Defensoría del Pueblo observó estas deficiencias en iniciativa del Ejecutivo que busca crear la Autoridad Nacional de Infraestructura para cerrar brechas con proyectos de inversión.
Servindi, 9 de mayo, 2023.- El proyecto de ley 4642 presentado por el Ejecutivo para crear la Autoridad Nacional de Infraestructura y cerrar diversas brechas con proyectos de inversión pondría en riesgo el ambiente y los derechos de la población.
Esto debido a plantea una serie de flexibilizaciones en las exigencias ambientales con las que deberían cumplir los proyectos de inversión para prevenir y mitigar sus posibles impactos negativos.
Así lo sostiene la Defensoría del Pueblo que remitió un conjunto de aportes al Congreso dirigidos a mejorar el proyecto y evitar que se desnaturalice el carácter preventivo de la evaluación ambiental.
Un aspecto de la iniciativa legislativa cuestionado por el organismo es que un proyecto de inversión pueda ejecutarse sin contar con certificación ambiental, si su evaluación no culmina dentro del plazo de 30 días hábiles.
Para la Defensoría, esto podría limitar la evaluación del proyecto, que requiere de un tiempo necesario para recoger opiniones técnicas, acceder a información pública ambiental y de participación ciudadana, entre otros.
Además, el proyecto de ley propone la aprobación automática de las autorizaciones que otorgan el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Autoridad Nacionalidad del Agua (ANA), si no son evaluadas en un plazo de siete días hábiles.
Así como la exoneración de inspecciones oculares para las autorizaciones de desbosque, de licencias y permisos de uso de agua; sin considerar la flora, fauna y fuentes de agua “que podrían ponerse en riesgo por una deficiente evaluación”.
A esto se suma la necesidad de que el proyecto de ley exija la aplicación del enfoque de riesgo climático y la gestión del riesgo de desastres, así como disponer de medidas para asegurar una gestión pública eficiente y proba.
Esto, si se considera que, a seis años de la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, hay cerca de 13 mil situaciones con señales de presunta corrupción que podrían afectar la entrega de 7 de cada 10 proyectos de infraestructura.
“En atención a ello, para la Defensoría del Pueblo resulta fundamental que el proyecto de ley responda a un análisis técnico y objetivo respecto a la necesidad de su creación”, indican.
Además, es indispensable “que cuente, entre otros aspectos, con un mecanismo de monitoreo y evaluación de los proyectos de inversión y un procedimiento de concurso público para asegurar que la elección de la jefatura de la autoridad sea la más objetiva e idónea”.
Asimismo, se requiere de mecanismos para asegurar una coordinación efectiva entre las autoridades involucradas durante la formulación, ejecución y mantenimiento de los proyectos de inversión, añaden.
Puede acceder al Informe Jurídico Defensorial n.o 003-2023-DP/AMASPPI: Opinión de la Defensoría del Pueblo sobre el Proyecto de Ley n.° 4642/2022-PE, Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/05/Informe-Jur%C3%ADdico-Defensorial-n.%C2%B0-003-2023-DP-AMASPPI-1.pdf.
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