SciDevNet, 7 de febrero, 20017.- Si los indígenas del Amazonas boliviano, brasileño y colombiano tuvieran asegurada la tenencia de sus tierras, se reduciría la deforestación a la mitad, incluso a un tercio, se mitigaría la emisión de carbono, y beneficiaría a la población local y el planeta.
Aspi lo confirma un estudio concentrado en la Amazonia que demuestra que la tasa de deforestación promedio de tres países estudiados —Bolivia, Brasil y Colombia— fue inferior en los bosques indígenas con tenencia segura que en áreas similares sin ella. 35 por ciento menor en Bolivia, 40 por ciento menor en Brasil y 50 por ciento menor en Colombia indica la investigación.
Esta es una solución ‘suave’, barata y con beneficios para el mundo, el ambiente y las comunidades
“Los costos son muy bajos para algo tan importante como reducir el cambio climático, en términos globales, así como para el desarrollo comunitario, en el nivel local”, dice Juan Carlos Altamirano a SciDev.Net, economista senior del Instituto de los Recursos Mundiales (WRI), con sede en Washington, y uno de los autores del informe.
“Esta es una solución ‘suave’, barata y con beneficios para el mundo, el ambiente y las comunidades”, continuó.
Presentado el 7 de octubre, el informe contempla los aspectos legales que rigen en los tres países latinoamericanos en relación con la tenencia de la tierra; analizó los mapas de asentamientos indígenas y de deforestación; y produjo un análisis económico, que consistió en identificar costos y beneficios globales y locales de la deforestación evitada, una de las consecuencias de asegurar los derechos sobre la tierra a la población originaria.
“Vimos que la tasa de deforestación bajaba en una forma significativa en las comunidades que tenían sus derechos de propiedad bien delimitados y eran respetados”, continúa Altamirano, lo cual beneficiaría al planeta porque aumentaría la captura de carbono.
Los beneficios económicos para la región en los próximos 20 años serían de máximo US$ 119 mil millones para Bolivia, 1.165 mil millones para Brasil y 277 mil millones para Colombia, informa el estudio.
“El llamado que se hace a los gobiernos para facilitar la legalidad y remover obstáculos en la ampliación de estos territorios es importante no solo para los temas de secuestro de carbono, sino también para orientar las prioridades de sostenibilidad que deben acompañar las acciones que desarrollen en este territorio las comunidades que habitan”, dijo a Scidev.Net Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI).
Juan Carlos Preciado, consultor en derechos territoriales y pueblos indígenas de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), dijo que el reconocimiento a la propiedad de la tierra, “tiene que estar en el marco de un concepto mucho más amplio que es el de los derechos territoriales, del derecho político al gobierno, al ejercicio de la autoridad y el respaldo absoluto a ese ejercicio de la autoridad basado en los sistemas del conocimiento propio”.
El estudio propone a gobiernos y organismos internacionales de cooperación incentivar los derechos sobre la tierra y protegerlos, lo que “significaría aumentar los beneficios eco sistémicos como la recreación y el turismo, la regulación de la dinámica climática y el ciclo del agua, los servicios hidrológicos, la polinización y la retención de nutrientes”, concluye Altamirano.
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