Por Angélica Enciso y Andrea Becerril
La Jornada, 6 de noviembre, 2018.- Miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) y organizaciones campesinas expresaron su preocupación por la iniciativa de ley agraria propuesta por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, pues consideran que permite el despojo de los territorios indígenas y busca armonizar las disposiciones legales con las reformas estructurales en materia energética y de hidrocarburos.
Asimismo, con los regímenes privatizadores de concesiones mineras, de aguas y de bienes nacionales.
La propuesta de Monreal brinda a las trasnacionales la posibilidad de apoderarse de tierras de uso agropecuario y forestal, advierten.
Para Carlos González García, integrante del CNI, la iniciativa para crear la ley de desarrollo agrario, presentada por Monreal el 23 de octubre en el Senado, da continuidad a la contrarreforma salinista de 1992 y forma parte de una estrategia para despojar a los pueblos originarios.
Otros representantes de organizaciones agrarias señalaron en un primer análisis de la iniciativa que el título seis de la misma es la parte más peligrosa para la vida y existencia de los ejidos y comunidades, ya que plantea que aporten sus tierras en asociaciones con inversionistas privados, que las transformen en acciones tipo T y que celebren contratos que impliquen el usufructo de la tierra ejidal por terceras personas.
Consideran que las sociedades mercantiles por acciones no deben tener derecho a poseer tierras de uso agropecuario y forestal, mucho menos las de uso común. “Con esta iniciativa olvidan que las tierras las han obtenido los ejidatarios y comuneros después de una lucha armada, hace ya cien años, y que no sólo se usan para producir y explotar los recursos naturales que ahí existen. Son territorio donde vivimos, donde recreamos nuestras culturas y nuestra convivencia como comunidades y pueblos mexicanos.
En el título cuatro de la iniciativa se reconoce a la asamblea de ejidatarios como el órgano supremo del núcleo agrario y mantiene que sus acuerdos serán por mayoría simple y calificada, según sea el caso, pero también le da facultades de cambiar el destino de las tierras de uso común para asentamientos humanos.
Asimismo, la asamblea podrá autorizar el uso y ocupación superficial de tierras para industrias de hidrocarburos y de energía eléctrica. Estas determinaciones legales de disponer de las tierras de uso y aprovechamiento común, sobre todo para ser cedidas a terceros, pueden tener la finalidad de facilitar que inversionistas y personas ajenas a los ejidos y comunidades se apropien de estos recursos, se lleven las ganancias tan sólo por invertir en ellos y las abandonen cuando ya estén inutilizadas. Esas historias ya han sucedido en otros tiempos.
Preocupa también a otras organizaciones que ese título cuatro, combinado con el primero de la iniciativa, facilite que empresas trasnacionales y empresarios voraces se apropien, en los hechos, de los recursos con que todavía cuentan los ejidos y las comunidades.
Las organizaciones se preguntan por qué no se construye un aprovechamiento que beneficie a los campesinos y que preserve los recursos naturales y por qué no, en lugar de facilitar el acceso de empresas petroleras y eléctricas, mejor se otorguen las concesiones mineras y de energías renovables a los ejidos y comunidades.
¿Por que no se asocia Pemex con los ejidos y comunidades para realizar las explotaciones petroleras junto con ellos como socios?, cuestionan.
Sería mejor, resaltan, promover que sean los propios ejidatarios y comuneros quienes, con asesoría adecuada, decidan sobre la explotación y preservación de estos recursos de uso común.
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