Ante la CIDH, diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Gobierno de Nicaragua generar un marco normativo para la protección de los defensores ambientales.
Servindi, 11 de mayo, 2018.- Diversas organizaciones de la sociedad civil exigieron al Estado de Nicaragua dejar de criminalizar a los defensores ambientales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Vanessa Cueto, presidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señaló que esta criminalización “se evidencia en el debilitamiento de los estándares ambientales y sociales (…) y casos de corrupción asociados a sobornos de proyectos”.
Por su parte, Heizel Torres, miembro del Centro Humbolt, sostuvo que el Gobierno de Nicaragua no ejecuta la consulta previa, otorga concesiones mineras sin respetar los procesos establecidos y no ha generado un marco normativo para proteger a los defensores ambientales.
Voz de defensor
Olman Salazar, defensor y secretario del Movimiento Nacional Ambientalista frente a la Minería Industrial (Monafmi) manifestó que viene recibiendo una serie de hostigamientos a raíz de denunciar que el Estado de Nicaragua autorizó la exploración minera en la comunidad La India sin realizar una consulta previa.
“He venido recibiendo amenazas y presiones indebidas por parte de la Policía de Nicaragua […] Cuando hemos intentado denunciar esos atropellos, las autoridades judiciales no realizan las investigaciones necesarias y perpetúa la impunidad en beneficio de las autoridades estatales y funcionarios de la empresa, y en perjuicio de quienes defienden los recursos naturales, el derecho a la consulta, la participación”, expresó.
Recomendaciones
DAR y el Centro Humbolt junto con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) –organizaciones de la sociedad civil que participaron en la sesión– solicitaron a la CIDH recomendar al Estado de Nicaragua lo siguiente:
- Cumplir el marco legal sobre el derecho de acceso a la información, participación y consulta, en particular frente a decisiones estatales relacionadas con la gestión de recursos naturales.
- Generar mecanismos de transparencia y participación en los procesos de concesión, evaluación, fiscalización y monitoreo ambiental.
- Dejar de intimidar, hostigar y criminalizar a los defensores ambientales.
- Generar un marco normativo nacional sobre la protección de defensores ambientales que incorpore los estándares interamericanos y el acuerdo regional de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental.
- Autorizar a una delegación de la CIDH visitar el país con el fin de esclarecer los hechos recientes de violencia contra participantes de manifestaciones, incluyendo los casos de criminalización, persecución y violencia contra defensores ambientales.
Cabe mencionar que las peticiones se realizaron durante el 168 periodo de sesiones de la CIDH durante la audiencia pública “Denuncia de Violación de Derechos Humanos y Criminalización de personas defensoras en el contexto de industrias extractivas en Nicaragua” realizada en Santo Domingo, República Dominicana.
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