Reinicio de actividades económicas debe darse en forma progresiva, segura y garantizando el derecho a la vida y la salud de las personas
Pronunciamiento
La situación de la pandemia del COVID-19 en el Perú continúa siendo dramática. Con más de 230 mil casos confirmados y más de 7,000 personas fallecidas, el Perú forma parte de los países con más alta tasa de casos confirmados y mayor mortalidad en el mundo1. Las medidas implementadas por el gobierno como el estado de emergencia y la cuarentena obligatoria, permitieron organizar mejor la atención y salvar vidas, más aun tomando en cuenta el estado de abandono de la salud pública. No obstante, éstas se han mostrado insuficientes pues no fueron acompañadas con medidas de contención económica universales que cubrieran a la mayoría de población desempleada, subempleada e informal de manera oportuna. Mucha gente ha tenido que salir a buscar recursos para su sobrevivencia pese al riesgo de contagiarse. Y propuestas como el Ingreso/Bono Básico Universal continúan sin atenderse.
Sin duda la paralización de las actividades económicas por tres meses de cuarentena hace sentir su impacto en la economía. Sin embargo, el desafío de afrontar la pandemia y a la vez reactivar la economía no puede afrontarse a costa de exponer a la población. Lamentablemente, las últimas medidas anunciadas por el gobierno dejan en claro que la principal preocupación es poner en marcha la economía, incluso a riesgo de no garantizar plenamente la salud de buena parte de las y los ciudadanos, altamente expuestos a contraer el virus y sin posibilidades de contar con una debida atención.
El 15 de junio el Presidente presentó el Programa «Arranca Perú» que cuenta con la inversión de 6,436 millones de soles destinados a generar un millón de nuevos empleos o puestos de trabajo. Según lo anunciado el programa se sostendrá sobre la inversión en transportes y comunicaciones, vivienda, agricultura, y trabajo. De otro lado, el Gobierno ha propuesto el fortalecimiento de la «Reconstrucción con Cambios» con una inversión adicional de 1,500 millones de soles para el segundo semestre del 2020, y anunció su adjudicación al Reino Unido e Irlanda del Norte. Y se informó que sostendría una reunión con empresarios para tratar sobre la inclusión de las actividades de los conglomerados y centros comerciales en la Fase 2 de la reactivación económica.
En este marco, preocupa que el Gobierno no pondere la gravedad de la situación sanitaria y acelere el reinicio de la totalidad de actividades económicas por la presión de los gremios empresariales, descartando en la práctica la necesidad de hacerlo en forma progresiva. Asimismo, que las propuestas sigan el curso revelado por diversas investigaciones respecto al Programa Reactiva Perú, que en lugar de apoyar a las pequeñas y medianas empresas que son las que emplean mayor cantidad de trabajadores, se privilegie al gran empresariado y conglomerados incluyendo clínicas, laboratorios e importadoras de pruebas para Covid-19; empresas mineras y grandes firmas de abogados que litigan contra el Estado en temas tributarios.
Mientras tanto, continúa sin ser atendida la demanda de los productores agrarios para la creación de un Fondo de Reactivación Agraria que permita garantizar el abastecimiento a los mercados nacionales y la seguridad alimentaria de la población. Es grave que el 98% de las familias dedicadas a la pequeña agricultura se encuentran al borde la quiebra, y que los subsidios del Estado -como el Bono Rural y otros- no les llegue, como lo indican los representantes de los pequeños agricultores a nivel nacional2.
Ante tal situación, la CNDDHH expresa su preocupación y llama a atender los siguientes puntos con carácter de urgencia:
- Reactivación económica sin privilegios ni riesgos para la salud. Si bien generar ingresos para sobrevivir es una necesidad urgente de la mayoría de las y los peruanos, es necesario reconocer que no existen las condiciones para levantar las medidas de contención sanitaria. Los que anteponen la economía a la salud pública, contradictoriamente le están haciendo un mayor daño a la economía. El Gobierno no puede ceder a los grandes lobbys empresariales y debe ser cuidadoso en determinar qué actividades pueden reanudarse con estrictos protocolos y medidas de seguridad y sobre todo protegiendo la salud de las personas.
- Protocolos laborales con participación de las y los trabajadores. Los protocolos aprobados no responden a la real amenaza que representa el COVID-19. Además, se ha dejado un gran margen de discrecionalidad en la implementación de medidas de seguridad a las empresas que en la práctica se van a autoregular. Es indispensable que los protocolos y medidas complementarias sean reformulados con la participación activa de las y los trabajadores, y que se ponga por delante la vida de las personas por sobre el mercado.
- Bono agrario para garantizar la seguridad alimentaria. La agricultura orientada al mercado interno debe contar con el apoyo decidido del Estado, atendiendo la demanda de los productores respecto al Fondo de Reactivación Agraria. Se trata de priorizar la producción agroecológica, reconociendo los saberes de nuestros productores agrarios que son los que, en medio de la pandemia, están asegurando la alimentación de la población. Se debe reforzar las redes de distribución campo-ciudad y la certificación entre consumidores y productores, y reorganizar el actual sistema de grandes mercados, promoviendo la descentralización.
- Ingreso/Bono Básico Universal y otras medidas complementarias. Frente a las limitaciones y demoras en la entrega de los distintos Bonos previstos por el Ejecutivo, se requiere con urgencia introducir un enfoque universal que permita llegar al conjunto de poblaciones afectadas con una renta o subsidio de 1000 soles mensuales. Esta medida se debe complementar con otras, como el impuesto a la riqueza, vigente en países de la región como Colombia, Argentina y Uruguay. Urge priorizar medidas que promuevan la solidaridad y justicia fiscal.
- Promoción y generación de empleo digno. Deben atenderse las necesidades de trabajadores y trabajadoras, millones de los cuales se han quedado sin ingresos, o han debido aceptar retornar a empleos que no brindan medidas de salubridad básicas. Es urgente apoyar a los trabajadores informales, incluyendo a trabajadores independientes, de la agricultura familiar o trabajadoras del hogar, para que puedan cumplir con sus trabajos de forma segura y digna. Se requiere facilitar la formalización, entendiendo que no son enemigos a los que hay que perseguir, sino peruanos que necesitan sobrevivir y a quienes debe apoyarse desarrollando capacidades productivas y financieras.
Desde la CNDDHH, reiteramos que la situación de la pandemia del COVID-19 en el Perú continúa siendo crítica y que se debe priorizar la salud y la vida de las personas, especialmente de aquellas en mayor riesgo y vulnerabilidad. Por ello la reactivación económica se debe dar en forma progresiva, segura y con derechos, complementando los esfuerzos por erradicar la pandemia. La reactivación no puede omitir a los sectores de la economía informal y de los cuidados, en donde se encuentran las poblaciones más golpeadas por la crisis y pandemia. Ante las evidencias, apelamos al sentido de responsabilidad del Estado y de la sociedad, y muy especialmente del gobierno y de los gremios empresariales. Primero la vida y salud de las personas.
Lima, 17 de junio del 2020
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