Servindi, 11 de enero, 2018.- A través de Geocatmin, base de datos del Instituto Geológico Minero Metalúrgico (Ingemmet), quedó constatado que las concesiones mineras del proyecto minero Santa Ana (Puno), hasta entonces de propiedad de la empresa minera canadiense Bear Creek Corporation, se encuentran extinguidas.
Así, queda revertida y su dominio vuelve al Estado peruano, de acuerdo con el artículo N° 58 de la Ley General de Minería (Decreto Supremo N° 014-92-EM), el cual señala que las concesiones mineras se extinguen por caducidad, abandono, nulidad, renuncia y cancelación.
El proyecto minero Santa Ana estuvo conformado por Karina 1, Karina 2, Karina 5, Karina 6, Karina 7 y Karina 9A, que comprendían un área de 5 400 hectáreas.
Resumen del derecho minero de Karina 1. Fuente: Ingemmet.
Resumen del derecho minero de Karina 2. Fuente: Ingemmet.
En este caso, la empresa Bear Creek Mining Company manifestó el 13 de noviembre de 2018 su renuncia a las concesiones mineras que conformaban el proyecto minero Santa Ana.
Controversias
La ejecución del extinto proyecto estuvo pragada de críticas por parte de la población de la zona. Las movilizaciones en su contra denunciaron riesgos de contaminación de las fuentes de agua (incluyendo el Lago Titicaca que comparten Perú y Bolivia), la falta de consulta a las comunidades y la ilegalidad del proyecto.
Tras muestras de represión —como el caso de Walter Aduviri, acusado por supuestos delitos cometidos durante el conflicto socioambiental del “Aymarazo”—, el Gobierno optó por cancelar el proyecto con el fin de aplacar las protestas de más de treinta días en junio del 2011.
Ante esto, la minera canadiense interpuso un arbitraje contra el país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial el año 2014. y, tras un largo proceso, este falló a su favor.
El Estado peruano condicionó el pago de la reparación (US$ 32.2 millones) que exigía la empresa a cambio de que renunciara a las concesiones mineras del mencionado proyecto. La exigencia finalmente se concretó pese a la oposición de diversos sectores.
Uno de ellos fue Patricio Illacutipa, el entonces presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la provincia de la zona sur - Puno (FREDERNAMA-Sur de Puno), quien amenazó con realizar un segundo “aymarazo”, en caso de aprobarse el pago por considerarse injusta.
“Durante esos 45 días (del Aymarazo) no se cosechó nada, nosotros vivimos de la agricultura, de la ganadería, del comercio, y hubo pérdidas millonarias. Nosotros no deberíamos de pagar, ellos tendrían que pagarnos a nosotros”, indicó el pasado agosto de 2018.
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