El líder rondero José Napoleón Tarrillo fue asesinado cruelmente en el caserío de El Mirador, en Lambayeque, donde se desarrolla un conflicto por la defensa de la reserva ecológica de Chaparrí ante mafias de tráfico de terrenos que vienen invadiendo la zona
Cooperacción, 6 de enero, 2018.- Tarrillo, líder ambientalista y recientemente elegido como Teniente Gobernador del caserío, fue atado, golpeado, torturado y asfixiado hasta la muerte por cuatro sujetos que ingresaron a su vivienda la noche del sábado 30 de diciembre.
La pareja de Tarrillo, Flor Vallejos, denunció que “él hace algunas semanas había recibido amenazas y por más que le dije que denunciara no aceptó y solo decía Dios me cuida”.
“Mi esposo era defensor de las tierras de Chaparrí y hay algunas personas que están invadiendo las tierras, por ello lo venían amenazando para que se retire del cargo”, dijo Vallejos. “Fue amenazado dos días antes de que lo mataran”, declaró Juan Carrasco, miembro de la comunidad campesina muchik “Santa Catalina” de Chongoyape.
“Era un hombre valiente y nunca perdió el valor. Dijo que debemos organizar nuestras propias rondas para desalojar a los invasores de tierras, porque las autoridades no tomarían medidas”, afirma Carrasco.
“Esto era de esperar”, declaró a prensa internacional Ana Juarez, bióloga que trabaja en la zona. Juárez afirma que los asesinos son conocidos por la comunidad y que fueron responsables del asesinato de tres personas en 2016 en represalia por el desalojo de traficantes de tierra de la vecina comunidad de San Francisco de Salas.
Conocido localmente como “Napo”, Tarrillo era un líder rondero que se oponía al tráfico de tierras que ha invadido zonas de la reserva ecológica, talando el bosque y reemplazándolo por cultivos. La reserva es una zona de alta importancia para la vida silvestre, y alberga una de las mayores poblaciones de oso de anteojos en el Perú.
Pocos días antes, en el Congreso de la República se conformó una comisión para esclarecer los hechos relacionados con el tráfico de terrenos y deforestación de la reserva ecológica.
Este trágico caso es, lamentablemente, un nuevo ejemplo de que el Perú es uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales. En setiembre de 2017, seis líderes fueron asesinados en Ucayali en el marco de un conflicto por tráfico de tierras, tala ilegal e imposición de monocultivos.
Tres años antes, cuatro personas fueron asesinadas en la comunidad de Saweto por su resistencia contra la tala ilegal. Perú ha sido clasificado anteriormente por Global Witness como uno de los países donde se producen más agresiones contra defensores ambientales, mientras que éstos reciben poco apoyo y protección por parte del estado, que tiende a desalentar el activismo ambiental por considerarlo una traba al desarrollo de emprendimientos económicos.
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