Servindi, 26 de octubre, 2018.- La Defensoría del Pueblo recomendó al Estado peruano garantizar la inmediata atención de la salud de los ciudadanos indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira, en el departamento de Loreto.
Ellos se encuentran en una situación de riesgo por exposición a metales pesados, agravada por los constantes derrames de petróleo y la postergación del inicio de las acciones de remediación ambiental.
En un reciente informe, advierte que, a más de tres años de suscritos acuerdos entre el Estado y organizaciones indígenas para atender los problemas de salud ocasionados por la explotación de hidrocarburos, no se ha podido garantizar su implementación en todos sus términos.
Ello continúa vulnerando, entre otros derechos, el derecho a la salud de esta población.
Imagen: Portada del Informe (hacer clic en la imagen para descargar el documento)
El documento advierte que, hasta la fecha, no ha elaborado un plan de atención de salud específico para el diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas.
Ello a pesar que el estudio toxicológico y epidemiológico elaborado por CENSOPAS, alrededor del 30% de la población muestreada tiene presencia de arsénico y mercurio por encima de los niveles permitidos.
Tambien registran bario, plomo y cadmio en aproximadamente el 10% de la misma.
Asimismo, se identificó que el 10% de la población del río Corrientes se encuentra expuesta a hidrocarburos.
La Defensoría evidencia demoras en la instalación de canales de participación ciudadana, que dificultan la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación por las organizaciones indígenas sobre la implementación de los acuerdos.
Ello limita sus derechos a la información y participación, así como su capacidad de incidir en las decisiones sobre los servicios que reciben, advertir irregularidades y contribuir en la toma de medidas correctivas.
Los hallazgos evidencian serias deficiencias y retrasos para cautelar el derecho a la salud de los ciudadanos que habitan en la zona.
La Defensoría pidió a la Contraloría General supervisar la ejecución del presupuesto para implementar los acuerdos con los pueblos indígenas del ámbito de influencia de los lotes 192 y 8.
La finaliadas es proteger sus derechos, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y, de corresponder, adoptar los correctivos pertinentes.
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