Comunidades base de Acodecospat exigen al presidente y ministros honrar acuerdos de estos pueblos que viven en zona de impacto del Lote 8.
Servindi, 6 de abril, 2022.- Las comunidades de Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat) exigieron que el gobierno cumpla con compromisos pendientes de atención en salud, educación, vivienda y desarrollo.
Mediante una carta, estas comunidades de Loreto también solicitaron al presidente que realice una visita a algunas de las comunidades para que conozca la realidad y los aportes de los pueblos de la zona al crecimiento del país.
El pedido de seguimiento a los compromisos asumidos se realiza luego de una asamblea entre el 27 y 29 de marzo en San Francisco de Choroyacu, donde se evaluó el proceso de diálogo con el gobierno.
La misiva, con fecha del 1 de abril está dirigida al presidente Pedro Castillo, al premier Aníbal Torres y a los titulares de Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Energía y Minas.
“Nosotros siempre hemos apelado al diálogo respetuoso y a la buena fe en todos los espacios que sostenemos con el gobierno peruano desde el año 2011”, indica la misiva.
“Creemos en usted y en su mensaje electoral […]. Por ello, apelamos a ese compromiso y principio y le solicitamos que acceda a nuestro pedido de hacer seguimiento desde su despacho a los acuerdos acá detallados”, agrega.
Carta enviada a autoridades del gobierno.
Demandas de salud
Como parte de estas demandas se encuentra la aprobación del Plan de Salud Intercultural 2022-2026 por parte del Ministerio de Salud (Minsa).
Con un fondo de 18 millones de soles, el plan contempla la investigación, formación de promotores, brigadas especializadas y la atención de comunidades de la zona, afectadas por metales pesados.
A pesar de encontrarse concluido, la urgente aprobación de este plan y el mecanismo legal que garantiza su presupuesto se retrasa por aspectos ligados a la coyuntura política.
Acodecospat señala que, desde setiembre de 2021, se encuentra pendiente la instalación de un grupo de trabajo para atender temas de infraestructura, vigilancia participativa y formación intercultural en políticas educativas.
Junto a esta esta responsabilidad, que corresponde al Ministerio de Educación (Minedu), se exige modificar la norma que regula la implementación de escuelas rurales, incluir procedimientos y alternativas en zonas inundables.
Programas sociales
De igual forma, las comunidades kukamas esperan que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) apruebe una resolución ministerial ya definida.
Esta medida permitiría que se reinicien las labores para realizar un diagnóstico territorial participativo sobre la intervención de los programas sociales en las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón.
Como señalan las comunidades, esta disposición contribuiría a adecuar la política estatal a la experiencia de las comunidades indígenas.
Infraestructura
Por otro lado, las comunidades expresan su rechazo a la imposición de proyectos y tecnologías del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), pues se ignora su derecho a la autodeterminación y a la consulta previa.
Así, se rechazan proyectos que no se adecuan a la realidad de la zona y se presentan como alternativas a infraestructuras de saneamiento y servicios básicos.
Entre las ‘alternativas’ cuestionadas, se menciona iniciativas de gestión del agua de lluvia para consumo humano y la fabricación de composteras.
La primera propuesta no toma en cuenta los potenciales perjuicios a la salud que conllevan el uso de tanques con agua almacenada, por la presencia de bacterias e insectos, y tampoco considerar temporadas de sequía.
Mientras que la propuesta de las composteras implicaría el riesgo de rebalses y posteriores infecciones, teniendo en cuenta que las comunidades son zonas inundables en épocas de creciente.
- Puede acceder a la carta en el siguiente enlace del Observatorio Petrolero Puinamudt
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