Inversiones chinas atentan contra derechos humanos y áreas protegidas

El Consejo de DDHH de la ONU evaluará si el gobierno chino ha exigido a sus empresas el respeto a los derechos humanos en los países que operan

El financiamiento chino se ha tornado en un factor determinante para la vigencia de los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos. Entre el 2009 y 2017, los préstamos chinos a la región alcanzaron U$145 mil millones, sobrepasando los del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Al 2017, la inversión directa china alcanzó un acumulado de US$ 113.6 mil millones. Tanto los préstamos como la inversión directa china se han concentrado en la construcción de infraestructura energética y de transporte  y en proyectos de extracción de recursos naturales, ambos sectores ambiental y socialmente sensibles. “Estas tendencias se van a profundizar en el futuro, dado que China ha comprometido millonarios fondos para la región y que conjuntamente con los gobiernos, China ha acordado una serie de compromisos de inversión”, sostiene Marco Antonio Gandarillas del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

Después de casi 10 años de haber experimentado una ola masiva de financiamiento chino en América Latina, cabe preguntarse: ¿Qué consecuencias ha tenido este financiamiento en la vida de las comunidades donde se desarrollan los proyectos? Para María Marta Di Paola de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en Argentina, “los resultados encontrados son devastadores tanto por los daños a las comunidades locales como a la naturaleza”.

El informe estudia 18 proyectos, de ellos siete pertenecen al sector minero, seis al petrolero y cinco son hidroeléctricos. “El hecho de que 12 de estos proyectos se encuentren en la región amazónica, 15 en territorios indígenas, 11 en áreas protegidas naturales, y cinco en áreas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, demuestra una falta de compromiso de China con el ambiente y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la región”, sostiene Di Paola.

“Las empresas y los financistas chinos han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas de muchas formas. La presencia china sólo ha traído más destrucción y tristeza justamente a quienes debemos la protección de los bosques que todavía están en pie”, señala Karla  Sessin del Colectivo Proteja Amazônia en Brasil. En el caso de la hidroeléctrica de São Manoel en Brasil operada por China Three Gorges, se han destruido dos espacios sagrados de fundamental valor cultural para los pueblos indígenas Munduruku, Kayabi y Apiaka. Mientras que en Bolivia y Ecuador tres pueblos indígenas en aislamiento están siendo amenazados por las operaciones de China Petroleoum Corporation Company, Sinopec y China National Petroleum Corporation.

En tanto, las represas Santa Cruz en Argentina con una inversión de U$ 4.7 mil millones (la más grande inversión china fuera de China en el sector hidroeléctrico) se construirá en la Patagonia, lugar donde se encuentra la mayor concentración de hielo (fuera de la Antártida) en el hemisferio Sur. En Perú, donde las empresas chinas dominan la extracción minera, las comunidades afectadas por la operación de China Minmetals Corporation en Las Bambas han vivido, por más de dos años, bajo repetidos estados de emergencia sin poder ejercer sus derechos a la libre asociación, libre tránsito y libre expresión. Los estados de emergencia también han sido medidas populares en los proyectos chinos en Ecuador y Brasil. Lo que dejó un triste saldo de media docena de personas fallecidas en los enfrentamientos con militares y policías en Ecuador y Perú; así como centenares de personas criminalizadas por la defensa de sus derechos. 

Para Sofía Jarrín del Centro de Derechos Económicos y Sociales en Ecuador “la cooperación bilateral no puede darse a expensas de los derechos humanos y ambientales de las comunidades a quienes justamente se pretende servir con los proyectos.” Jarrín explica que según los principios de derecho internacional en materia de derechos humanos “China está obligada a respetar  los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas por sus inversiones en donde quiera que se encuentren”.

“Las empresas que han invertido en nuestros países se han aprovechado de la debilidad de leyes nacionales y de la complacencia de los gobiernos de turno. Pero al fin del día, en el contexto global, la responsabilidad no es sólo de esas empresas o de los gobiernos nacionales, sino también de los Estados a los que responden esas empresas. Es por ello que el EPU de China es una oportunidad crítica para que China nos escuche, asuma responsabilidad y cambie”, señala Julia Cuadros, miembro del Consejo Directivo de CooperAcción en Perú.

Finalmente,  el informe sostiene que China debe: (i) incorporar los principios, convenios y tratados de derechos humanos en sus estrategias, políticas, planes y proyectos de inversión en América Latina, y establecer mecanismos que garanticen su implementación; (ii) ratificar el Convenio 169 de la OIT; (iii) realizar exámenes de debida diligencia en derechos humanos durante todo el ciclo del proyecto; (iv) establecer medidas de acceso a la justicia y la reparación de las víctimas; y (v) abandonar los proyectos en que se siguen violando leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos.

Para el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente-CICDHA- la “relación ganar-ganar y lacooperación Sur-Sur entre China y América Latina, por el momento, están sólo en los discursos de los políticos”.

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