CIDH, ONU Derechos Humanos y REDESCA hicieron un llamado urgente por la protección de estas personas en el Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril).
Servindi, 22 de abril, 2022.- Organismos internacionales de derechos humanos hicieron un llamado conjunto a los Estados a respetar y proteger a las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio.
Mediante un pronunciamiento emitido por el Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril), pidieron también a las empresas respetar los derechos humanos en todas sus actividades.
Asimismo, instaron a los Estados que aún no forman parte del Acuerdo de Escazú, a suscribirlo y ratificarlo por ser un instrumento que consagra la protección de los defensores.
El pronunciamiento es firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de la CIDH sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).
Así como por las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe (ONU Derechos Humanos).
“Las personas defensoras cumplen un rol fundamental en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente; sin embargo, siguen enfrentando persistentes violaciones de sus derechos”, indican.
Estos riesgos “se presentan con énfasis cuando se expresa preocupación sobre los impactos que ciertas actividades empresariales tienen sobre la tierra y el territorio”, añaden.
Según estimaciones de ONU Derechos Humanos a nivel global, casi tres de cada cuatro asesinatos de defensores de derechos humanos y el ambiente ocurren en América Latina y el Caribe.
También se han verificado casos de agresiones físicas, amenazas, intimidaciones, estigmatizaciones y campañas de desprestigio, entre otros ataques, contra estas personas y sus comunidades.
Los organismos destacaron que los Estados son los primeros responsables de garantizar la prevención, investigación, sanción y reparación integral por las violaciones cometidas contra los defensores.
Por ello, consideraron urgente “que los Estados, en consulta con las personas defensoras, adopten e implementen medidas efectivas que detengan tales violaciones”.
Además de promover y garantizar la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y asegurarse de avanzar hacia la implementación efectiva y oportuna del Acuerdo de Escazú.
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