No podemos retroceder con lo avanzado en transparencia y acceso a la información fue el consenso arribado en el taller de capacitación: "Acceso a la información y transparencia en el sector extractivo peruano” organizado por la asociación DAR y que fue altamento provechoso y rico en información como lo mostramos en el siguiente informe.
Servindi, 29 de enero, 2017.- Tras la publicación del Decreto Legislativo N° 1353, una de las preocupaciones de sociedad civil es la modificación de la institucionalidad en transparencia y acceso a la información alcanzada en 14 años tras la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley N° 27806).
Y es que la nueva norma crea una supuesta “Autoridad para la Transparencia” cuando en realidad es una dirección dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), sin el nivel requerido ni la capacidad para poder fiscalizar, sancionar y dirigir la política de transparencia en el Estado.
Asimismo, preocupa la extensión de 7 a 10 días hábiles para la entrega de la información en copias simples, lo que resulta en la práctica en dos semanas considerando los días hábiles.
Un estudio elaborado por la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) muestra que había un avance en dicho aspecto. Excepto los gobiernos regionales, 31 organismos vinculados al sector extractivo y al cambio climático cumplían en promedio en responder en 5 días hábiles con los pedidos de información.
Por ello, DAR invitó a funcionarios del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), para que compartan sus experiencias y buenas prácticas en transparencia y acceso a la información.
La ocasión propició el “Taller de capacitación: Acceso a la información y transparencia en el sector extractivo peruano” que confirmó que el nuevo decreto amenaza con retroceder no solo el marco de la Ley de Transparencia vigente sino también la práctica institucional en curso..
El DL N° 1353 y el panorama del acceso a la información
Los representantes del Senace, Oefa y ANA manifestaron que –si bien están a la espera del reglamento– su posición frente al nuevo decreto legislativo es atender al ciudadano en el mínimo plazo. “Nuestro reto es siempre tratar de alcanzar la información en un máximo de 3 a 4 días”, comentó Natali Wong de la Oefa.
Victoría Echeandía del Senace agregó: “no podemos retroceder en el avance del acceso a la información". "Estamos para servir al ciudadano y si tengo la información que necesita, se la tengo que dar a la brevedad” finalizó Jenny Huamán del ANA.
Los datos
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El riesgo del secretismo
Otro aspecto que preocupa es la elaboración de lineamientos –entre cada sector y la “Autoridad” de Transparencia– para clasificar la información secreta, reservada y confidencial.
“La Constitución y la ley de transparencia ya establecen las características para ello. Pero lo estipulado en el Decreto Legislativo puede restringir el derecho de los ciudadanos”, sentenció David Álamo del Consejo de la Prensa Peruana.
Aída Gamboa de DAR agregó que la dirección al interior del Minjus y el Tribunal de Transparencia, que también crea dicho Decreto, tampoco tendrían potestad en la información que se clasifique.
Gamboa agregó que a pesar de incluir a la sociedad civil al interior del grupo de expertos instalado por el Gobierno para elaborar una propuesta para crear una autoridad autónoma que respalde el derecho de acceso a la información, sus recomendaciones no fueron tomadas en cuenta.
“Sociedad civil demandó un ente con autonomía técnica, presupuestal y administrativa”, pero el Ejecutivo no lo recogió, sostuvo Gamboa.
Promoción de la transparencia: ¿Cómo andamos?
En el taller también se presentaron los hallazgos del monitoreo de DAR a las instituciones vinculadas sector extractivo y al cambio climático durante 2013 a 2015.
Se observó que existe un avance en la publicación de información en los portales de transparencia estándar (PTE), de 56% a 91% en el promedio de cumplimiento en las instituciones vinculadas directamente al sector minería y energía. En entidades de vinculación indirecta el porcentaje fue de 65% a 96%.
Aída Gamboa precisó que la información es solo la mínima obligatoria por Ley, por lo que aún existen demandas de información socio-ambiental que deben ser cubiertas por las instituciones.
El taller sirvió además para conocer los retos en iniciativas en los que el país participa como la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y las negociaciones para un Acuerdo Regional del Principio 10. que busca incorporar indicadores para mayor información socio-ambiental.
El análisis de DAR evidencia la necesidad de brindar mayor capacitación y presupuesto para las áreas encargadas de atender las solicitudes de acceso a la información y actualizar los PTE. Asimismo, un tema pendiente es articular esfuerzos por brindar información con enfoque intercultural a poblaciones vulnerables.
El taller sirvió además para conocer los retos en iniciativas en los que el país participa como la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, en inglés), la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, en inglés) y las negociaciones para un Acuerdo Regional del Principio 10. que busca incorporar indicadores para mayor información socio-ambiental.
Experiencias desde el sector público
En los cuatro años que DAR analiza transparencia en el sector extractivo se han elaborado recomendaciones para mejorar los instrumentos de acceso a información a los diversos sectores del gobierno vinculados con las industrias extractivas.
En tal sentido el evento fue una oportunidad para compartir sus iniciativas como la implementación de aplicativos móviles, información en “open data”, repositorio de información, entre otras.
Tanto el Oefa como el Senace cuentan con un aplicativo para teléfonos móviles. En el caso del Oefa su uso es para presentar solicitudes de acceso a información. En caso del Senace contiene mapa de proyectos y resúmenes ejecutivos, calendario de talleres y audiencias, registro de consultoras ambientales, resoluciones de la entidad y módulos en línea de atención al ciudadano.
La representante del Oefa añadió que se han establecido veinte acciones para fortalecer la transparencia en su institución, de las cuales once ya se han ejecutado en 2016 y nueve se concretarían este año, como los videos tutoriales, el chat virtual, la web en idiomas nativos, etc.
Destaca la implementación de un repositorio virtual para finales de marzo, que contendría principalmente, informes de monitoreo y evaluación ambiental, actas de supervisión directa, reportes públicos de supervisión, instrumentos de gestión ambiental y procedimientos administrativos sancionadores.
En cuanto a Senace, contará con un portal con información de gestión ambiental y que se presentaría en los próximos días, según anunció Alex León del Senace.
El ANA no se queda atrás y viene trabajando –con la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos– en un aplicativo para las solicitudes ingresadas virtualmente, y cuenta con información institucional disponible y sin mayor trámite a través del Portal del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos y el Observatorio Nacional de Sequías.
En materia de gobierno abierto, Sergio Castro de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) presentó la Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales que incluye la construcción del Portal Nacional de Datos Abiertos del Perú, el cual será lanzado próximamente.
En el caso del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rolf Pérez explicó los avances del EITI, como la conformación de espacios subnacionales en Arequipa, Cusco, Loreto, Piura y Moquegua.
Información socio-ambiental en el EITI
Juan José Ccoyllo, desde el lado de la sociedad civil en el EITI, pidió que los informes de los EITI de Moquegua y Piura deben incorporar otros actores relevantes como las municipalidades y universidades públicas.
De otro lado Vanessa Cueto, presidenta de DAR, evidenció la necesidad de acelerar el pedido de sociedad civil para incluir en los informes EITI los pagos ambientales y el gasto social de las empresas, debiéndose reflejar en el Plan de Trabajo 2017-2018 de la Comisión Nacional EITI-Perú.
En conclusión, el evento, desarrollado el 19 de enero de 2017 fue altamento provechoso y rico en información. Este fue organizado por DAR y fue posible gracias al apoyo de Open Society Foundations y convocó a funcionarios y representantes de instituciones de la sociedad civil.
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