Servindi, 13 de abril, 2016.- Durante el mes de marzo se registraron seis nuevos conflictos sociales: tres en La Libertad y el resto en las regiones Ayacucho, Huancavelica y Junín, según el Reporte de Conflictos Sociales N° 145 de la Defensoría del Pueblo.
Durante ese período se reportaron en total 208 conflictos sociales: 142 se encuentran en estado activo y 66 en latente. Respecto al mes de febrero se reactivaron dos casos, se resolvió uno, dos pasaron de estado activo a latente, tres fueron pasados a observación y cuatro casos fueron fusionados en dos.
Respecto a los casos nuevos, en La Libertad dos conflictos son de tipo ambiental y uno es de tipo laboral.
En el distrito de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco, la población del caserío El Sauco exige a la empresa minera Barrick Misquichilca S.A. el pago de una indemnización por afectaciones al ambiente, específicamente a las fuentes de agua cercanas al caserío y de las que se abastece.
De otro lado, en Usquil, provincia de Otuzco, la población del centro poblado Barro Negro se opone a que la constructora Consorcio Papelillo, que ganó una licitación convocada por la Municipalidad de Usquil, inicie la construcción de una carretera muy cerca de la ribera de la laguna San Lorenzo considerada como zona intangible, por el temor a que la obra pueda afectar la calidad del agua de dicha fuente.
El conflicto por un tema laboral se presenta en el distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, donde trabajadores de la Agroindustrial Casa Grande reclaman a la empresa mejoras en sus remuneraciones salariales y laborales.
En la región Ayacucho, pobladores de la comunidad campesina Uchuypampa exigen a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) el pago por derechos de servidumbre a los nuevos posesionarios de los terrenos de la zona de influencia.
En Junín, habitantes del centro poblado menor de Andaychagua reclaman por presunta contaminación ambiental y afectaciones a la salud de las personas por las actividades mineras de la empresa minera Volcan.
En Huancavelica, organizaciones sociales de la provincia de Tayacaja, donde el conflicto tiene que ver directamente con Gobierno nacional, reclaman al Ministerio de Educación la conformación de la comisión organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja para su funcionamiento.
Casos reactivados
Durante marzo se reactivaron dos casos. Se trata de los casos “Mareniyoc-Barrick” en Áncash y “Antauta y Ajoyani-Minsur” en Puno.
El primero se reactiva luego de cuatro meses sin actividad, debido a que las partes se han reunido para retomar la agenda pendiente referida al abastecimiento de agua para la comunidad. El otro caso estuvo en latencia por catorce meses, y se reactivó cuando la población inició una paralización exigiendo que la empresa atienda sus reclamos.
Acceda al Reporte de Conflictos Sociales N° 145 de la Defensoría del Pueblo haciendo clic aquí.
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