Servindi, 16 de octubre, 2018.- Compartimos el editorial "Poder judicial ordena que Fujimori vuelva a la cárcel" de Lucha Indígena N° 146, publicación mensual que tiene como director a Hugo Blanco Galdós.
Este ejemplar trae artículos sobre la amenaza de la Ley de Hidrocarburos, información sobre movilizaciones contra la corrupción al interior de país, sobre el caso de la orden de detención preliminar contra Keiko Fujimori, entre otros temas nacionales e internacionales.
Quienes deseen adquirir la versión impresa lo encuentran en los puestos céntricos de períodicos. Al final de esta nota puede descargar la edición virtual completa en pdf.
A continuación reproducimos el editorial.
Poder judicial ordena que Fujimori vuelva a la cárcel
En el marco del proceso de control de la sentencia ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, declaró fundado el pedido de la parte civil de no aplicar el «indulto humanitario».
Ante esto, Keiko Fujimori, dijo: «Es imposible que un juez intervenga en las decisiones tomadas por un presidente de la República para liberar a mi padre».
La resolución recoge los argumentos de la parte civil (conformada por los familiares de las víctimas) y la defensa de Alberto Fujimori.
Dispone que Fujimori regrese a la cárcel por crímenes que incluyen secuestros, sobornos y haber ordenado masacres a escuadrones de la muerte en la década de 1990.
Amnistía Internacional elogió la decisión, afirmando que «envía un claro mensaje de que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes».
El abogado Julio C. Mejía señala que PPK, al haberlo indultado vulneró lo sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) puesto que no cumplió su pena de 25 años por un tiempo considerable, no pagó la reparación civil, no dio disculpas públicas y tampoco reconoció su responsabilidad en los casos Barrios Altos, la Cantuta y otros.
Las víctimas (parte civil en el proceso penal seguido contra Alberto Fujimori) presentaron ante el Juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República el control de convencionalidad del indulto humanitario dictado a favor del condenado Alberto Fujimori, sus transcendentales fundamentos fueron:
• Los hechos delictivos de Barrios Altos y La Cantuta son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no procede el indulto.
• El indulto emitido mediante Resolución Suprema N°281-2017-JUS fue concedido de forma ilegal pues vulnera el marco constitucional, la jurisprudencia de la Corte IDH y los estándares internacionales.
• Señalan que la Corte IDH en el caso La Cantuta (párrafo 225), instauró que los delitos cometidos en este caso son crímenes contra la humanidad que no pueden quedar impunes, son imprescriptibles y no pueden ser comprendidos dentro de una amnistía.
El Estado peruano debe cumplir con sus obligaciones pendientes respecto a los familiares de las víctimas, como son las reparaciones (tanto civiles como en educación, salud y otras), búsqueda de desaparecidos/as, acciones educativas a funcionarios/as públicos.
Tenemos que reconocer a las familias de las víctimas y otras personas que empeñosamente buscaban que se haga justicia.
Los crímenes de Alberto Fujimori no son solo los arriba señalados. Sus grandes actos delictivos comenzaron con el golpe de estado que cometió al disolver el parlamento e implantar un régimen de terror. Si su principal cómplice, Vladimiro Montesinos está preso, ¿por qué su jefe estaba en libertad?
Quien escribe esto tuvo que huir del país porque se enteró que estaba sentenciado a muerte por el Servicio Nacional de Inteligencia (y también por Sendero Luminoso).
El 24 de marzo de 1992, la primera dama Susana Higuchi denunció públicamente a los hermanos de su entonces esposo y presidente de la República, Alberto Fujimori, de hacer un trabajo de selección con la ropa donada desde Japón para vender aquellas en buen estado y entregar "estropajos" a los peruanos más necesitados.
"Reciben donaciones de Japón, de ropa, la esposa de Santiago Fujimori. Se cogen los mejor para ellas y reparten estropajos utilizando mi nombre. Eso sí me indigna".
La denuncia de Higuchi, quien se divorció de Fujimori antes de las elecciones de 1995, dio pie a la investigación que finalmente derivaría en procesos contra Juana, Rosa y Pedro Fujimori, así como Víctor Aritomi Shinto, por el desvío de la ropa donada por empresas y ciudadanos japoneses, donación captada a través de la ONG, Apenkai.
Por haber hecho esa denuncia sufrió secuestro y encierro en el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y fue torturada con electroshock
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