Juzgado de Bagua ordena a Ministerio de Salud y Gobierno Regional atender la salud de las comunidades awajún afectadas por el derrame de petróleo de Chiriaco
Servindi, 4 de diciembre, 2018.- El Primer Juzgado Civil de la provincia de Bagua, en Amazonas, ordenó a las autoridades de Salud atender a las comunidades awajún del distrito de Imaza, afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en Chiriaco.
El Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de Amazonas y la Dirección Regional de Salud deben diseñar, implementar y ejecutar una estrategia de salud de emergencia.
Con la resolución judicial las instituciones del Estado deben atender de manera integral, especializada e inmediata la salud de las comunidades indígenas awajún, en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas.
Asimismo, deben implementar un sistema de vigilancia sanitaria, ambiental y epidemiológica en la zona.
La disposicion se efectuó mediante una resolución del 29 de diciembre que declaró fundada la solicitud de medidas cautelares presentada por el señor Norberto Wamputsag, Apu de la comunidad nativa de Nazareth.
El derrame de Chiriaco
El 25 de enero de 2016 más de tres mil barriles de crudo de petróleo se derramaron y esparcieron con las lluvias por el territorio de las comunidades.
La causa del derrame fue la corrosión del Tramo II del Oleoducto Nor Peruano y el líquido tóxico llegó hasta las cuencas de los ríos Chiriaco y Marañón.
Los efectos del hidrocarburo en la población no se redujo al contacto con las aguas contaminadas o el consumo de peces de los rios.
La situación se agravó por la negligencia de la empresa PETROPERÚ, operadora del oleoducto, en las acciones de limpieza.
Contrató a población indígena local, incluso menores de edad, para las acciones de recojo del crudo en ríos y suelos, sin proveerles de equipos de protección adecuados.
Estudios de sangre y orina hallaron presencia de metales pesados en los cuerpos de 25 niñas y niños awajún de la comunidad de Nazareth y comunidades aledañas.
Los efectos de la exposicion a las sustancias tóxicas ha ocasionado graves impactos en la salud de la población local afectada que aún no ha recibido la atencion adecuada por el Estado peruano.
Cabe destacar que el pedido de medidas cautelares se enmarca en el proceso iniciado por la demanda de amparo interpuesta por las autoridades de las comunidades de Nazareth, Wachapea, Pakún, Umukay, Nuevo Progreso, entre otras.
La acción se efectuó con la asesoría de un colectivo integrado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
El fundamento fue la vulneración a los derechos a la vida, a la salud y el medio ambiente de las comunidades indígenas impactadas por el derrame y sus consecuencias.
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