12 de diciembre, 2018.- La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) junto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia (APDHB) presentaron el Informe 2018 respecto a la situación de los derechos humanos en el país, donde se observa que una tendencia a menoscabar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.
Respecto a la libertad de expresión, el Informe señala que durante el 2018, el Estado boliviano ha mantenido una tendencia vulneratoria contra quienes investigan, critican o se oponen a la gestión gubernamental.
“Una de las prácticas más comunes es la estigmatización de personas u organizaciones, entendida como la emisión de juicios de valor que las minimizan y menosprecian en el ámbito público. En varias ocasiones, altas autoridades públicas han descalificado las opiniones, los cargos, el trabajo y las capacidades de medios de prensa, instituciones, organizaciones políticas y plataformas ciudadanas, menoscabando su derecho a impartir información y opiniones”, dice el documento presentado por la directora de UNITAS, Susana Eróstegui.
El documento también señala que también menoscaban la libertad de expresión actos como la clausura temporal de la radio Gran Chaco en Yacuiba o la sugerencia del presidente Morales a los pobladores de Los Yungas para que prohíban el ingreso de cualquier grupo opositor a la zona y el proyecto de ley propuesto para sancionar la mentira.
Advirtió además que organizaciones sociales afines a los mandatarios “presionan a medios de comunicación con el fin de limitar la difusión de información real y objetiva, que podría verse como perjudicial para el gobierno nacional, inclusive aplicando persecución y asfixia operativa o económica a aquellos medios que no se sometan, provocando que muchos actores sociales o medios de comunicación se autocensuren”.
El Informe indica que, respecto al derecho a la posibilidad de toda persona a acceder a información en poder del Estado, la Asociación Nacional de Prensa denunció que, durante los últimos 12 años, se ha presentado escasa difusión de datos, y que ésta “no responde a las inquietudes de la sociedad civil”.
En lo relacionado a la protección de fuentes, destaca que el caso de Jhiery Fernandez confirma una tendencia generalizada de vulneración a la libertad de expresión, considerando que la Fiscalía General del Estado exigió a la Red ATB que revele la fuente que le permitió acceder al audio que develó la inocencia del médico.
Asimismo evidencia que, a pesar de que existe reconocimiento constitucional al derecho al acceso a la información pública, “en la práctica se enfrenta muchas dificultades para obtener información de manera objetiva, completa, detallada y oportuna, lo que limita la capacidad de los actores, tanto para disponer de datos fiables para aportar en las consultas como para el seguimiento de la implementación de la correspondiente política de desarrollo”.
En lo que respecta a la libertad de asociación, el documento denuncia que existe muchas limitaciones principalmente por una burocracia estructural, la cual se ha intensificado los últimos años.
Explicó que las organizaciones de la sociedad civil deben pasar por esa burocracia para obtener los registros necesarios y operar a nivel, pero “cuando lograron superar procedimientos largos y engorrosos, son susceptibles de enfrentarse a la revocatoria de su personería jurídica en el marco de un proceso poco respetuoso con los estándares internacionales que alcanzan al derecho de asociación, sobre todo en caso de incidir o actuar en contra de los lineamientos del Gobierno Nacional, especialmente cuando se debaten temas sensibles sobre derechos humanos y medio ambiente”.
En cuanto a la protección a grupos vulnerables, el Informe que el Gobierno nacional otorgar un mínimo cuidado tanto a la población como a las organizaciones que abogan por sus derechos, y en muchos casos se ha utilizado la fuerza pública para reprimir manifestaciones. Mencionó los casos de la UPEA y y Adepcoca.
Se menciona también que el drama de los enfermos con cáncer que se visibilizó con la movilización de miembros de la Asociación de Personas con Cáncer, Familiares y Voluntarios, ejemplifica que la normativa que reconoce los derechos a favor de poblaciones vulnerables no tiene el respaldo político o financiero.
También se entregó reconocimeintos a Amparo Carvajal y la Asociación de Pacientes con Cáncer.
El tema de los pueblos indígenas, también es mencionado por “la falta de protección a sectores vulnerables donde no se cumplen los estándares de protección y las garantías de derechos, poniendo como ejemplo los casos de las hidroeléctricas El Bala y Rositas, donde el Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas y reveló la violación del derecho a la consulta de los pueblos originarios en Bolivia.
En cuanto a la institucionalidad democrática, el informe se refiere a dos casos específicos de entidades de las cuales pone en duda su independencia: el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) con directores interinos durante los últimos 12 años y que permite titulación de tierras en reservas naturales; y el Tribunal Supremo Electoral por la programación de Elecciones Primarias de manera repentina y la habilitación del binomio Morales-García Linera.
“Es imperante que el Estado se enfoque en el mejoramiento de las políticas para la protección de los derechos, considerando que las tres libertades (asociación, reunión pacífica y Expresión) son las bases fundamentales de una sociedad democrática de Derecho, y que es deber del Estado garantizarlas y priorizar su protección. Esta importancia reviste de igual manera a los derechos de los defensores de Derechos Humanos y a la consolidación de la Institucionalidad Democrática de manera transversal al Estado”, concluye el Informe leído por Eróstegui.
Añadir nuevo comentario