Alertan falta de transparencia en consulta previa del lote 192

PRONUNCIAMIENTO

Las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, integrantes de la plataforma PUINAMUDT, se dirigen al Presidente de la República, al Presidente del Consejo de Ministros, al Ministro de Energía y Minas, a la Relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a autoridades públicas, a instituciones nacionales e internacionales defensoras de derechos y a la sociedad civil, para hacer un llamado de alerta frente a la seria amenaza que pesa sobre el actual proceso de Consulta Previa del Lote 192. A continuación señalamos graves hechos que nos indican que este proceso de Consulta viola principios de garantía, buena fe y transparencia. Denunciamos que se está gestando, nuevamente, un escenario para el fraude y atropello de derechos:

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha incumplido el cronograma y los acuerdos establecidos en el Plan de Consulta (documento que rige el proceso de acuerdo a Ley) suscrito en la comunidad achuar José Olaya (3/05/19) con la mayoría de comunidades indígenas sobre cuyos territorios está superpuesto el lote 192. Ya pasaron más de 60 días desde que concluyó el plazo oficial de la consulta previa establecido en el plan, y no hay respuesta oficial de MINEM señalando las causas de postergación ni mecanismos oficiales y necesarios de reprogramación.

La mayoría de comunidades del Lote 192 y sus federaciones hemos solicitado a MINEM la necesidad de oficializar la extensión de la consulta y reprogramar sus fechas, mediante carta al Ministro del sector el 17 de octubre, pero a la fecha no tenemos respuesta. Además, las federaciones hemos puesto a disposición nuestras agendas para facilitar reuniones que permitan coordinar soluciones, pero MINEM las ha cancelado a último momento de forma reiterada.

El 17 de octubre también enviamos una carta a la Viceministra de Interculturalidad, Ángela Acevedo, pero tampoco tenemos comunicación de ella. Esto demuestra una vez más el incumplimiento de obligaciones y la falta de garantías que ofrece el Viceministerio como ente rector y especializado de la Consulta Previa, pues no salvaguarda de forma oportuna y pertinente el derecho de los pueblos indígenas. De otro lado, nos preocupan los antecedentes de la actual Viceministra, quien participó en el proceso fraudulento de consulta previa en este mismo lote el año 2015; aquella vez fue directora de Consulta Previa en el viceministerio que hoy lidera y mostró incompetencia y falta de voluntad para garantizar un adecuado proceso.

Denunciamos que en el actual proceso de Consulta Previa del Lote 192 se están vulnerando principios rectores de la Ley, tales como Interculturalidad, Buena fe, Plazo razonable e Información oportuna. Y estamos ante el riesgo inminente de que se vulnere además el principio de Oportunidad, pues el actual contrato de servicios que rige en el lote vence en marzo de 2020. Denunciamos que MINEM y Perupetro (responsable del proceso de contratación) pretenden utilizar el escaso tiempo como margen estrecho para no realizar negociaciones adecuadas y en tiempos de correctos.

Durante este tiempo de consulta previa suspendida, en octubre, se ha nombrado como jefa de la Oficina de General de Gestión Social a Iris Cárdenas, ex directora Directora de Asuntos Ambientales y Energéticos del MINEM (entre 2004 y 2012). En adelante ella será quien asuma la responsabilidad de realizar el proceso de consulta en el Lote 192. A las federaciones indígenas nos preocupa la designación de esta persona para dicho cargo, pues es una de las responsables de favorecer a Pluspetrol cuando fue operador el Lote 1AB (hoy Lote 192) en materia de responsabilidad ambiental y social, permitiendo que hasta hoy no remedie más de 1200 sitios impactados. Alarman además sus opiniones contra los tiempos y trámites razonables para una adecuada certificación ambiental (gestiones que el sector minero y petrolero llama “barreras burocráticas”), las cuales se parcializan hacia las empresas y favorecen la embestida extractivista sobre nuestras vidas. Rechazamos el nombramiento de Iris Cárdenas, pues puede afectar este y otros procesos de consulta en el país.

Frente a los hechos señalados, exigimos el cumplimiento de nuestro Derecho a la Consulta y por lo tanto:

Señor Presidente de la República, señor Ministro de Energía y Minas, señor Presidente del Directorio de Petroperú: No permitiremos que ninguna empresa petrolera ingrese a nuestros territorios si es que no se respeta estrictamente nuestro Derecho a la Consulta Previa, y se cumplen los tiempos de cada etapa así como otros acuerdos establecidos en el Plan de Consulta Previa del Lote 192, firmado en José Olaya el 3 de mayo. Para ello, y en el más breve plazo, se debe tener una reunión preparatoria para volver a discutir el Plan de Consulta, modificar fechas del cronograma vencido y suscribir un nuevo acuerdo, en nuestros territorios y con nuestras comunidades. Asimismo, tal como ya estaba acordado, se debe concluir la etapa informativa.

Alertamos que estamos nuevamente en un escenario de vulneración de nuestro derecho a la Consulta Previa. Recordemos que en el año 2015 se firmó un acuerdo entre comunidades minoritarias del lote y la entonces ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, con la complicidad del Viceministerio de Interculturalidad, excluyéndonos de la etapa de diálogo con mala fe, prepotencia y atropellando el derecho de nuestras comunidades. En nuestros territorios se ha realizado explotación petrolera por casi 50 años, en un marco perverso de impunidad  y violación de derechos. No permitiremos que esto vuelva a pasar.

Denunciamos que Petroperú, próximo operador del lote 192 de acuerdo a ley, está criminalizando la protesta en nuestras comunidades, denunciando a comuneros y comuneras ante la fiscalía por cargos tan graves como infundados. Asimismo, en 2018 Petroperú ha firmado un convenio el Ministerio del Interior, para construir comisarías en territorios indígenas (entre otros, en el Lote 192) y otros inaceptables mecanismos de control policial. Rechazamos estas acciones de Petroperú y exigimos que respete nuestros más fundamentales derechos.

El Estado debe asegurar los presupuestos y mecanismos para el cumplimiento de compromisos establecidos en actas suscritas con nosotros. A la fecha MINEM no ha asegurado fondos para remediación ambiental mediante la transferencia de 188.4 millones de soles al fideicomiso de la Ley 30321 y asegurando un presupuesto similar para el 2020. Asimismo se debe asegurar recursos para las atenciones de salud en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud el cual debe gestionarse desde el Ministerio de Salud, pues la crisis económica del sector en Loreto no garantiza protección para estos fondos. Asimismo, Ministerio de Vivienda debe asegurar funcionamiento y cogestión de las plantas de tratamiento, así como la contratación de promotores y supervisores, hasta que los sistemas permanentes de agua y saneamiento sean instalados adecuadamente en comunidades. Finalmente, la Presidencia de Consejo de Ministros debe garantizar la reunión multisectorial pendiente en la comunidad Doce de Octubre. De no asegurarse mecanismos para el cumplimientos de estos puntos, nuestras bases evaluarán mediante sus espacios asambleas y tomarán sus decisiones propias para que se atiendan estas justas exigencia, la salud de nuestras familias y territorios no debe esperar.

¡No permitiremos que se repita la historia de daño y abuso contra nuestros pueblos!

¡Exigimos una Consulta Previa SIN TRAMPAS!

Loreto, 19 de noviembre de 2019