La tercera ronda de negociaciones para elaborar un tratado vinculante para que las multinacionales respeten los derechos humanos ha llegado a su fin, pero la oposición de la Unión Europea y Estados Unidos lo ponen en peligro
Por Erika González y Tom Kucharz
OMAL, 109 de noviembre, 2017.- En la sede de la ONU de Naciones Unidas en Ginebra, ha acontecido durante toda la semana la tercera sesión del grupo de trabajo, tal y como ya se publicó en El Salto, que tiene como mandato elaborar una normativa internacional vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Solo faltaba una cosa: conocer el desenlace de las discusiones y si iba a poder continuar el proceso.
A las 6.20 horas de la tarde del viernes, el embajador ecuatoriano y presidente del grupo de trabajo, Guillaume Long, daba un golpe con el mazo para confirmar la aprobación por consenso del informe que marcará los siguientes pasos y cerrar así la sesión. Aunque, en ese momento, el representante de la Unión Europea (UE) estaba levantando su tarjeta para hablar. De nuevo iba a intervenir para expresar sus reservas y la oposición de la UE a que este proceso avanzara, pero llegó tarde. El hecho de que se admitiera una de sus propuestas en el texto final le hizo vacilar, con lo que se cerró la sesión con la mirada puesta en 2018.
Las organizaciones sociales y de derechos humanos allí presentes celebraron la aprobación de un informe que incluía dos aspectos cruciales. Primero, convocar al grupo de trabajo a una cuarta sesión el año que viene. Segundo, presentar un borrador del texto del instrumento jurídicamente vinculante cuatro meses antes de dicha sesión, con el fin de recibir enmiendas que permitan llegar a consensos y a su aprobación. “El tratado vinculante sigue hacia una cuarta sesión en 2018. Aunque no todos los países jugaron limpio, intentar pararnos solo nos hace más fuertes”, afirmaba la Alianza por el Tratado, una articulación de centenares de entidades y redes sociales de todo el mundo. Efectivamente, la presencia de numerosos representantes de la sociedad civil organizada— más de 200 delegados y delegadas procedentes de 80 países— hizo que se mantuviera una fuerte actividad de incidencia sobre los Estados. Y eso jugó un papel fundamental de cara a la continuidad del grupo de trabajo.
La UE mantiene su oposición
El viernes había empezado con la certeza de que la UE iba a hacer descarrilar el proceso. De hecho, la UE convocó a las organizaciones sociales y de derechos humanos a una reunión. En ella, Jerome Bellion-Jourdan, portavoz de la misión europea ante la ONU, sostuvo que nada de lo que se había hablado en la semana le había convencido para continuar con el proceso y avanzar en la creación de normas vinculantes dirigidas a las grandes corporaciones. Ante la indignación de los presentes, siguió insistiendo en que no hacía falta porque ya existen los Principios Rectores y unos códigos voluntarios que resultan “suficientes”. Todo lo contrario a lo manifestado por la mayoría de juristas, expertos y representantes de los Estados que habían intervenido durante toda la semana.
Esa misma línea fue la que siguió el representante del Estado español, que planteó la necesidad de un rápido “acceso a la justicia, la reparación y la prevención” para la población afectada por los impactos empresariales. España ha aprobado recientemente su Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos que, según el diplomático, “garantiza el acceso a justicia y reparación”. Pero, como sostienen los investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), este Plan se aprobó “sin ningún tipo de consulta a la sociedad civil ni cauces de participación, con una absoluta falta de transparencia”. Y en él, en realidad, “no hay ninguna mención al diseño de mecanismos de evaluación y seguimiento, nada que decir sobre la necesidad de promover instancias de control para afrontar los incumplimientos de una normativa internacional sobre derechos humanos… que debería ser de obligado cumplimiento”.
En este contexto, con los Estados en posiciones bastante distantes, muchos de ellos decidieron participar en un espacio de consultas informales que tuvo lugar justo antes de iniciar el tramo final de la semana. Las negociaciones fueron intensas y obligaron a que la reunión oficial se tuviera que retrasar más de dos horas. No es para menos, porque países como Ecuador, Sudáfrica y Filipinas se emplearon a fondo para ver las posibilidades de acuerdo en el documento con los pasos a seguir. Por cierto, a esta reunión paralela sí acudió un país que había ignorado este proceso desde el inicio: Estados Unidos.
Estados Unidos, junto a la Unión Europea
Después de un almuerzo entre los diplomáticos de la UE y EEUU, estos últimos aparecieron por el espacio de consultas para afirmar que la continuidad del grupo no tenía sentido. “El mandato solamente es por tres años y el presidente no puede asumir que continuará. Nos oponemos a la mención de una cuarta sesión. El grupo de trabajo debe informar al Consejo de Derechos Humanos y esperar”, dijeron. La postura estadounidense fue secundada por México, Australia, Noruega y Suiza. De este modo, se ignoraba la intervención de la propia secretaría del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que había rechazado previamente la interpretación que daba por liquidado el mandato y sostenía que este debía continuar hasta lograr elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante.
Mientras ocurría todo esto, a falta de media hora para dar por finalizada la tercera sesión, la sala donde debía celebrarse la sesión final del grupo de trabajo seguía medio vacía. Solo estaban las activistas de derechos humanos y los representantes de las comunidades afectadas, que tomaron la palabra para exigir la continuidad y la aceleración de la elaboración de normas obligatorias para las grandes corporaciones. Y sus voces se expresaron tanto en la sala como en un comunicado publicado el mismo viernes por la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo. Tchenna Maso, portavoz de La Vía Campesina, señaló cómo los gobiernos que se opongan a la creación de este instrumento actúan en complicidad con las violaciones de las transnacionales y también llamó la atención sobre “la posición de la Unión Europea, que está obstruyendo el proceso”.
La sesión finalizó cuando el presidente del grupo confirmó el consenso sobre la aprobación del informe, con unas recomendaciones y conclusiones que contemplaban la continuidad del proceso. Fue entonces cuando decenas de activistas se pusieron de pie en la Sala de la Alianza de Civilizaciones para reunirse en el centro de la misma, aplaudir y enarbolar la publicación que contiene sus propuestas para un instrumento vinculante.
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Próximos pasos
Entonces, ahora que hay una convocatoria para reunirse el próximo año y unos plazos que supuestamente van a conducir a la elaboración del instrumento vinculante, ¿solo queda centrarse en la letra y contenidos de este tratado? Mucho nos tememos que no. Porque los Estados centrales y los lobbies empresariales que rechazan este posible nuevo marco jurídico no han hecho otra cosa que iniciar su estrategia de bloqueo. Y es esperable que a lo largo de 2018 pongan en marcha diferentes vías para seguir intentando descarrilar el proceso.
Es lo que hicieron en las anteriores ocasiones en que en Naciones Unidas se trató de frenar la impunidad de las empresas transnacionales. Un vistazo a la historia de este organismo multilateral nos muestra cómo, después de que durante dos décadas se estuviera debatiendo sobre el código de conducta obligatorio para las grandes corporaciones, este nunca llegó a ver la luz. Y también que el proyecto de normas destinadas a las multinacionales, aprobado en 2003 por la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue ignorado para poner en su lugar los códigos de conducta y los acuerdos voluntarios.
Eternizar los procesos es una de las formas más recurrentes para bloquear procesos en la ONU por parte de las grandes potencias. La burocracia, los textos ambiguos, los continuos cuestionamientos del procedimiento y de la interpretación de los mandatos son algunas de las herramientas que va a seguir utilizando la UE. Y, por lo que parece, ahora también Estados Unidos. Las próximas reuniones del Consejo de Derechos Humanos, que tendrán lugar en marzo y junio del año que viene, podrán tornarse aún más favorables a las exigencias de estos países, porque ha habido un cambio en la composición de ese organismo. Ahora, la mayoría de los Estados que han entrado a ocupar un asiento permanente en el Consejo de aquí a 2020, incluido España, son hostiles al instrumento vinculante. Así, parece probable que los países alineados con la UE y EEUU presenten resoluciones para hacer caer el proceso de creación de normas que obliguen a las empresas transnacionales a cumplir los derechos humanos.
Las organizaciones sociales, conocedoras de que este camino en Naciones Unidas será largo y difícil, se preparan para ello y ya están trabajando para seguir extendiendo todo lo posible el apoyo social y político a la creación de mecanismos de control que frenen la impunidad de las grandes corporaciones. Van a continuar presionando a la UE con el fin de fortalecer las posiciones más cercanas al instrumento vinculante dentro de la región, como son las que parecen tener Francia, Bélgica, Holanda e Italia. Y también al Estado español, donde en el Congreso de los Diputados se ha iniciado un proceso para implementar instrumentos internos que generen instrumentos efectivos para controlar a las compañías multinacionales. Para que la propuesta tenga recorrido en el legislativo, el papel que tienen los grupos parlamentarios es clave. De momento, ya se ha conseguido un amplio apoyo entre organizaciones sociales, sindicales y de cooperación internacional.
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