Por Osvaldo Leon*
ALAI, 8 de junio, 2016.- Golpear a todo lo que mínimamente huela a democratización de la comunicación –eje estratégico para superar las asimetrías existentes y desmonopolizar la palabra en beneficio de un mayor pluralismo y diversidad–, parece ser una de las prioridades de los gobiernos de derecha, legítimos e ilegítimos, en la región.
De un plumazo y de entrada de juego, Mauricio Macri, al asumir su mandato en Argentina, vía decreto ejecutivo prácticamente desarma la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para proteger al puñado de monopolios mediáticos que gravitaron en su elección. Esta ley, una de las leyes más discutidas de la historia de ese país, fue aprobada en 2009 tras una laboriosa construcción ciudadana con la participación de una multiplicidad de sectores sociales y políticos.
En Brasil, donde está en curso un golpe palaciego impulsado por poderes fácticos (empresariales, mediáticos, sectores judiciales, policiales y de la derecha parlamentaria), el presidente interino Michel Temer no solo que intenta cerrar el Ministerio de Cultura, sino también intervenir ilegalmente la Empresa Brasileña de Comunicación, organismo creado en 2007 para gestionar las emisoras públicas federales de radio y televisión. De hecho, una de las poquísimas medidas adoptadas en este campo por el expresidente Lula.
El mensaje es claro: no les basta con tener un poderoso blindaje mediático, también quieren poner coto a las conquistas (mayores o menores) que se inscriben en la óptica de democratizar el campo comunicacional. Es más, por el carácter antipopular de las políticas que contemplan sus programas neoliberales, incluso buscan aniquilar cualquier espacio de manifestación pública.
Una lucha tenaz
Durante la campaña electoral de 2010 en Brasil, la presidenta de la Asociación Nacional de la Prensa, María Judith Brito, sin mayor tapujo señaló: “los medios de comunicación han asumido de hecho una posición opositora en este país ya que la oposición está profundamente fragilizada”. Y, precisamente, por ese rol de articulador político que asumen esos medios es que nació el calificativo de Partido de la Prensa Golpista (PIG, por sus siglas en portugués). Y que hoy está jugando un rol clave en el golpe que apunta a imponer el poder económico sobre la decisión democrática.
Por lo mismo, el pasado 5 de mayo, con diversas manifestaciones públicas, ese país fue escenario de la “Jornada Nacional de Lucha contra el Golpismo Mediático”, para denunciar “cómo el monopolio privado en las comunicaciones, representado principalmente por las Organizaciones Globo, hiere a nuestra democracia, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación”.
Convocada por el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación (FNDC) y el Frente Brasil Popular (FBP), esta jornada es un testimonio vibrante de la disputa que se confronta en el campo comunicacional en nuestra región: la aspiración de fuerzas populares por hacer valer el derecho a la comunicación frente a una estructura mediática concentrada en manos de unas cuantas familias o corporaciones, que pretende definir la suerte de nuestros países.
Uno de los cambios que se registra en la región, justamente, es que se ha instalado en el debate público el tema de regulaciones al sistema mediático, que anteriormente era considerado como un asunto intocable. Y esto, sobre todo por la revitalización de movimientos por la democratización de la comunicación, ya que esta causa ahora es asumida por una pluralidad de sectores sociales y políticos, siendo que anteriormente estaba circunscrita a ciertos actores involucrados directamente en este ámbito.
En el campo de los gobiernos progresistas, donde inicialmente prima un sentido “pragmático” de buscar “entendimientos” con los pesos pesados del poder mediático hegemónico, con el tiempo y al calor de la disputa política en algunos países se da paso al reconocimiento del Derecho a la Comunicación en marcos constitucionales y en leyes específicas. En unos casos como resultado de una construcción ciudadana, en otros como secuela de una correlación de fuerzas.
Sin embargo, por la lentitud y limitaciones en la implementación de tales disposiciones legales los cambios que se operan quedan muy fragilizados y expuestos a una permanente arremetida del poder mediático, que se mueve de manera muy sincronizada, nacional e internacionalmente, en torno a ejes estratégicos definidos, con ofensivas comunicacionales integrales y sobre la base de un tejido de diversos sectores muy articulado (partidos políticos, Ongs, think tanks, sectores académicos, gremios, etc.).
Enfoques
En este escenario, como trasfondo se puede apreciar las dificultades para articular políticas y estrategias comunicacionales, tanto en las esferas oficiales como en los movimientos políticos y sociales que propician tales cambios. De ahí, la persistencia de actitudes reactivas, ancladas a las matrices de los oponentes, y de respuestas dispersas y fragmentadas que priman en su accionar, por lo general en tono panfletario, cuando en el plano de las ideas lo que importa es confrontar las ideas fuerza del oponente, con el eje centrado en la contundencia argumentativa propia.
A nuestro entender, en gran medida esto se debe a que prevalece una visión instrumental de la comunicación que se limita a la herramienta unidireccional centrada en la información y la diversión, con los mismos patrones y formatos definidos por el poder del sistema dominante. Consecuentemente, la comunicación queda reducida a los medios masivos y el marketing (por extensión a las redes digitales), contemplando marginalmente a otras expresiones comunicativas y artísticas. Con esta visión, además, se deja de lado el componente relacional y dialógico propio de esta actividad humana, lo que redunda en el divorcio entre comunicación y cultura.
Ante la necesidad de analizar con aplomo el curso de los acontecimientos, conviene recordar que durante décadas, desde un posicionamiento crítico a tal enfoque, la comunicación popular ha asumido que más allá de transmitir, importa compartir, en términos dialógicos y participativos. Por lo mismo, rescata las condiciones de producción y reproducción social del sentido, dando particular importancia a las dinámicas organizativas y de movilización que son nodales para realmente emprender procesos de cambio. Como en la lucha por los cambios la disputa ideológica-cultural es la de mayor trascendencia, porque encara la cuestión de la hegemonía, es esta perspectiva que precisa ser potenciada en todos los niveles como soporte clave para hacer efectivo el protagonismo popular en tiempos complejos.
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*Osvaldo León, es comunicólogo ecuatoriano, director de la revista América Latina en Movimiento.
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