Cartillas ayudarán a población indígena a conocer a qué tribunales dirigirse en materias laborales, civiles, de familia y penales, entre otra información clave en el proceso judicial.
Servindi, 20 de febrero, 2023.- El Poder Judicial de Chile publicará por primera vez cartillas que traducen términos jurídicos claves de acceso a la justicia en el idioma de cuatro de los diez pueblos originarios reconocidos en el país.
Las cartillas serán presentadas oficialmente este 21 de febrero en lengua mapudungún, rapa nui, aymara y quechua, como parte de una iniciativa que se pretende expandir más adelante.
Quienes hablen estas lenguas podrán conocer así desde cuál es la labor y cómo se compone el Poder Judicial, hasta a qué tribunales dirigirse en materias laborales, civiles, de familia y penales.
Además de cómo revisar digitalmente el estado de las causas y, entre otros puntos, los derechos y deberes tanto de víctimas como imputados, señala una nota del diario El País.
De los cuatro pueblos originarios seleccionados para esta etapa inicial, dos tienen la mayor población, dentro del 12,8 % de las personas que se identificaron con un pueblo indígena, en el Censo de 2017.
Estos son el pueblo Mapuche, que ostenta el 79 % de la población, y el Aymara, con el 7 %. Le siguen el pueblo Quechua, con el 1,55 %, y el pueblo Rapa Nui, con el 0,43 % de identificados.
La iniciativa de las cartillas jurídicas en lenguas originarias es liderada por la ministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el contexto de trabajo de la comisión de lenguaje claro.
Para Vivanco, muchas veces el acceso a la justicia se ha mirado solo desde la perspectiva de que la ley permita a todos poder ejercer acciones frente a la justicia, aunque hay un segundo nivel.
Este “tiene que ver con que también importa la comprensión de los procesos, porque no puedo acceder a la justicia en términos sustantivos si no comprendo qué es lo que tengo que hacer”, indicó.
Añadió que el uso del lenguaje claro no solo implica que la terminología se use correctamente, sino que los jueces tienen que ser capaces de decodificarlo “para que el ciudadano común lo pueda entender”.
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