Por Robinson Olivera
4 de bril, 2017.- Como un fenómeno de la naturaleza relacionado con la injerencia humana a partir de la alteración del espacio natural y social, se trata de un fenómeno impredecible que, preconcebido y esperado, se ha tornado en una especie de “crónica de una muerte anunciada”, cuyos antecedentes ya se manifestaban desde el año pasado.
El desastre actual se evidencia en lluvias con fuertes precipitaciones que han generado un sinnúmero de derrumbes, inundaciones y huaicos que afectan directamente en zonas rurales y urbanas del país, donde claramente, se percibe que este fenómeno natural ha impactado todo lo que se encuentra a lo largo de su recorrido, mejor dicho lo que se atraviesa en su curso incontenible: pobladores, cultivos, caminos, viviendas, edificios e infraestructura en general. De allí que las pérdidas humanas y materiales están a la orden del día, pues no se puede contabilizar la magnitud final de esos daños, ya que aún no ha terminado. Contrariamente, está empezando.
El problema central parece apuntar hacia la planificación, como un eje fundamental en la relación ser humano - naturaleza y ser humano – sociedad, puesto que se refiere a la construcción del espacio y su respectiva configuración social en el marco de un proceso en el tiempo con una dimensión sociocultural, sociopolítica y socioeconómica.
La planificación no es algo que se comprenda como un fin en sí mismo, como si fuese un instrumento mágico cosificado; es un recurso con una mediación política que puede encaminar el resultado de un proceso de gestión colectiva, el cual se supone debe ser consultada, concebida, negociada y consensuada en el mejor de los casos entre sujetos participantes en un espacio y tiempo determinado. Consecuentemente, dicho proceso contempla la realización del diagnóstico, la formulación, la ejecución y la evaluación del plan, programa o proyecto de interés en cuestión según los procedimientos establecidos en cada uno de esos pasos a seguir.
Esa responsabilidad debe ser asumida, construida y compartida por la sociedad civil (sociedad) y la sociedad política (estado) desde un enfoque de derechos, equidad, género, diversidad, inclusión, interculturalidad y medio ambiente, y de cara a un escenario de transparencia y rendición de cuentas a toda la ciudadanía, de manera especial a su población meta.
Un componente del proceso se refiere entonces a la planificación territorial que vislumbra la organización y el ordenamiento del espacio o del territorio de su población, razón por la que se denomina ordenamiento territorial. Una gestión de esta naturaleza sería impensable al margen de la definición de un plan nacional de desarrollo con sus respectivas políticas públicas, institucionales e interinstitucionales, sectoriales e intersectoriales, las cuales deben establecer procedimientos, mecanismos y viabilidades en concordancia con el orden jurídico y los recursos humanos y materiales disponibles a nivel nacional.
De modo que las posibilidades de un ordenamiento territorial en el marco de la planificación conlleva necesariamente una interpelación de sus diversos actores, entre los cuales están las poblaciones vulnerables, más aún las que se encuentran en situaciones de riesgo, a fin de visualizar conjuntamente la gestión de un espacio adecuado y, simultáneamente, garantizar la dotación de equipamiento social deseable en la construcción de la ciudad en el ámbito rural o urbano según sean sus características particulares en cualquiera de las regiones del país.
El problema no se debería consignar ni reclamar a “la” institución ni a “una sola” institución, como entes abstractos del estado, sino a quienes tienen la responsabilidad inmediata por parte del gobierno central en su calidad de interlocutores técnicos y políticos del Estado, en otras palabras, autoridades y funcionarios públicos del poder ejecutivo que han asumido esas responsabilidades en materia de gestión inter institucional y sectorial según sus prioridades estratégicas, las cuales se convierten en la plataforma de implementación material de las políticas públicas competentes.
Asimismo algunos inversionistas del sector privado nacional e internacional tendrán principalmente cuotas de corresponsabilidad social, política y económica en la medida que hayan logrado invertir y capitalizar, incidir en la configuración del espacio físico e impactar -como suele suceder- en el entorno natural por encima de los procesos de planificación y ordenamiento territorial inclusive. En esos casos, las consecuencias podrán ser negativas si fomentan el detrimento de los recursos naturales, el estancamiento del desarrollo social y la pérdida de calidad de vida de la población. De allí que el estudio oportuno de cada sector en sus diversas regiones podría ilustrar mejor aquellos atenuantes y agravantes del desarrollo humano, sociopolítico y socioeconómico de sus respectivas ciudades.
Inevitablemente, ahora surge la siguiente pregunta: ¿Quiénes son responsables directos de los problemas de planificación y de ordenamiento territorial de los sectores urbanos y rurales afectados por el fenómeno natural del Niño costero? ¿Será entonces la furia de la naturaleza? Por supuesto que no. Sobra decir que el problema va más allá de dicho eufemismo. Esa idea seguirá siendo un criterio impreciso, fragmentado y evasivo en la comprensión de todo este desastre natural y social. Una vez más podría ser fácil culpar a la naturaleza que responsabilizar, por un lado, a quienes realmente representan los desaciertos de la gestión pública del poder local y, por otro lado, a quienes arbitrariamente han pretendido imponer una gestión privada desde una lógica de acumulación, privatización y libre mercado del modelo económico de desarrollo.
No cabe la menor duda que el problema central recae en autoridades y funcionarios del poder local que, por indiferencia, negligencia o intereses creados, implementan una gestión pública débil y dispersa, sin capacidad eficiente
No cabe la menor duda que el problema central recae en autoridades y funcionarios del poder local que, por indiferencia, negligencia o intereses creados, implementan una gestión pública débil y dispersa, sin capacidad eficiente que permita contener y minimizar situaciones de riesgo en el corto y mediano plazo; e incumplen además la atención de las necesidades básicas de su entorno en materia de empleo, salud, educación, alimentación, vivienda y equipamiento social, especialmente de las poblaciones vulnerables que viven en esas ciudades en estancamiento o crecimiento y, en el mejor de los casos, esperan ansiosamente su desarrollo humano y social.
Frente a la expansión de las ciudades, la estructura deficiente del empleo, el desplazamiento migratorio interno, la creciente demanda de nuevos servicios y la alteración violenta del espacio natural y social, se podría constatar irresponsabilidad de algunas autoridades y funcionarios locales en la atención de las demandas básicas ciudadanas, cuánto más de sus poblaciones vulnerables; al mismo tiempo, se podría descubrir también otros intereses creados, inclusive sobornos y complicidades provenientes de la representación ejecutiva o gerencial de importantes inversiones privadas, inclusive públicas, que forman parte de las múltiples gestiones del desarrollo rural y urbano. De cualquier modo, la fuerza de las inversiones privadas y públicas apostarán mayoritariamente por los intereses del capital y el control neoliberal del sistema actual.
Finalmente, la mano invisible del mercado podrá materializarse con su lógica perversa y ciega sin hacer distinción del espacio natural y social, impactando vorazmente sobre toda su población vulnerable y empobrecida, sin discriminar más su condición etaria, étnica y de género.
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