OCM, 21 de marzo, 2018.- El jueves 15 la asamblea de la Mancomunidad Regional del Sur aprobó una moción en la que pide al Gobierno “levantar el estado de emergencia ‘preventivo’ del corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa” y “retomar el diálogo social como un mecanismo democrático para la solución de las demandas de las poblaciones de Cotabambas – Apurímac, y de Chumbivilcas – Cusco.
Los representantes de los consejos regionales piden además “la desmilitarización del corredor vial” y la “restitución de los derechos fundamentales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito”.
Como se recuerda, en agosto de 2017 se suscitaron protestas de comunidades campesinas del distrito de Mara (Apurímac) por la falta de pago de servidumbre por el uso que hace la empresa minera MMG Las Bambas de la vía.
Frente a ello, el Gobierno decretó el estado de emergencia y la suspensión de garantías constitucionales, incluyendo en esa declaratoria a distritos que no habían formado parte de las protestas como Challhuahuacho y Haquira.
Pese a que no se registraron nuevas protestas, la situación de excepción se prorrogó tres veces hasta diciembre de 2017. En enero de este año, el Gobierno declaró en emergencia todo el corredor vial minero, con una longitud de 482 kilómetros, afectando los 500 metros adyacentes a cada lado del corredor, y militarizando la vía. Esta medida ha sido recientemente prorrogada, con lo cual hay distritos que tienen más de seis meses bajo esta situación supuestamente extraordinaria.
En la moción aprobada por los consejeros de la macro región, se cuestiona la constitucionalidad de la medida de emergencia, toda vez que la Carta Magna establece como única causal la “perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”.
Ninguna de estas situaciones se viene dando en el Sur. En los sucesivos decretos de prórroga de la emergencia, el Gobierno ha argumentado la necesidad de “garantizar la protección de las instalaciones estratégicas y el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales”.
Sin embargo, esta causal no está considerada por la Constitución. Más aún: el Ejecutivo no ha explicado qué servicios públicos están en peligro ni por qué.
La asamblea de la mancomunidad señala que esta situación es arbitraria y desproporcionada, y que incumple los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional al respecto.
La Mancomunidad Regional de la Macro Región Sur está integrada por los Gobiernos Regionales de Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna.
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