Entrar a OCDE implica un mayor compromiso privado con el ambiente

Las directrices de la OCDE en su enfoque ambiental implican que las actividades económicas adopten medidas para prevenir impacto sobre el medio ambiente. Esto contraería un mayor compromiso desde el sector privado. ¿Está preparado el Perú para esto?

Por José Carlos Díaz Zanelli

Servindi, 24 de marzo, 2017.- Como es bien sabido, desde hace varios años la clase política peruana se viene esforzando por incluir al Perú como uno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), conocida también como “el club de los países ricos”.

En aras de este objetivo se establecieron una serie de metas económicas que se han ido cumpliendo, no obstante un enfoque ha sido ignorado por los recientes gobiernos peruanos: el medio ambiente. Y es que la pertenencia a la OCDE implica la ejecución de una serie de directrices medioambientales que aún no tienen precedentes en el Perú.

Un primer paso en este ámbito se dio entre los años 2014 y 2016 en que la OCDE realizó en Perú la primera Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA). En este trámite se estudiaron 10 años de políticas ambientales en el país y el órgano internacional emitió 96 conclusiones, así como 66 recomendaciones.

Si las autoridades políticas desean cumplir con la ansiada meta de integrar la OCDE, tienen hasta el 2021 para cumplir con cada una de las 66 recomendaciones, las mismas que plantean metas intersectoriales y compromisos de parte del sector privado.

¿Mayor compromiso privado?

Para entender cuál es la postura de este órgano internacional frente al medio ambiente y las actividades económicas, existe un documento titulado “El Medio Ambiente y las Directrices de la OCDE para empresas Multinacionales”. En este archivo se plantean los lineamientos y estrategias para establecer un crecimiento económico sostenible, según la visión de la OCDE.

Para este organismo, el crecimiento económico sostenible parte por el compromiso del sector privado. Es decir, el asumir desde la actividad económica una responsabilidad frente al medio ambiente y el impacto sobre las comunidades.

Las Directrices parten de la premisa de que las empresas deben adoptar medidas lo antes posible y de una forma pro-activa para evitar, por ejemplo, los daños graves o irreversibles al medio ambiente relacionados con sus actividades, reza el documento.

Estos lineamientos implicarán, sin duda alguna, modificar la relación entre el Estado y el sector privado. Sin embargo, son pasos necesarios en aras del anhelo de la clase política peruana: formar parte del “club de los países ricos”.