudios iniciales que presenta la parte que solicita la creación de una nueva reserva.
Dicha comisión, está integrada por ocho entidades estatales y representantes de gobiernos regionales y locales, de universidades con facultad o especialidad en Antropología (pública y privada) y de organizaciones indígenas.
Solo si la comisión emite una opinión favorable sobre la solicitud inicial, se procede con los siguientes estudios: el Estudio Previo de Reconocimiento (EPR) y el Estudio Adicional de Categorización (EAC).
Estos estudios implican la aplicación de la metodología que permitirá determinar la existencia de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial y, por consiguiente, de la necesidad de crear una reserva o no.
“Esta metodología se empezó a aplicar desde el año 90, para los trabajos que conllevaron a la creación de la reserva Kugapakori Nahua Nanti, y se ha ido perfeccionando a lo largo de los años”, dice Beatriz Huertas.
Huertas es antropóloga de la Organización Regional Indígena del Oriente (Orpio), organización que junto a Aidesep promueve desde el inicio el establecimiento de reservas indígenas en Perú.
Según la especialista, esta metodología “tiene como principio respetar el derecho de estos pueblos a permanecer en aislamiento” (el principio de no contacto), y está basada en una serie de estudios.
Los estudios aplican un enfoque interdisciplinario, entre la antropología, la etnografía y otros, y van desde la realización de entrevistas a personas que han visto indígenas aislados o formaron parte de estos pueblos, hasta análisis en campo para comprender la dinámica de sus desplazamientos.
“Esto es muy serio. Los estudios demoran años en realizarse. Decir que con avioncitos se puede determinar la existencia de estos pueblos es absurdo, es una idea realmente muy descabellada”, opina Huertas.
Óscar Espinoza, antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y quien representa a las universidades privadas en la Comisión Multisectorial de la Ley PIACI, también defiende esta metodología.
“La metodología no es un invento del Mincul. Responde a estándares internacionales ya que esto se trata de derechos humanos. Y es importante resaltarlo porque los derechos económicos están supeditados a los derechos humanos”, señala.
En la misma línea opina el antropólogo y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Danny Pinedo, representante de las universidades públicas en la Comisión Multisectorial.
“Esto no se trata de ciencia, sino de proteger derechos humanos. Al pretender modificar la Ley PIACI se está cuestionando esta metodología rigurosa que finalmente protege la vida de esta población”, apunta
.
Panel de expertos que se reunió en San Marcos para abordar amenazas contra los PIACI. Al extremo izquierdo, Óscar Espinoza; penúltimo Danny Pinedo y al extremo derecho, la directora DACI, Maria Amelia Trigoso. Foto: Mincul
Interés empresarial
Como se sabe, actualmente en el Congreso existe un proyecto de ley (PL 3518) presentado por el congresista fujimorista Jorge Morante que busca modificar la Ley PIACI, vigente desde hace 17 años.
El proyecto pretende recortar las facultades del Mincul en materia PIACI para delegar a los gobiernos regionales la responsabilidad de establecer o revocar la creación de reservas indígenas.
El Mincul, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones indígenas han expresado su amplio rechazo a esta iniciativa que pretende ser aprobada en el Congreso sin la opinión de los pueblos indígenas.
El proyecto se presentó en noviembre de 2022 en un contexto de constantes ataques contra los PIACI, promovido por empresarios y grupos negacionistas, con intereses en explotar sus territorios.
Precisamente, un reciente informe del semanario independiente “Hildebrandt en sus trece” expone con claridad los intereses de las empresas petroleras Perenco y PVEP detrás de los cambios que plantea la iniciativa.
En 2022, Perenco paralizó sus operaciones en dos lotes petroleros ubicados en la zona solicitada como reserva “Napo-Tigre”, luego de que el Estado reconociera que ahí existen pueblos en aislamiento.
Desde entonces, junto con su socia vietnamita PVEP, han realizado diversas acciones para intentar seguir operando, pese a que públicamente anunciaron que abandonarían los pozos.
Reportaje publicado por Hildebrandt en sus trece expone los intereses detrás del proyecto para modificar la Ley PIACI.
Se han reunido con ministra del sector Energía (octubre 2022) para tratar su afectación ante estos hechos y presentaron una acción de amparo para anular el proceso de reconocimiento de los indígenas en Napo-Tigre.
La demanda fue retirada por la empresa el 3 de noviembre de 2022 y, coincidentemente, una semana después Jorge Morante presentó el proyecto de ley para modificar la Ley PIACI.
Su proyecto es defendido férreamente por grupos como la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL), liderado por Christian Pinasco, condenado a prisión suspendida e integrado por empresarios fujimoristas.
A la par de estos hechos, Perenco y PVEP no han descuidado sus vínculos con funcionarios de alto nivel y en febrero, el CEO de la segunda compañía se reunió con el titular de Energía y Minas, Óscar Vera.
En la reunión, Tran Hong Nam expresó sus “inquietudes” por la paralización de los lotes en Napo-Tigre, a lo que el ministro respondió que “tenga la confianza de que esto se revertirá a favor de la industria”.
Así las cosas, todo apunta a que las declaraciones del gobernador de Loreto, desconociendo la existencia de los PIACI y alegando a una supuesta “traba” para el desarrollo, va en línea con el mismo objetivo.
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