Desde que empezaron las protestas, en diciembre de 2022, al menos 39 personas han fallecido en enfrentamientos con fuerzas de seguridad y otras 518 resultaron heridas.
Servindi, 11 de enero, 2023.- La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, expresó su preocupación por la situación de violencia en Perú y pidió que se investigue las muertes registradas en protestas.
Asimismo, llamó a las fuerzas de seguridad a respetar los derechos humanos y garantizar que solo hacen uso de la fuerza cuando es estrictamente necesario y aplicando principios de legalidad, precaución y proporcionalidad.
El llamado de la representante de la ONU se produjo un día después de los enfrentamientos registrados el 9 de enero en Puno, al sur del Perú, en que 17 civiles y un policía fallecieron.
“Estamos muy preocupados por el aumento de la violencia en Perú, que el lunes 9 de enero vivió uno de los días más mortíferos desde que comenzaron los disturbios a principios de diciembre”, expresó.
Tras lo ocurrido en Puno, el número total de muertos en protestas asciende a 39 personas, a las que hay que añadir 518 heridos en enfrentamientos con la policía y fuerzas armadas.
Ante ello, Hurtado instó a las autoridades a llevar a cabo “investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las personas muertas y heridas, y que se garantice a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación”.
También recordó la necesidad de que se respete y proteja los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, ya que son características esenciales de la vida democrática.
Por último, ante iniciativas para promover el diálogo desde el Ejecutivo, resaltó que es “esencial que cualquier negociación incluya a todas las partes, especialmente a los movimientos de protestas”.
Cabe señalar que la noche del 10 de enero, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció el inicio de una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas.
"La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones de los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023", precisó la Fiscalía.
La medida alcanza también al premier Alberto Otárola y a los ministros Víctor Rojas (Interior) y Jorge Chávez (Defensa), así como el primer jefe de gabinete del Gobierno de Boluarte, Pedro Angulo, y el exministro del Interior César Cervantes.
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