Negligencia minera: 718 trabajadores del sector contagiados con COVID-19

Fuente: Instituto de Defensa Legal (IDL)

Mientras el Ejecutivo mantiene un absoluto hermetismo en la difusión de información sobre los contagios de COVID-19 en el sector minero, algunas cifras elaboradas por el monitoreo de portales periodísticos nos dicen que ya son 718 los trabajadores mineros infectados.

El caso más reciente: Marcobre. En solo cinco días, esta empresa con operaciones en el distrito de Marcona (Ica), pasó de tener 38 a 128 contagiados. Este caso pinta de cuerpo entero las irregularidades que se tejen detrás de la reactivación de algunas actividades mineras bajo protocolos desconocidos hasta el momento.

Por Renzo Anselmo

Servindi, 21 de mayo, 2020.- Negligencia minera. Los casos positivos de COVID-19 entre los trabajadores de la minera Marcobre (Ica), se elevaron exponencialmente de 38 a 138 en solo cinco días, motivo por el cual la empresa a cargo del proyecto Mina Justa, en el distrito de Marcona, ha decidido paralizar sus actividades.

«Al momento se ha completado el 100% de la segunda ronda de pruebas rápidas a todo el personal de Mina Justa cuyo resultado ha sido 128 casos positivos asintomáticos [lo que representa] el 7% del universo total del proyecto», informó Marcobre en un comunicado de prensa.

Pero el problema de fondo va más allá. ¿Cómo es que a una empresa minera que opera en un distrito que tiene un hospital para casos de COVID-19 acondicionado en un conteiner, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Salud le aprueba su protocolo sanitario para retomar sus operaciones?

Foto: Comunicado de prensa de Marcobre el 19 de mayo del 2020

Protocolo aprobado

El 14 de mayo la minera Marcobre reportó sus primeros 38 trabajadores positivos al COVID-19. En el comunicado donde dieron a conocer este hecho, también señalaron que su Plan de Vigilancia, Prevención y Control había sido aprobado previamente por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Salud (Minsa).

Fue gracias a la aprobación de este protocolo que la minera inició su proceso de reactivación y la movilización de sus trabajadores —previa toma de pruebas rápidas que resultaron totalmente negativas, según afirmaron— al campamento minero de Mina Justa.

Para el 14 de mayo, los trabajadores mineros ya tenían siete días trabajando en la zona del proyecto, tal como indicaron en un comunicado publicado aquel día. Pero, ¿cuándo fue realmente que Marcobre obtuvo la aprobación de su protocolo? ¿Tan rápido se autorizó su reactivación?

Aunque la empresa aún no ha difundido esta información, una nota de prensa publicada el 13 de mayo —un día antes del primer reporte de contagios— por el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli, da algunas pistas al respecto.

En el documento, Fumagalli informaba que hasta ese día 39 unidades productivas de 17 empresas mineras habían presentado sus protocolos y que, 11 unidades de 5 compañías mineras ya tenían luz verde de parte de las autoridades para reactivar su producción «en las próximas horas».

Asimismo —y esto es lo importante—, señalaba que «paralelamente se tiene previsto el reinicio de la construcción del proyecto mina Justa y la ampliación de Toromocho». Lo dijo así, sin precisar fechas.

Entonces, si el presidente de la SNMPE afirmó el 13 de mayo que recién se tenía previsto el reinicio de actividades en Mina Justa, ¿cómo es que un día después la empresa anunciaba que sus trabajadores ya tenían 7 días laborando en el campamento minero y 38 de ellos ya estaban contagiados?

Sobre el protocolo sanitario emitido por el Minem, la Red Muqui que reúne a 29 instituciones que velan por la defensa de las comunidades en áreas mineras, había denunciado que tenía «serios vacíos» que dejaban en la desprotección a los trabajadores, pobladores y comuneros que viven cerca a los proyectos.

Foto: Nota de prensa emitida por el presidente de la SNMPE el 13 de mayo.

Hospital en conteiner

A través de la Plataforma Sindical, los trabajadores de la minera también denunciaron el 14 de mayo que el hospital del distrito de Marcona no cuenta con ventiladores mecánicos y que estaba acondicionado en un conteiner, por lo que, si un trabajador o poblador se enfermaba, debía ser trasladado a Ica, en un trayecto que demora de 3 a 4 horas.

Foto: Plataforma Sindical

Asimismo, aseguraron que el hospital existente es de naturaleza “temporal” porque la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, habría postergado la construcción del hospital que demandaban los pobladores y trabajadores mineros.

En su último comunicado del 19 de mayo, la minera Marcobre informó que en los próximos cuatro días harían una segunda toma de pruebas moleculares que involucrará a todo su personal y al de las empresas contratistas. Mientras tanto, todas sus actividades quedarán paralizadas.

Hasta el momento el Ministerio de Energía y Minas no se ha pronunciado sobre la exigencia de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y el presidente de la Comisión de Pueblos y Ambiente, Lenin Bazán, respecto a cuáles son los protocolos sanitarios aprobados para que las empresas mineras reanuden sus operaciones.

Responsabilidades

Según el último reporte de portal periodístico El Gran Angular, hasta la mañana de este jueves 21 de mayo el sector minero ya contaba a 718 trabajadores contagiados con la COVID-19, distribuidos entre 14 empresas del sector.

Consultado por este medio, el abogado y congresista Lenin Bazán afirmó que el gobierno guarda una responsabilidad directa con esta situación. «Primero porque no se ha considerado al sector minero tal como es; no es una actividad esencial. Aquí hay omisión del cumplimiento de funciones directamente del Ejecutivo, el Minem, el Minsa y Sunafil».

«En la norma [que autoriza la realización de actividades mineras en plena cuarentena] no se ha considerado las facultades del gobierno para intervenir. No dicen que los informes de las empresas mineras van a ser elevados o va a haber previa autorización», agrega el parlamentario.

Servindi pudo corroborar que el despacho de Bazán solicitó en reiteradas ocasiones información al Ejecutivo sobre las razones para incluir al sector minero dentro de las actividades exceptuadas de realizarse durante el estado de emergencia, así como del número de infectados en el sector y, recientemente, de los protocolos sanitarios bajo los cuales empezaban a operar las empresas mineras.

Hasta el momento ningún pedido ha sido atendido ni respondido de manera formal, aseguró Bazán.

Desde el Instituto de Defensa de Legal (IDL), el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda también había advertido esta situación a mediados de marzo, cuando señaló que la excepción establecida por el Minem a favor de la actividad minera durante el estado de emergencia, era inconstitucional, discriminatoria y ponía en peligro la vida y la salud de los trabajadores mineros y la población.

«La excepción establecida por el MINEM constituye una intervención intensa “grave” en el derecho a la igualdad por razón laboral y económica, y pone en peligro gravemente los derechos constitucionales a la vida y a la salud de los trabajadores de estas grandes empresas mineras, en primer lugar; pero también del resto de peruanos que pueden ser contagiados por estos», dijo entonces.