Urge atender derrame que afecta el territorio wampis

Servindi, 21 de octubre, 2022.- El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) llama a las autoridades nacionales a atender de manera inmediata el derrame del km 177 del Oleoducto Norperuano, originado en la comunidad wampis Mayuriaga y áreas aledañas.

Reiteran la urgencia de que las instituciones estatales atiendan de manera pertinente y coordinada las exigencias de las comunidades cuyos territorios se han visto afectados por el derrame del 9 de setiembre en el distrito de Morona, en Loreto.

Ellas deben asegurar que las actividades de limpieza y remediación ambiental cumplan con los requisitos sanitarios y sean eficientes.

El Gobierno Wampis exige al gobierno hacer cumplir la ley para que Petroperú asuma su responsabilidad por estos crímenes ambientales y la vulneración de los humanos y ambientales.

El gobierno peruano debe dejar de actuar “como si estos derrames fueran eventos aislados y casuales”.

Cortar la espiral tóxica

También piden al gobierno que considere “cortar la espiral tóxica de los derrames ocasionados por el mal estado del oleoducto norperuano, haciendo valer la exigencia de que el oleoducto sea adecuado o, de lo contrario, no permitir que vuelva a operar”.

El derrame ocurrió el 9 de setiembre, pero ni el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ni ningún otro organismo del Estado peruano ha coordinado acciones con las autoridades comunales.

Por tal motivo, no se han adoptado medidas de inspección, contención, limpieza, remediación y reparación de los derechos afectados pese a la grave afectación al territorio wampis.

Luego de notificado el OEFA sobre el derrame, las autoridades de Mayuriaga esperaron por tres días su llegada para la inspección y colocación de la grapa que detenga el derrame.

El OEFA no sólo no llegó en el tiempo pactado, sino que ingresó por el territorio de otra comunidad y realizó los trabajos de contención sin la presencia de las autoridades comunales de Mayuriaga.

Además, Petroperú no ha llegado a ningún acuerdo, ni tampoco muestra disposición a dialogar, con la comunidad sobre las acciones de remediación y limpieza ambiental que se deben realizar en su territorio.

No es posible que a 42 días de sucedido el derrame, la población de la comunidad continue sin sus demandas atendidas, indica el Gobierno Wampis en un pronunciamiento fechado el 21 de octubre.

La larga lista de derrames en distintas partes del Oleoducto debe motivar una atencion estructural por parte del Estado peruanio y Petroperú para dar una solución integral y definitiva a este problema.

Territorios amazónicos en emergencia

Los territorios de las naciones amazónicas se encuentran en emergencia desde la llegada de la nefasta industria de los hidrocarburos, indica el GTANW.

Todos los gobiernos sin excepción, desde la construcción del Oleoducto Norperuano (ONP) en 1972, han mostrado su completo desdén hacia la integridad de nuestros pueblos, exponiéndonos a continuos derrames sin tomar acciones para frenar sus causas más frecuentes: la corrosión, la falta de mantenimiento y las fallas operativas. Es más, en todos los años de existencia del reglamento sobre transporte de hidrocarburos por ductos a nivel nacional, Petroperú no ha cumplido con la adecuación del ONP y fue multado con 12 millones de soles en 2016 por dicha falta aún no subsanada. Tamaño descuido hacia un “activo crítico nacional”, como ellos suelen referirse al ducto, es imperdonable. - GTANW.

“Estamos cansados de que los gobiernos continúen avalando este sistema que permite que (...) las empresas petroleras vulneren los derechos humanos elementales de las naciones originarias, pudiendo siempre judicializar medidas sancionadoras para aplazarlas ad-infinitum”.

Tan solo en el territorio wampis, la comunidad de Mayuriaga ha sufrido tres grandes derrames en los últimos 8 años, siendo el último el del km 177.

¿Cuáles han sido las acciones de Petroperú? Solo judicializar una de las resoluciones del OEFA (1) que señala que Petroperú incumplió con dar mantenimiento al oleoducto en la zona en que sucedió el derrame del 2 de febrero de 2016.

La medida del OEFA también indica que Petroperú no adoptó acciones inmediatas para controlar y minimizar los impactos de dicho derrame.

Con dicha acción contenciosa administrativa, Petroperú pretende evadir el pago de cerca de 8 mil unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a 35 millones de soles.

Nota:

(1) Resolución No. 015-2019-OEFA/TFA- SE de fecha 6 de diciembre de 2019.