El Gobierno mexicano dejó pasar 14 largos años sin atender las recomendaciones relevantes del Relator de las Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen, provocando una brecha en los procesos de implementación de compromisos con la comunidad internacional. Hoy, el nuevo Gobierno mexicano, tiene la oportunidad de dar un viraje en su política nacional e internacional en materia de pueblos indígenas, para que deje de ser “candil de la calle y oscuridad en su casa”. Así lo indica Marcos Matías, miembro de la Red Nacional Indígena e investigador del CIESAS, en el evento Diálogo con los Pueblos Indígenas en el Vértice del Horizonte Nacional.
El horizonte indígena en el nuevo gobierno federal
Por Marcos Matías Alonso*
5 de setiembre, 2018.- De forma colectiva extiendo mi saludo a cada uno de ustedes y enuncio de manera general algunos temas relevantes que podrán ser considerados en las Mesas de Trabajo.
¿Cómo mirar el mundo indígena en el horizonte nacional? ¿Cómo vislumbrar los escenarios próximos sobre la situación de nuestros pueblos? Lanzar la mirada hacia el futuro próximo obliga reconocer en qué situación nos encontramos y trazar el rumbo para conquistar los derechos indígenas que aún no han sido reconocidos por el Estado mexicano.
Sobre la materia hay muchas fuentes de análisis. Abunda bastante teoría y cuantiosa literatura para diagnosticar la situación contemporánea de los pueblos indígenas de México.
Mi pincelada nacional se fundamenta en los Informes del Dr. Rodolfo Stavenhagen y de Victoria Tauli-Corpuz, ambos en su calidad de Relatores Especiales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Recordemos que la visita diplomática del Dr. Rodolfo Stvenhagen, en su carácter de primer Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ocurrió en junio del 2003, y sostuvo diversas consultas con autoridades gubernamentales y múltiples representantes de los pueblos indígenas del país.
Catorce años después, en noviembre del 2017, Victoria Tauli-Corpuz, en cumplimiento de su mandato como Relatora Especial, nuevamente visitó nuestro país para examinar la situación de los pueblos indígenas de México. La Relatora constató que, a pesar de los compromisos que México ha contraído con el sistema de las Naciones Unidas: “…los pueblos indígenas continúan enfrentando graves desafíos en el ejercicio de sus derechos humanos” (A/HRC/39/17/Add.2).
En el Podium del auditorio Jesús Reyes Heroles de la Secretaría de Gobernación.
El balance de la Relatora no es alentador para el Estado Mexicano. Ciertamente, hay avances significativos, pero los progresos han sido insuficientes. Para el gobierno federal que fenece es alarmante su saldo sobre la política pública en materia indígena; considero que las asignaturas pendientes deben ser una referencia primordial para el nuevo gobierno que pronto asumirá el poder presidencial.
En el siguiente resumen, la Relatora presenta su diagnóstico sobre el México indígena:
“Las actuales políticas de desarrollo basadas en megaproyectos (extractivos, energéticos, turísticos, inmobiliarios, de agricultura, por ejemplo) constituyen un reto mayúsculo para el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas. A la falta de autodeterminación y de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada se suman conflictos territoriales, desplazamientos forzosos, criminalización y violencia contra pueblos indígenas que defienden sus derechos. Todos estos problemas se desarrollan en un contexto de profunda desigualdad, pobreza y discriminación de los pueblos indígenas que limitan su acceso a la justicia, educación, salud y otros servicios básicos”.
El anterior resumen se desprende del análisis de los siguientes ejes temáticos:
- Tierras, territorios y recursos naturales
- Prioridades de desarrollo, megraproyectos, consulta y consentimiento
- Libre determinación y participación política
- Violencia, impunidad y acceso a la justicia
- Derechos económicos, sociales y culturales: mujeres, niñez y juventud, migrantes y jornaleros, damnificados y desplazamiento forzoso
Del examen de los anteriores ejes temáticos y de la visita en campo a diversos estados del país, la Relatora establece las siguientes conclusiones y recomendaciones:
a. La situación actual de los pueblos indígenas en México refleja una considerable brecha entre la realidad jurídica, política e institucional con los compromisos internacionales asumidos por el país.
b. Urgen medidas para proteger los derechos de los pueblos indígenas en temas como: tierras, territorios y recursos naturales, libre determinación, participación política, justicia, violencia e inseguridad, pobreza y marginación estructural.
Al marco jurídico e institucional:
a. Reabrir el debate constitucional sobre derechos fundamentales, como el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.
b, Las instituciones de gobierno deben contar con la capacidad y los recursos necesarios para responder a las necesidades de los pueblos indígenas.
c. Los tribunales deben agilizar los mecanismos para asegurar la implementación de las sentencias que se dicten a favor de los pueblos indígenas.
A Tierras, territorios y recursos naturales:
a. Se recomienda una reforma integral al régimen jurídico agrario para incorporar los actuales estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.
b. Atención a las solicitudes de los pueblos indígenas en el reconocimiento y protección de sus tierras y territorios.
Diversos representantes indígenas del país con la Titular de la CDPIM.
A las prioridades de desarrollo, megaproyectos, consulta y consentimiento:
a. Las políticas, leyes y planes desarrollo en materia energética, agraria y agroindustrial, deben tener en cuenta las propuestas y prioridades de los pueblos indígenas en relación con el desarrollo en sus territorios, antes de otorgar concesiones, licencias y permisos que afecten sus derechos.
b. Cualquier consulta sobre actividades o medidas que afecten a los pueblos indígenas, debe ser previa y proporcionar información sobre los impactos sociales, ambientales y culturales de dichos proyectos y posibles medidas de mitigación e indemnización.
c. En relación con las distintas iniciativas para desarrollar una ley sobre consulta previa, es necesario subrayar que la ausencia de una legislación específica no exime al Estado mexicano del deber de consultar a los pueblos indígenas conforme a sus obligaciones internacionales.
Sobre la libre determinación y la participación política:
a. Promover y fortalecer los sistemas de autonomía y autogobierno indígena.
b. Coordinar con las policías comunitarias, juzgados indígenas, juntas de buen gobierno y los municipios indígenas autónomos.
c. Fortalecer las iniciativas que promuevan la participación política indígena en los procesos electorales.
d. Adoptar las medidas legales para que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a elegir a sus propias autoridades en elecciones municipales de acuerdo con sus usos y costumbres.
Acerca de la violencia, impunidad y acceso a la justicia:
a. Desarrollar medidas de protección colectiva para pueblos indígenas en situaciones de riesgo por la defensa de sus derechos.
b. Impulsar medidas concertadas de protección frente al crimen organizado y grupos armados en regiones indígenas, incluyendo medidas de coordinación con las policías comunitarias.
c. Reforzar el reconocimiento de los sistemas de justicia indígena, incluyendo a las policías comunitarias y otras formas de prevención y resolución de conflictos.
d. Brindar mayor atención de acceso a la justicia en casos relacionados con la protección de tierras, territorios y recursos naturales en contextos de megaproyectos y conflictos agrarios.
e. Desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares que cometen violaciones de derechos humanos en las regiones indígenas.
f. Agilizar los procesos de investigación, justicia y reparación de daños, como el caso de Acteal en Chiapas y Ayotzinapa en Guerrero.
De todas las consideraciones anteriores, se desprende la siguiente recomendación final: Que el Estado mexicano y los poderes políticos del país, cumplan con las recomendaciones del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
En los tiempos políticos de ayer, el Gobierno mexicano dejó pasar 14 largos años sin atender las recomendaciones relevantes del Relator, provocando una brecha en los procesos de implementación de compromisos con la comunidad internacional. Hoy, el nuevo Gobierno mexicano, tiene la oportunidad de dar un viraje en su política nacional e internacional en materia de pueblos indígenas, para que deje de ser “candil de la calle y oscuridad en su casa”.
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Intervención en el acto inaugural del “Diálogo con los Pueblos Indígenas en el Vértice del horizonte nacional”. Secretaría de Gobernación. Ciudad de México, 4 de septiembre del 2018.
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*Marcos Matías Alonso es miembro de la Red Nacional Indígena e investigador titular del CIESAS.
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