Según la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados de Rights and Resources Initiative (RRI), más del 70 % de casos de afectaciones en 105 comunidades locales e indígenas de México están relacionados con proyectos de infraestructura, principalmente vinculados con el sector energético.
Servindi, 22 de diciembre, 2020.- A nivel de Latinoamérica, las comunidades locales e indígenas de México presentan un alto índice de afectaciones por el impacto que causa la industria energética en sus territorios.
Así lo revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, una herramienta digital impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).
Como parte de un estudio de RRI comprendido entre el 2017 y 2019 sobre esta situación, la plataforma mapeó 14 proyectos que afectaron al menos a 105 comunidades de México.
El 72 % de casos de afectaciones están relacionados con 10 proyectos de infraestructura. De estos, 9 son del sector energía: solar, térmica, eólica e hidroenergía.
Según indica Derechos Colectivos Vulnerados, esta cifra fue influenciada por la Reforma Energética Mexicana promulgada por el presidente Peña Nieto en agosto de 2014.
Aquello amplió la oportunidad de participación privada dentro del sector energético y ofreció incentivos para alentar su inversión en el desarrollo de sistemas de energía renovable.
Además, la agroindustria con un caso, la extracción de madera con dos, y la minería con un caso, son las otras industrias que vulneran los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Por los 14 proyectos extractivos y de infraestructura, 30 personas –pertenecientes entre las 105 comunidades afectadas– fueron atacadas por el desarrollo de estas actividades foráneas.
El derecho al dominio colectivo sobre el territorio y el derecho a un medio ambiente saludable fueron violados en el 64.3 % de los casos.
Asimismo, el consentimiento libre previo e informado fue violado en el 57 % de los registros.
El impacto ambiental es más heterogéneo siendo la contaminación del agua, del suelo y la deforestación los 3 con mayor registro.
En el 85.7 % de los casos, el impacto social registrado es la perturbación de sitios culturales, entre otros.
Caso Termoeléctrica de Huexca
Como ejemplo de caso, tenemos a la Termoeléctrica de Huexca, compuesta por dos centrales termoeléctricas, ubicadas en la comunidad de Huexca, zona oriente del Estado de Morelos en México.
Es parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), cuya iniciativa fue planteada en el 2009 y aprobada sin realizar la respectiva consulta previa con las comunidades afectadas.
Estas se oponen al proyecto desde aquel año advirtiendo sobre el impacto ambiental que genera el desabastecimiento de agua y la afectación de su calidad para el consumo.
En los últimos 10 años, el PIM fue suspendido en diversas etapas debido a los 16 amparos interpuestos por los habitantes de los 26 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Fuente: La Razón/México
En el 2019 fue asesinado un líder de la comunidad Náhuatl, representante de las comunidades indígenas locales opositoras al proyecto. Los funcionarios del gobierno afirmaron que esto se debió a lazos con bandas criminales.
Como una medida gubernamental para la continuación del proyecto, se realizó la consulta ciudadana el 2019, lo que provocó que el proyecto fuera aprobado por referéndum popular.
Además de México, actualmente esta herramienta en Story Maps dispone de información de Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Perú.
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Perú es el país con más comunidades afectadas por proyectos → https://t.co/VYvxklHVrd
Así lo reveló la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, herramienta de libre acceso que analizó datos sobre el impacto de proyectos en seis países de Latinoamérica. pic.twitter.com/yqeRZxisDn
— Servindi (@Servindi) December 17, 2020
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