Walter Aduviri se mantendrá prófugo para salvaguardar su libertad

Servindi, 15 de agosto, 2019.- Juzgado de Puno condenó a Wálter Aduviri Calisaya, actual gobernador regional de Puno, a seis años de cárcel. Además, pidió su detención y se le impuso el pago de S/2 millones por reparación civil en favor del Estado.

Ello, por considerarlo coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública en el caso "Aymarazo", conflicto que estalló en 2011 en rechazo a las concesiones mineras.

El 8 de agosto, el Poder Judicial dictó 15 días de prisión preventiva en su contra; sin embargo, Aduviri, quien se encontraba en Lima para una reunión con funcionarios del Ministerio del Ambiente, pidió licencia por 15 días ante el Consejo Regional de Puno. Desde entonces, no se le ha visto más. 

A pesar de ello, Aduviri habló desde la clandestinidad con un medio de comunicación radial y dejó entrever que se mantendrá prófugo por un buen tiempo para salvaguardar su inocencia y libertad.

Asimismo, precisó que espera que nuevamente el Poder Judicial le devuelva su libertad, como ocurrió en octubre del 2018, cuando la Corte Suprema anuló la primera sentencia de siete años de pena efectiva.

También señaló que en su contra hay intereses políticos y económicosm, pues no le perdonan el haber defendido al medio ambiente frente a diversos proyectos mineros que pretendían instalarse en Puno.

“Hay otros propósitos, no necesariamente legales y judiciales. Nosotros no hemos hecho nada que nos incrimine con lo que se no acusa”, refirió el gobernador.

Muestras de solidaridad

Por su parte, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC - P) ha expresado su solidaridad con Aduviri y el pueblo puneño a través de su cuenta oficial de Facebook.

En una publicación, la CUNARC - P manifestó su rechazo a la actitud de los poderes del Estado por criminalizar la legítima lucha de los pueblos originarios en defensa de sus derechos territoriales y la vida.

Se menciona también que se mantendrán alertas ante la judicialización en contra de los líderes de los pueblos, pues aseguran que es una medida adoptada por el Estado para generar el miedo y que puedan imponerse con el robo y saqueo de los bienes comunes y públicos del país.

Datos:

La protesta social conocida como el "Aymarazo", fue realizada en el año 2011 por los pobladores de la zona sur de la región de Puno en defensa de los derechos de los pueblos originarios como: consulta previa, tierra y territorio, identidad, buen vivir de comunidades campesinas y el agua; principalmente contra el proyecto minero Santa Ana a cargo de la empresa Bear Creek. Lo que produjo varios procesados criminalizados por la protesta social.

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