Servindi, 23 de setiembre, 2021.- La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) interpuso el jueves 23 de setiembre dos acciones legales para hacer justicia frente a empresas contaminantes que vulneran derechos humanos y contribuyen al cambio climático.
Las acciones se presentaron en Chile y Colombia junto a sus organismos miembros firmantes Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR) de Colombia y el Observatorio Ciudadano de Chile.
En Chile se interpuso una acción de amparo contra la empresa AES Gener por la contaminación causada por la operación de centrales eléctricas de carbón, lo que incluye intoxicaciones masivas de la población.
El Estado chileno tiene una permisividad ante la situación y las autoridades ambientales se muestran incapaces de fiscalizar las emisiones. "Por esto hemos decidido recurrir a los tribunales como última instancia" dijo José Aylwin, del Observatorio Ciudadano.
La acción fue presentada por el Observatorio Ciudadano junto a la Fundación Terram, con el apoyo de la organización local Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia.
La otra acción presentada en Colombia pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares por el riesgo de daños irreparables causados por el desvío del arroyo Bruno.
El propósito es explotarlo para permitir la expansión de la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina: Carbones del Cerrejón, de las multinacionales mineras Anglo American, Glencore y BHP.
La operación pone en grave riesgo la supervivencia de los pueblos étnicos de la zona y amenaza destruir el frágil ecosistema de bosque seco tropical, en un contexto de crisis hídrica y climática.
La acción fue presentada por CAJAR junto a un grupo de comunidades locales.
Nos vemos en la Corte
Las acciones se efectúan como parte de la campaña #NosVemosEnLaCorte (#SeeYouInCourt) que inicia una serie de acciones para denunciar las prácticas nocivas de empresas.
La campaña contempla otras acciones en varios continentes e incluye casos que impiden a decenas de miles de comunidades vivir en un entorno sano, seguro, limpio y sostenible. .
No es de sorprender que las primeras demandas ocurran en Sudamérica debido a las enormes desigualdades de la región y a la histórica legitimación de prácticas y políticas que denostan a las comunidades.
Una nota informativa de la campaña denuncia que en la región es usual que se anteponga el lucro empresarial particular por encima del bienestar social y ambiental.
Si bien la campaña se centra en las empresas, los Estados tienen frecuente responsabilidad al propiciar, defender o hacer la vista gorda ante atropellos e injusticias cometidos por las empresas.
Cabe destacafr que el lanzamiento de la campaña llega en un momento de debates decisivos en los organismos internacionales –Naciones Unidas y la COP26– sobre la crisis climática y ambiental.
Es una forma de participar en los plazos decisivos que marcarán el final de 2021, y de influir en los debates, indica la FIDH.
"La plata no lo puede todo. La naturaleza es invaluable y su destrucción causa daños perpetuos e irreparables" dijo Luis Misael Socarras Ipuana, defensor de derechos humanos y líder de comunidades Wayuu de la Guajira, en Colombia.
"Defenderla [la naturaleza] es denunciar los impactos sociales, económicos y espirituales que las empresas han causado mediante su destrucción, poniendo en riesgo la pervivencia de nuestro pueblo", agregó Socarras.
Respaldo a nuevas acciones
Para respaldar la multiplicación de acciones judiciales contra las empresas contaminantes, la FIDH invita al público en general a participar en el financiamiento de nuevas acciones.
Mediante la multiplicación de acciones legales se busca obtener reparación y avanzar en la lucha internacional por el reconocimiento del derecho a vivir en un ambiente sano.
"Proteger el planeta y luchar contra la crisis climática son dos de los mayores retos de nuestro tiempo" declaró Alice Mogwe, presidenta de la FIDH.
Alice Mogwe (Botswana), presidenta de la FIDH.
"Los Estados deben escuchar las demandas de las comunidades para que el derecho humano a un medio ambiente sano sea reconocido y se regule a las empresas por los impactos de sus operaciones", declaró Mogwe.
Las comunidades locales no son víctimas pasivas: desempeñan un papel único en la protección de sus derechos y su territorio frente a daños que en última instancia son susceptibles de afectar a toda la población.
La FIDH las acompaña en los litigios y amplifica su voz, silenciada por siglos. La indignación de estas comunidades hace eco de la de todo el planeta ante la destrucción del medio ambiente.
Las catástrofes medioambientales, el cambio climático, los conflictos por los recursos naturales y el agotamiento de los alimentos tienen consecuencias directas para el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda y, en general, el derecho a una vida digna.
Por ello, la FIDH está firmemente comprometida con el reconocimiento y la defensa del derecho a un medio ambiente sano como un "nuevo" derecho humano por derecho propio.
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