Editorial de Servindi
20 de setiembre, 2021.- La muerte de Abimael Guzmán ha avivado la confrontación política y creado un clima de polarización con discursos de odio atizados por políticos recalcitrantes y desmemoriados reproducidos por una prensa superficial y abyecta.
En torno a qué hacer con el cadáver salieron a relucir las posiciones más extremas, tanto de izquierda y derecha, hasta el ridículo.
Elena Iparraguirre, esposa de Abimael Guzmán y su camarada en la dirección de la facción roja que se convirtió en el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP – SL) acusa -en su delirio- que su líder habría sido asesinado.
Aislada e incomunicada sufre condena a cadena perpetua y quizás se lleve a la tumba las causas reales de la muerte de Augusta La Torre, la camarada Norah, primera esposa de Abimael Guzmán, y dónde se hallan rus restos.
Por otro lado, las posiciones de extrema derecha han llegado a un paroxismo truculento e insano. La primera reacción ante la noticia la dio la fujimorista Martha Moyano quién exigía “ver” el cadáver para comprobar la muerte.
Luego vino la campaña por cremar los restos de Abimael Guzmán. Con un nivel de insania voceros políticos dejaron de lado sus presuntas convicciones cristianas y proponen echarlo al inodoro para que se pierda en el mar.
La ley promulgada el viernes 17 de setiembre autoriza a la fiscalía a "disponer la cremación, previa necropsia" del cadáver de Guzmán; y establece su entrada en vigor a partir del sábado 18 con un plazo de 24 horas para la cremación.
"El Ministerio de Justicia será el encargado de dispersar los restos cremados en tiempo y lugar de naturaleza reservada, con el apoyo del Ministerio del Interior", añade la norma.
Cuando la bancada de Perú Libre intentó que la norma sobre cremación se aplique a los cadáveres de autores de delitos por lesa humanidad, la derecha y la prensa saltaron hasta el techo.
Según ellos nadie es comparable en criminalidad a Abimael Guzmán y no aceptan ninguna norma especial que pueda involucrar en el futuro a Alberto Fujimori, también condenado por violaciones a los derechos humanos.
A pesar de estar plenamente identificado Juan Muñico Gonzales, alias "Jota Maelo", cabecilla del grupo semifascista La Resistencia sigue impune atacando periodistas, políticos y autoridades. Foto: La República.
En este contexto, grupos como La Resistencia, siguen amenazando y agrediendo a los que ellos identifican como: caviares-izquierdistas-socialistas-comunistas-senderistas-terroristas. Todos en un mismo saco. Para estos trogloditas no hay diferencias ni matices.
La última agresión pública la sufrió una persona respetable: el exfiscal Avelino Guillén cuando hacía sus compras en un centro comercial. Su delito: haber llevado a juicio y propiciar la condena de Alberto Fujimori.
Pero a pesar de las diferencias, hay algo en común entre ambas posiciones extremistas y esta es negar las grandes conclusiones y verdades del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
En base a investigaciones, testimonios y evidencias la CVR atribuye la principal responsabilidad de la violencia durante el Conflicto Armado Interno al PCP-SL, pero también halla responsabilidad en las Fuerzas Armadas.
Esto último no es aceptado por el fujimorismo y los sectores castrenses que quieren borrar de la memoria histórica crímenes documentados en numerosos documentos periodísticos y una gran bibliografía del periodismo de investigación.
El fujimorismo y el sector militar quieren hacer aparecer a Alberto Fujimori como el gran pacificador del país, y negar su enorme responsabilidad en la guerra clandestina de baja intensidad o “guerra sucia” que realizó numerosos crímenes de lesa humanidad.
La captura y derrota de Abimael Guzmán fue mérito de un pequeño grupo de inteligencia operativa -el GEIN- y de las comunidades campesinas, nativas y comités de autodefensa que enfrentaron la subversión senderista.
Pero no debemos olvidar que en paralelo se aplicó una estrategia contrasubversiva aprobada por Fujimori y Montesinos que realizó masacres. Se calcula que aún existen más de 15 mil desaparecidos y se conoce la ubicación de más de 6 mil sitios de entierro y fosas comunes por exhumar.
Por todo lo expuesto, consideramos esencial difundir el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación así no les guste a los extremistas de izquierda o de derecha.
La verdad debe abrirse paso y la memoria histórica es una necesidad para evitar repetir los errores del pasado.
Además, existen numerosas recomendaciones de la CVR que no han perdido vigencia y que deben aplicarse para evitar nuevos episodios de tragedia, muerte y dolor entre los peruanos y peruanas.
Fuente de la imagen: Derechos Humanos sin Fronteras
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