La macro región norte desplaza al sur del país como zona de mayor conflictividad social, según el 21º informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú presentado el 13 de diciembre en Lima. A ello se suma que el gobierno actual aprobó recientemente uno de los mayores recortes de los estándares ambientales de los últimos 10 años, favoreciendo así a las empresas extractivas.
Servindi, 15 de diciembre, 2017.- El 2017 ha sido un año peculiar para el sector minero: nuevas tendencias se han abierto camino y anuncian una reconfiguración para el 2018.
Así, este año encierra un período excepcional de baja conflictividad social, reportándose 771 conflictos a noviembre. Sin embargo, el gobierno también aprobó —casi de manera desapercibida— uno de los mayores recortes de los estándares ambientales de los últimos 10 años, según el 21º informe del observatorio de conflictos mineros en el Perú (OCM).
“En este periodo se han preparado las condiciones para un debilitamiento de la institucionalidad ambiental que apuntan a sembrar una mayor conflictividad social”, afirmó José De Echave, director del Observatorio de Conflictos Mineros.
Tras cuatro años de caída en las concesiones mineras, este ciclo parece estar concluyendo y se podría estar iniciando una nueva etapa en la que se incremente la superficie concesionada, actualmente es de 14 por ciento del territorio nacional.
Los factores que explicarían esta tendencia serían la recuperación de los flujos de inversión, sobre todo en la exploración, y la política de formalización de la pequeña minería y minería artesanal.
La recuperación de las cotizaciones de algunos minerales como el cobre y el zinc desató entusiasmo en el sector empresarial, sin embargo, el reporte de OCM dibuja un escenario con proyecciones económicas más modestas.
Como el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoce, dicho organismo prevé un crecimiento con tendencia a la baja en el sector para el periodo 2018 - 2021 que alcanza el 2,6 por ciento.
“El promedio de este periodo está muy lejos del crecimiento de dos dígitos de los últimos 3 años. Todo indica que no llegarán a los niveles alcanzados en la década pasada”, afirmó De Echave.
Además, a diferencia de las décadas pasadas, la actual cartera de inversiones mineras no tiene proyectos de talla mundial; en la actualidad los más relevantes son Michiquillay (Cajamarca) y Quellaveco (Moquegua) que no superan los 3 mil millones de dólares cada uno, proyectos cuya maduración tomará su tiempo debido a los problemas financieros por los que atraviesa la minera anglo sudafricana Anglo American.
Otra novedad que reporta el informe OCM es que después de mucho tiempo la macro región norte desplaza al sur del país como zona de mayor conflictividad social, siendo Ancash la que encabeza la lista, con conflictos de torno a Barrick y Antamina.
Mientras la macro región sur sigue siendo la de mayor relevancia para la actividad minera, concentra la principal dinámica productiva de cobre, estaño y varios otros minerales. Asimismo allí se ubica el 50.7 por ciento de la cartera de proyectos de inversión liderada por Antapaccay, Constancia, Cerro Verde y Las Bambas.
Debilitamiento de la institucionalidad ambiental
La resolución ministerial Nº 276 - 2017 es una de las normas que marcará el devenir del escenario minero y social del 2018. Esta norma permite que la explotación minera de un grupo de proyectos se pueda realizar sin el requisito de evaluación y certificación ambiental de los impactos de sus operadores, tal y como prevé el Sistema Nacional de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA).
“Ahora, fuera del SEIA, no queda claro como el MINEM analizará el nivel de los impactos. Esta norma resulta de especial preocupación para los proyectos de exploración que se lleva a cabo sobre territorios de comunidades campesinas, nativas y de pueblos indígenas”, advirtió De Echave.
“El Ejecutivo ha optado por eliminar trámites, cediendo ante la presión de un sector del empresariado que todavía ve a los estudios de impacto ambiental como obstáculos para el desarrollo de sus emprendimientos”, remarcó.
Asimismo, la intensa campaña iniciada por la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo en contra de la protección de las cabeceras de cuenca —tomado como pretexto la promulgación de la Ley Nº 30640— ha hecho saltar las alarmas, pues agravaría la ya difícil situación de Perú que además de ser uno de los 10 países más vulnerables frente al cambio climático, sufre de una desigual distribución del recurso hídrico.
La desregulación ambiental podría traer consigo un nuevo incremento de la conflictividad social si las comunidades no sienten que sus derechos son adecuadamente garantizados por las autoridades, más aún si continúa la tendencia al crecimiento de las inversiones y del territorio concesionado.
Todo ello, en el marco de la poca voluntad del gobierno por retomar espacios de diálogo —como en el caso de Las Bambas— y la ausencia de una estrategia ante los conflictos, lo que ha quedado evidenciado en los cambios en el Viceministerio de Gobernanza Territorial, creado este año.
La predadora minería ilegal
Por otro lado, el informe OCM alerta del avance e impacto de la minería ilegal, especialmente en dos regiones. En Madre de Dios entre el 2015 y 2017 se han deforestado 1,570 hectáreas en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene y en la Reserva Nacional de Tambopata se habrían deforestado unas 490 hectáreas.
Asimismo, en Amazonas esta actividad opera impunemente y se va expandiendo sobre los ríos Cenepa, Santiago y Marañón, así como sobre la Cordillera del Cóndor, generando una grave contaminación de las fuentes de agua, deforestación y una grave afectación a los ecosistemas.
Para descargar informe completo puede dar clic en la imagen:
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