Melchora Surco, presidenta de ADEPAMI, y Galo Vásquez, presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón, llegaron a Lima para brindar una conferencia de prensa sobre la situación de sus comunidades. Durante la actividad, Amnistía Internacional presentó la investigación Estado tóxico, informe que concluye que el Estado incumplió su deber de proporcionar atención médica a las comunidades de Espinar y Cuninico.
Por Meylinn Castro
Servindi, 14 de setiembre, 2017.- Melchora Surco Rimachi, presidenta de la Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (ADEPAMI), llegó a Lima desde su natal comunidad Alto Huancané, Espinar, Cusco, para exigir al Estado la remediación inmediata y efectiva para las personas expuestas a metales pesados y sustancias químicas.
La mujer de 63 años asegura que las comunidades de Espinar están siendo afectadas por la operación minera de la empresa Tintaya-Antapaccay.
”Cuando era niña, vivíamos tranquilos y felices. Nada nos faltaba. Todo cambió desde que inició el asiento minero. Ya no tenemos agua, terreno sano ni aire limpio. Todo está contaminado”, expresó en conferencia de prensa realizada por Amnistía Internacional.
Y es que, las comunidades de Alto Huarca, Cala Cala, Huisa, Huisa Collana, Alto Huancané y Bajo Huancané habitan en el área de influencia de la operación de la empresa minera mencionada.
Asimismo, un estudio realizado por el Ministerio de Salud (Minsa) evidenció que además de la exposición a metales pesados, las fuentes de agua de la población están contaminadas.
Entre lágrimas, Melchora Surco relató lo que le ocurrió a su nieto Yedamel López cuando tenía 7 años. Mediante una evaluación, las autoridades del sector salud encontraron en la orina del menor metales pesados, como el plomo, arsénico, cadmio y mercurio.
“Cuando mi nieto se enteró que tenía 17 metales se puso contento. Me dijo: ‘Mamá grande, estoy contento porque tengo metales en el cuerpo. Cuando sea grande voy a venderlos para ser rico. Tendré mi casa y mi carro’”, contó con la voz quebrada.
La lideresa de ADEPAMI comentó que en ese momento calló y lloró a solas. “No sabe lo que le espera en el futuro (…) Hasta aquí vengo para reclamar justicia para las comunidades de Espinar afectadas por la contaminación minera. Vengo a decir la verdad”, remarcó.
Situación de Cuninico
Por su parte, Galo Vásquez Silva, presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón, expresó que la situación de su comunidad Cuninico, Loreto, es similar a la de Espinar.
“En 40 años de explotación petrolera solo hemos percibido desgracia. Se está destruyendo el medio ambiente, los bosques, la medicina natural”, señaló el líder indígena.
Como se recuerda, en 2014 se reportó un derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico en el Tramo I del Oleoducto Norperuano, operado por Petroperú. De acuerdo a un estudio realizado en el mismo año por la Dirección Regional de Salud (DIRESA), los niveles de aluminio e hidrocarburos depositados en el agua de Cuninico superaban los límites permitidos para el consumo humano.
“A pesar de que tenemos evidencias contundentes, claras y precisas de esta situación, aún no nos están atendiendo (…) Los niños por necesidad toman agua contaminada. Se bañan y al día siguiente tienen alergia”, sostuvo Galo Vásquez.
Según María José Veramendi, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional, en este año se realizaron otras evaluaciones. Sin embargo, los resultados aún no son públicos.
Además, dijo que las afectaciones de salud de los pobladores no están siendo atendidas y que no se está brindado servicios de salud adecuados y especializados.
“Cuninico y Espinar son zonas que debieron haber sido priorizadas para la provisión de servicios especializados de salud. La comunidad de Cuninico cuenta con un puesto de salud que simplemente es un cascarón. No tiene nada adentro y no cuenta con personal especializado”, enfatizó.
Estado tóxico
La investigación Estado tóxico, realizada por Amnistía Internacional, se presentó recientemente en Lima y Cusco. Recoge los testimonios de diversas personas afectadas de las comunidades de Espinar y Cuninico. Asimismo, incluye declaraciones de especialistas.
El informe concluye que el Estado incumplió su deber de proporcionar atención médica a las personas contaminadas con metales pesados. “El Gobierno está obviando los derechos de salud y acceso de agua de las comunidades”, anotó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
Vale mencionar que la presentación de la investigación también fue acompañada por el lanzamiento de una campaña para exigir al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a tomar medidas eficientes e inmediatas ante la grave situación de estas comunidades.
Usted puede descargar el informe de investigación Estado tóxico a través del siguiente enlace: http://www.perutrainers.com/pdf/InformeEstadoToxicoAIPeru.pdf.
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