La entidad también pidió que se evalúe la exoneración de pagos de los servicios básicos prestados a familias en condición de pobreza y pobreza extrema.
Servindi, 19 de marzo, 2020.- A raíz de la suspensión de actividades económicas como consecuencia del estado de emergencia, la Defensoría del Pueblo recomendó a las autoridades y organismos reguladores, postergar el cobro de los servicios públicos.
A través de un comunicado, la institución sugirió la elaboración de un marco normativo ideal para que las facturaciones de los servicios de saneamiento y electricidad, sean cobrados dos meses después de la emergencia, en cuotas y sin intereses.
El pedido llega luego de que el presidente del Perú, Martín Vizcarra, haya declarado el estado de emergencia nacional y el aislamiento social obligatorio por 15 días, con el fin de contrarrestar el número de contagios por el covid-19 (coronavirus).
En ese sentido, la entidad señaló que también debería evaluarse la exoneración del pago de los servicios básicos de agua, electricidad y telecomunicaciones, prestados a aquellas familiares en condición de pobreza y pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).
Quejas de pobladores
Ante las quejas de ciudadanos de diversos distritos por problemas en el abastecimiento de agua a través de camiones cisternas, la Defensoría del Pueblo indicó que el Ejecutivo y las empresas de saneamiento deben asegurar los recursos necesarios para el abastecimiento gratuito de agua.
De tal modo, exhortaron «a Sedapal y demás empresas prestadoras a supervisar el adecuado abastecimiento de agua a través de los camiones cisternas que operan, a fin de evitar costos elevados y abusos contra la población en el contexto de emergencia nacional que atraviesa nuestro país».
Por último, la entidad recordó que, en estas circunstancias, el acceso al agua es importante para que la población cumpla con las prácticas de higiene necesarias para prevenir cualquier contagio de covid-19.
«[Esto] hace necesario que el Estado refuerce el cumplimiento de sus obligaciones a fin de garantizar el abastecimiento de agua potable en condiciones adecuadas de continuidad y calidad», señaló la Defensoría del Pueblo.
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