Los costos de la contaminación y la remediación petrolera del Lote 192

Por Mario Zúñiga Lossio*

En memoria de Don Cayetano, líder Achuar del Pastaza

20 de agosto, 2018.- Por fin se tiene una idea estimada de cuánto costaría remediar ambientalmente 31 sitios impactados en el Lote petrolero más antiguo y contaminado del país, el Lote 192 (ex 1AB):  565.15 millones de soles, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) (1). El problema es que en dicho Lote aún quedan pendientes más de 1 299 sitios impactados por restaurar, ello dentro del territorio de los pueblos indígenas Quechua, Achuar y Kichwa de las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre en Loreto-Perú.

¿Cómo se identificó tantos sitios y se supo este monto para los 31?, ¿Qué significan los sitios impactados para la población?, ¿Por qué quedan pendientes tantos sitios?, ¿Qué es lo que permite que esta situación continúe? y ¿Qué es lo que falta?, son temas que nos ocuparemos en dos momentos diferentes. En un primer momento, es decir en este artículo, hablaremos de las tres primeras interrogantes. En un segundo momento y otro artículo, reflexionaremos sobre las dos últimas.

Vigilantes Amazónicos Independientes y La Ley de Fondo de Contingencia

Los 31 sitios (más uno) impactados, así como los otros 1299, no habrían podido ser identificados sin la presión de los pueblos indígenas organizados y de los monitores ambientales indígenas independientes de las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre, los cuales, desde el 2006, llevaron a que el Estado visibilice el daño ambiental en el ex Lote 1AB.

Sin embargo, a pesar de la identificación del desastre ambiental en el ex Lote y de las sanciones y la exigencia administrativa impuestas por parte del Estado a la empresa Pluspetrol (operadora del ex Lote 1AB), dicha operadora no remedió, remedió mal o judicializó las sanciones y medidas administrativas. Frente a eso, las comunidades impactadas por dicha empresa, mediante movilizaciones y diálogos con el Estado, llevaron a que se cree en el 2015 una Ley especial (2) la cual no quita responsabilidades ambientales a las empresas petroleras y sirve para iniciar procesos de remediación con participación indígena así como crea un fondo semilla de 50 millones de soles, todo mediante un mecanismos de atención urgente, mientras se resuelven los conflictos judiciales y administrativos entre empresas y el Estado (los cuales pueden durar muchos años).

De ese modo, en coordinación con FONAM, OEFA, MINEM, MINAM (3), las comunidades y sus organizaciones, dialogan por largo tiempo (2 años) para priorizar sitios impactados en el Lote y con ello iniciar el proceso de elaboración de Planes de Rehabilitación con participación de los monitores ambientales y de la comunidad. En resumen, la elaboración consta de tres etapas: dos etapas de muestreo y una etapa de elaboración del Plan.

La primera etapa del muestreo se llevó a cabo en los meses de mayo y junio del 2018, y como lo reconoce el FONAM y las empresas ECODES & Varichem y JCI & Hidrogeocol (empresas que elaboran los Planes para las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre), la participación indígena por medio de los monitores ambientales independientes ha sido relevante para observar con mayor precisión y magnitud el grado de impacto de los sitios impactados, de ese modo, se han ampliado áreas de impacto así como se ha podido constatar con más precisión la magnitud de la contaminación, mal ocultada o a plena vista como si fuera el paisaje natural de la zona. A partir de ello los expertos que trabajan en el proceso han terminado por estimar costos monetarios preliminares para la rehabilitación ambiental de estas zonas.

Monitores ambientales independientes en el primer muestreo para la elaboración de planes de rehabilitación, mayo 2018

En la actualidad, el proceso está por iniciar la segunda etapa de muestreo para los 32 sitios, lo cual alimentará otro momento importante, la elaboración de Estudios de Riesgo a la Salud, lo que permitirá prevenir la exposición de receptores ecológicos y humanos a la contaminación petrolera. Cuando concluya en el 2019 todo este trabajo se supone que deberían estar aprobándose los planes de rehabilitación e iniciar su ejecución.

La espera y la muerte

Don Cayetano Cariajano no podrá ver remediado el territorio de la comunidad Titiyacu (dentro del ex Lote 1AB hoy 192) de la cual fue fundador. Al tercer día del primer muestreo realizado por la empresa Ecodes, el líder Achuar murió de una enfermedad desconocida. En la posta de salud de Nuevo Andoas, comunidad nativa dentro del Lote, no pudieron hacerle prueba de rayos X, ni identificar el daño; además, por problemas con el SIS, no pudieron trasladarlo a tiempo a Iquitos, ciudad a tres días en bote, para darle una atención de mejor calidad.

Don Cayetano vio como a lo largo de 40 años las empresas petroleras dejaron sitios impactados en su territorio, afectando según la comunidad la salud espiritual y corporal de dichos territorios. De hecho, solo pudo observar cómo iniciaba el proceso de rehabilitación de dos de los tantos lugares existentes en su comunidad, sitios impactados llenos de residuos de basura industrial e hidrocarburos extendidos sobre bosques y aguajales, entre sus caminos de caza y quebradas donde pescan.

Sus hijos e hijas, nietos y nietas, yernos, nueras y sobrina(o)s que le preceden, algunos de ello(a)s monitores ambientales independientes, son quienes tal vez vean remediar lo que Don Cayetano exigió durante decenas de años. En la zona del Lote, para quienes son adultos, la historia del ex líder achuar de Titiyacu, se piensa y se siente como una señal fatalista de lo que puede sucederles, es decir nunca llegar a ver su territorio sano o por lo menos rehabilitado. De ahí que la exigencia de remediación y atención integral del problema sea en realidad un llamado para que sus hijos y los hijos de sus hijos puedan, en el futuro, vivir seguros en sus territorios.

Pluspetrol sin energía para remediar y el Estado sin dinero para salvaguardar

Al parecer, los discursos públicos sobre responsabilidad social y ambiental empresarial y de protección ambiental estatal, se terminan por estrellar contra una pared hecha de números y costos de contaminación.

En primer lugar, observemos el lado empresarial. El contrato del ex Lote 1AB a cargo de Pluspetrol (Plus) concluyó en agosto del 2015. Antes de concluir y después de retirarse, la empresa presentó 2 planes de abandono (2015, antes de concluir su contrato, desaprobado y, en el 2016, aún en evaluación) en donde solamente pensaba encargarse de 17 pozos, 13 rellenos de residuos no peligrosos y 19 emplazamientos de residuos sólidos enterrados, invirtiendo US$ 13 070 000, que al cambio actual en soles sería un poco más de 43 millones de soles. Es decir, tomando como referencia lo propuesto por Plus faltarían un poco más de 500 millones de soles para igualar el monto de los 31 sitios impactados reconocidos por el Estado, los cuales corresponden a impactos producidos en el tiempo de operación de dicha empresa (ya sea por mala remediación, daño o por posible responsabilidad contractual).

El asunto es más preocupante: OEFA ha confirmado al Ministerio de Energía y Minas (4) en el proceso de evaluación del “segundo plan de abandono”, presentado por la empresa, que esta debe incluir en su plan 1299 sitios impactados. Esta cuestión Plus no la ha aceptado, seguramente porque no le sale a cuenta, pues el grado de su energía ambiental solo alcanza para atender 49 sitios por menos de un millón de soles cada uno.

Por otro lado, en el escenario de la remediación por parte del Estado, como hemos podido observar, el inicio de atención para los 31 sitios mencionados anteriormente no está exento de problemas.

El Fondo de remediación fue creado con un Fondo semilla de 50 millones que solo ha servido en las cuencas del Pastaza, Tigre y Corrientes para elaborar Planes de rehabilitación de 32 sitios impactados en el ex Lote 1AB. Queda pendiente, como compromiso para el Estado, invertir el monto estimado para la remediación, que para los 31 sitios es más de 500 millones y, solo para el sitio adicional Ushpayacu, por el grado de contaminación que tiene, requiere de un monto similar; es decir, un total de casi mil millones de soles en solo 32 sitios. A ello hay que sumar que en la actualidad y por las nuevas denuncias de los monitores indígenas independientes, OEFA va a identificar un centenar más de sitios impactados, los cuales requerirán también de priorización y fondos para elaborar y ejecutar los planes de rehabilitación, todo esto mientras se continúa peleando con una empresa enérgicamente decidida a no gastar dinero en remediación.

Conclusiones desde una matemática simple para interrogar máscaras discursivas

Con unas matemáticas simples, tomando la totalidad de lo recaudado en canon y sobre canon petrolero durante la vida del Lote 1AB (3 mil millones de soles) (5), nos damos cuenta que los costos de rehabilitación ambiental de solo 31 sitios impactados corresponden a un poco más del 15% de dicho monto. Si añadimos Ushpayacu este alcanzaría  el 30%; pero si aumentamos los mil sitios más, y para colmo incluimos todas las emergencias ambientales que sufre el lote desde el 2015 a la fecha (1.5 cada mes) (6), la suma de la rehabilitación, remediación, restauración o compensación ambiental se elevaría exponencialmente tornando irrisorio el discurso de “beneficios petroleros” de este Lote , en tanto debemos invertir gran parte o tal vez todo el canon en la restauración de los impactos  que las empresas judicializan o no se quieren hacer cargo. Todo ello sin tomar en cuenta que existen otros costos sociales, culturales, espirituales no contemplados.

Derrame denunciado en el 2017 en el lote 192. Comunidad Nativa de Titiyacu. Desde agosto del 2015 hay 63 emergencias ambientales reportadas.  Foto: Rafel Dahua monitor ambiental independiente. Fediquep.

Esta situación pone en cuestionamiento no solo la letanía repetitiva de beneficios extractivos, sino también el calco y copia de la fe ciega en la matriz extractiva petrolera nacional/neoliberal. Con todo ello, los pueblos han r-existido (7) durante 40 años, esperando hasta la muerte la protección de sus derechos frente al despojo y desposesión de estas empresas petroleras sobre sus territorios ancestrales. De hecho, este inicio de procesos donde ellos participan en las etapas de elaboración de los planes de rehabilitación son un paso importante para devolver confianza y construir procesos donde por lo menos, como primer paso, se proteja el medio ambiente y la salud en términos occidentales.

No obstante, como está claro, los pueblos de esta zona ya han demostrado que la exigencia de sus derechos brota de la experiencia, por lo cual saben que este inicio es insuficiente, pues el Estado en estas zonas sigue mostrando que su discurso de protección y beneficios de la extracción petrolera no coincide con la práctica. Y esto no solo por el hecho de la insuficiencia de presupuestos y exigencias de mayor rehabilitación ambiental, a ello se le suma otros aspectos en donde la actividad petrolera tiene conexión. Por ejemplo, no se ha titulado completamente los territorios, pues han excluido de sus títulos o reconocimientos las instalaciones petroleras; las postas de salud son de categorías que no corresponden al número de población y no cuentan con infraestructura adecuada para población expuesta a la contaminación petrolera: no hay laboratorios de metales pesados, no hay doctores especializados, falta infraestructura básica como Rayos X o salas de parto vertical y horizontal, ni siquiera existe conexión de internet permanente, todo ello con resultados lamentables como los de Don Cayetano. Finalmente, aún no se asegura la consulta previa por el cambio de operador (Petroperú) para los siguientes 40 años.

Todo esto, definitivamente refuerza contradicciones en los discursos de costos y beneficios, de impactos y protección, dejando en claro que la deuda del Estado con estos pueblos sigue en pie. Finalmente, se debe reconocer que los pueblos no cesan de seguir empujando de manera dialógica, honesta y con su propia vida, para que no solo esta deuda vaya decreciendo, sino para que las respuestas a preguntas sobre la necesidad de explotación petrolera también sean recalibradas o por lo menos confrontadas bajo el registro de estos nuevos cuestionamientos nacidos desde el corazón económico de la contaminación petrolera.