Comunidad indígena pemón San Luis de Morichal, en Venezuela, acordó “tomar las acciones y medidas necesarias” para evitar el inicio de trabajos mineros en sus tierras.
Servindi, 24 de febrero, 2021.- La comunidad indígena pemón San Luis de Morichal, situada en el municipio Sifontes del estado Bolívar, en Venezuela, se declaró en emergencia ante la incursión de mineros ilegales en su territorio.
La decisión fue plasmada en un acta difundida el 22 de febrero, donde califican a la reciente ocupación como una “flagrante invasión y violación de los derechos originarios a las tierras comunitarias”.
Ante esta amenaza, y luego de no haber recibido una respuesta por parte del Estado, indicaron que buscarán retomar el control de sus tierras haciéndole frente a los invasores.
La invasión
Los primeros indicios de penetración del grupo ilegal empezaron a registrarse el 2 de enero de 2021 cuando invadieron el sitio de El Chiwao, río Chicanan, ubicado a 1 kilómetro de la comunidad.
Según un reporte del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía “Wataniba”, de Venezuela, la invasión propiamente a la comunidad San Luis de Morichal se produjo el 7 de febrero.
El grupo que ingresó es “un mal llamado sindicato minero —que actúa al margen de la ley y que en la actualidad ostenta el poder sobre las minas en el Estado Bolívar—“, indican.
El 7 de febrero un mal llamado sindicato minero - que actúa al margen de la ley y que en la actualidad ostenta el poder sobre las #minas en el #EstadoBolívar- invadió la comunidad #Pemón buscando apoderarse de las minas.#sosasector4Kuyuni #sosamazonia #invasion #pueblosindigenas pic.twitter.com/CQ5WEXSw2s
— WATANIBA (@Wataniba_ve) February 9, 2021
Los reportes locales señalan que se trata de un grupo armado irregular que invade los territorios indígenas y los usa para ejercer la minería ilegal.
La zona que fue ilegalmente ocupada en la comunidad comprende las minas Chiwao, Mochila, Pistón y Clarita de Uroy, situadas en las cuencas del río Chicanan, afluente del río Cuyuní.
El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), señala que esa zona es “un enorme e importante cauce de agua en el que Nicolás Maduro autorizó la minería fluvial en abril pasado”.
Este hecho, sumado a la inacción del Estado, explicaría por qué los indígenas de la zona sospechan que el grupo invasor mantiene una complicidad con algunos funcionarios del gobierno.
Comunidad en emergencia
Frente a esta situación, los habitantes de la comunidad indígena pemón San Luis de Morichal decidieron reunirse en una asamblea el domingo 21 de febrero.
Allí, tras analizar los hechos recientes, acordaron declarar en emergencia la comunidad, ejerciendo el derecho que les asiste de proteger el hábitat y sus tierras.
Esto, ante “la inminente amenaza de los invasores de iniciar las labores de minería en el sitio del Chiwao, tal como un grupo de ellos ya lo está haciendo en algunos puntos”, sostuvieron.
El acuerdo fue plasmado en un acta en el que también establecieron “tomar las acciones y medidas necesarias para frenar cualquier intento de los invasores de iniciar trabajos de minería en sus tierras”.
Asimismo, exigieron a la administración de Maduro cumplir con el acuerdo firmado con las autoridades de la comunidad el 10 de febrero de este año.
Este acuerdo comprometía al Estado a ejercer acciones para impedir la consolidación de la ocupación del territorio pemón y la instalación de campamentos mineros en la zona.
Invasión de mineros ielgales a la comunidad indígena se produjo el 7 de febrero.
Hechos no son recientes
En un reporte, la organización Provea recordó recientemente que la presencia de agrupaciones irregulares armadas en comunidades de los estados de Amazonas y Bolívar han sido denunciadas desde el 2013.
En octubre de 2017, líderes indígenas de la región denunciaron que cinco indígenas habían sido asesinados entre 2016-2017 por grupos armados vinculados a la minería ilegal en el estado Bolívar.
Esta situación se no ha cesado y, según la organización, no cesará hasta que las autoridades venezolanas deje de imponer medidas que afecten a los derechos de los pueblos indígenas.
Mientras persista “la ausencia institucional y democrática del Estado, y se consoliden las estructuras criminales que disputan el territorio, estas comunidades seguirán amenazadas”, indicaron.
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Lea a continuación la transcripción del acta completa de la comunidad indígena:
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