Por César Reyna Ugarriza
13 de octubre, 2016.- Desde la Carretera Central (altura del KM. 152), la ciudad de Nueva Morococha (1) (2) luce como un complejo urbano de viviendas uniformes, dispuestas unas tras otras como si fuera un campamento minero. Los techos y paredes de las casas son del mismo color (rojo bermellón y blanco pálido) y no parece haber mayor actividad económica o comercial en sus calles. El tránsito es inexistente pues las vías están despejadas.
A simple vista algo no parece estar funcionando en una ciudad, ubicada a menos del kilómetro 15 del proyecto minero más importante del centro el país, el Proyecto cuprífero Toromocho, calificado de megaproyecto por el monto de inversión requerido y los volúmenes de material procesado (más de US$ 4 mil millones y entre 160 mil y 170 mil TM, respectivamente). Se estimaba que la ejecución de Toromocho –iniciado en 2013– dinamizaría las actividades económicas de la zona, es decir, generaría empleo local, oportunidades de negocio, crecimiento sostenido y mejoras significativas en las condiciones de vida, pero nada de esto ha ocurrido –ni viene ocurriendo– debido a la mala planificación del reasentamiento poblacional.
Cabe resaltar que cuando se aprobó el EIA de Toromocho (2010) (3) no existía –y no existe a la fecha– marco legal aplicable a los reasentamientos poblacionales promovidos por empresas privadas (4), hecho reconocido por el Ministerio de Vivienda durante el proceso de evaluación del citado EIA (5). Esto es sumamente grave, pues se afectaron derechos fundamentales (a la salud, propiedad, patrimonio, etcétera) sin contar con normas, procedimientos, guías y manuales técnicos sobre cómo realizar reasentamientos promovidos por particulares, por ello el EIA se sustentó en las políticas operacionales y de procedimiento de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés)(6).
La ausencia de marco normativo y la falta supervisión del proceso por parte del Estado fueron los principales detonantes de la difícil situación socioeconómica que atraviesa la población de Nueva Morococha. Esto ha venido propiciando el despoblamiento de sus residentes, quienes migran ante la falta de oportunidades de trabajo y por mejor salud y educación. En el censo realizado reciente por la Municipalidad Distrital de Morococha (MDM), se halló que cerca del 60% de viviendas estaban desocupadas o en proceso de alquiler o venta. Lo anterior se relaciona con la abrupta caída en la tasa de matrículas escolares y el abandono progresivo de estudiantes durante el año escolar(7).
A modo de precisar el grado de afectación, las cifras de pobreza más recientes revelan que el 54,8% de la población del distrito es pobre, de los cuales 45.2% son pobres y 9.6% son pobres extremos, según cifras del INEI del 2014. Pero en el 2009, según el “Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009” del INEI, la pobreza afectaba al 45,2% de la población (35,8% eran pobres no extremos y 9,6% pobres extremos). De lo que se desprende que el 54,8% de la población tenía ingresos por encima el nivel de pobreza. En otras palabras, la pobreza aumentó en 9% luego del reasentamiento, pese al desarrollo de del Proyecto Toromocho que prometía generar empleo y otros tantos beneficios(8).
En la última sesión de la Mesa de Diálogo para el Proceso de Reasentamiento Poblacional de Morococha (MDPRPM), espacio creado por la R.M. N° 131-2012-PCM, y modificada por la R.M. 091-2016-PCM, Minera Chinalco Perú S.A., responsable del reasentamiento, indicó a través de sus representantes que la mayoría de trabajadores morocochanos que laboran en la empresa (aproximadamente 80%) se mudaron de Nueva Morococha hacia otros destinos luego de percibir mejores salarios. Esto también viene sucediendo con los morocochanos que trabajan para los contratistas vinculados al proyecto. La tendencia es que trabajadores en planilla de Chinalco y empresas contratistas cambien de residencia en el corto o mediano plazo, con lo cual se profundizarán los problemas de la ciudad en términos de ingresos, consumo y movimiento económico.
Ante las duras consecuencias o impactos socioeconómicos no mitigados adecuadamente, los pobladores presentaron quejas reiteradas a OEFA por el incumplimiento de los compromisos sociales de Chinalco en el ámbito del EIA y PAR (Programa de Acción para el Reasentamiento), referidos a empleo, desarrollo, capacitación para el trabajo, etc., ya que en virtud de sus facultades puede supervisar la gestión social de las empresas del sector minero (9). Sin embargo, a la fecha la entidad no ha mostrado ningún informe sobre sus acciones de fiscalización y control (10).
Es preciso mencionar que las políticas y directivas operacionales de la banca multilateral, a las que Chinalco se adhirió en el marco del EIA, señalan que, como resultado de la ejecución de un proyecto extractivo, los reasentados queden en una situación que no sea peor, sino que de preferencia mejor de la que tenían antes del reasentamiento. Para este fin, deben determinarse todos los impactos, medidas para mitigar los efectos negativos, compensar las pérdidas y proporcionar beneficios para el desarrollo de la calidad de vida de las personas.
Con respecto a la Mesa de Diálogo, debemos mencionar que este espacio participan actores del sector público (los tres niveles de gobierno), empresarial y social desde el 2010; pero no ha servido para atender las numerosas y justificadas demandas de la población, siendo una de ellas la elaboración de una Línea de Base Socioeconómica y Ambiental (11),a fin de medir los impactos reales del reasentamiento (la información de este instrumento será necesaria para diseñar medidas apropiadas para tratar los problemas existentes). La población también considera necesaria la realización un Estudio de Riesgos actualizado y rigurosamente elaborado, ya que el realizado por INGEMMET solo se limitó a verificar la información documental contenida en el EIA (Anexo AD) sin contar con equipo o gabinete de trabajo, realizar labores de campo, recolectar muestras para luego analizarlas en laboratorio, entre otras graves deficiencias metodológicas (12). Existen, por supuesto, evidencias preocupantes (13) que motivan dicho estudio como la presencia de metales pasados que superan los Límites Máximos Permisibles (en plomo, arsénico, etcétera), la amenaza de inundación por el desborde de lagunas cercanas utilizadas como depósito de relaves, la licuación de suelos por la composición blanda y acuosa de los mismos, entre otros. (14)
La población siempre mostró opinión favorable al avance del proyecto, y todavía la tiene, pero cuestiona la forma en la que se ha venido desarrollando el proceso de reasentamiento. La ausencia de planificación se debió en gran medida a la premura del MEM y la empresa por lograr el funcionamiento de la operación, descuidando, como suele suceder, el aspecto o componente social, el más vulnerable de todos, que debió recibir mayor atención por parte de las autoridades y del sector privado. Estas deficiencias institucionales han puesto en tela de juicio la sostenibilidad de Nueva Morococha, pues corre el riesgo de convertirse en una ciudad fantasma o mayormente deshabitada.
Parte de la explicación de la problemática reside en que los responsables consideraron el reasentamiento como un mero traslado, desplazamiento o mudanza de población, sin considerar la sostenibilidad económica y social de la misma. Esto se aprecia en la R.M. 091-2016-PCM, que modifica algunos aspectos de la Mesa de Diálogo (artículos 1°, 3° y 5° de la R.M. 131-2012-PCM), toda vez que señala como “finalidad culminar el proceso de reasentamiento y la suscripción de un convenio marco”, proceso que muestra un avance de 97.5%, según cifras proporcionadas por Chinalco (15), sobre cuyo terreno pretende desarrollar la ampliación del proyecto por un valor de US$ 1350 millones (16).
Finalmente, la Mesa donde deben discutirse estos y otros problemas concluirá funciones el 31 de diciembre del 2016, tal como lo dispone el artículo 5° de la R.M. 091-2016-PCM. De no ampliarse el periodo de vigencia, la población perderá un espacio para canalizar demandas y exigir respuestas de funcionarios gubernamentales y empresariales. Si bien el diálogo no ha sido realmente productivo, este espacio es sumamente necesario para evitar que el conflicto no se manifieste por vías o maneras no deseadas.
Notas:
(1) Desde hace 4 años la población de la ciudad de Morococha fue trasladada a una nueva ciudad (Nueva Morococha) para facilitar el desarrollo del Proyecto Toromocho, de Minera Chinalco Perú S.A., donde las condiciones de vida han empeorado paulatina y drásticamente, poniendo en serio riesgo su viabilidad como capital del distrito del mismo nombre.
(2) En virtud de la Ley N° 30081, el Congreso aprobó el cambio de ubicación geográfica de la capital del distrito de Morococha, alegándose en la Exposición de Motivos de la citada norma, que en base a un informe presentado por INGEMMET, se hallaron una serie de peligros en Morococha Antigua, motivo por el que dicha institución recomendó la reubicación de la población de la entonces capital del distrito.
(3)El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado el 14 de diciembre del 2010 mediante la Resolución Directoral Nº 411-2010-MEM/AAM.
(4) Informe N° 015-2010-VIVIENDA-VMVU/DNU/DOT, del 11 de febrero de 2010.
(5) Dicho instrumento tampoco contó con opinión técnica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que de acuerdo a la Ley Nº 28223 (Ley sobre los desplazamientos internos y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2005-MIMDES), es el ente encargado de supervisar el proceso de reasentamiento en todas sus etapas, que actualmente participa en la Mesa de Diálogo para el Proceso de Reasentamiento Poblacional de Morococha (MDPRPM).
(6) Se aplicaron de manera conjunta la Directriz Operacional 4.30 del Banco Mundial, Reasentamiento Involuntario (OD 4.30). Y la Política Operativa OP-710 del Banco Interamericano de Desarrollo ID).
(7) Según el reportaje “Nueva Morococha: las consecuencias del reasentamiento”: “Los escolares cuentan que cada año tienen menos compañeros de clases. El número de estudiantes matriculados en las instituciones educativas del distrito de Morococha se ha reducido tras la mudanza. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2012 sumaban los 1589 estudiantes y en 2015 se redujo a 1164”. Disponible en: https://es.mongabay.com/2016/07/nueva-morococha-las-consecuencias-del-re...
(8) Encuesta Nacional de Hogares 2014 (ENAHO, INEI), Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2014 (ENDES, INEI). Disponible en: http://www.midis.gob.pe/mapas/infomidis/
(9) A través de las facultades que le concede el D.S. N° 040-2014-MEM, que aprobó el Nuevo Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación Beneficio Labor General Transporte y Almacenamiento Minero, que deroga el antiguo Reglamento aprobado por D.S. N° 016-93-EM.
(10) En febrero de 2016 OEFA realizó un taller en el auditorio de la municipalidad en Nueva Morococha y fue informada de manera documentada de los graves problemas ambientales y sociales.
(11) Esta actividad tiene por objeto complementar la definición de la situación ambiental del área de reasentamiento en base a la evaluación de antecedentes y actividades puntuales en campo con el doble objetivo de, por una parte, establecer los parámetros e indicadores que permitan realizar la evaluación y seguimiento posterior de la efectiva respuesta ambiental de los mismos, y por otra parte, reconocer el grado de acuerdo de las evaluaciones preliminares a efectos de plantear potenciales ajustes a las mismas.
(12) Informe geológico de Nueva Morococha elaborado por la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). El informe se denomina “Evaluación Ingeniero-Geológica de la Zona de Carhuacoto – Reasentamiento del Distrito de Morococha” del INGEMMET, de setiembre del 2012, cuyo único responsable es el Ing. Lionel Fidel Smoll, CIP N° 20828.
(13) Se encuentran en el Informe N° 055-2011- VIVIENDA, denominado “Estudio para la Estimación de Riesgos de Desastre para la Zona de Carhuacoto (Nueva Morococha)”.
(14) Estas amenazas potenciales fueron identificadas en el Anexo AD, que es el “EIA del Proyecto de Reasentamiento de la Ciudad de Morococha”, elaborado por la consultora Knight Piésold en el 2009, documento esencial en todo análisis sobre la evaluación de peligros o riesgos geológicos.
(15) El 2.5% de la población restante permanece en Morococha Antigua y sufre en la actualidad el impacto de las actividades de la empresa como voladuras y detonaciones que afectan su vida, salud, integridad y propiedad.
(16)Diario Gestión del 25 de setiembre del 2016. Disponible en: http://gestion.pe/economia/cartera-proyectos-mineros-peru-asciende-us-45...
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