Servindi, 3 de noviembre, 2021.- El domingo 7 de noviembre son las elecciones generales en Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega se afina como una maquinaria represiva contra las personas defensoras de derechos humanos y la democracia.
Desde mayo de 2021 más de 150 personas han sido detenidas en un contexto represivo. Entre estas 39 personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos, incluyendo 7 pre-candidatos presidenciales.
Igualmente, desde 2018, se han cerrado 50 organizaciones no gubernamentales y se viene aplicando un marco normativo represivo que busca asfixiar a la sociedad civil nicaragüense.
Así lo denuncia el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
Ambas instituciones advierten que el repertorio de leyes creado para reprimir a las personas defensoras de derechos humanos y a los opositores políticos condena a Nicaragua a entrar a un régimen dictatorial.
El clima es de terror
Las organizaciones publicaron el miércoles 3 de noviembre el Informe “Las nuevas leyes de la represión” que detalla la nueva etapa iniciada el 20 de octubre de 2020 en la escalada represiva.
El nuevo periodo se caracteriza por la promulgación de leyes restrictivas que controlan abusivamente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
Además, ponen bajo sospecha su financiamiento internacional, asumiendo que es un instrumento de intervención extranjera o un mecanismo del crimen organizado y del terrorismo.
De esta manera, convierten el derecho a asociarse para defender derechos humanos y el ejercicio de derechos civiles y políticos en delitos o ciberdelitos.
Esas figuras creadas por el régimen de Ortega pueden terminar llevando a las personas a la cadena perpetua, por presuntamente promover el odio nacional.
Específicamente, son las leyes sobre “Agentes Extranjeros”, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Ley sobre Ciberdelitos y la Reforma Constitucional al artículo 37.
A ellas se agrega Ley contra el Lavado de Activos y la Ley 1060, que, entre otros términos, expande el término de detención de 48 horas a 90 días, sin las mínimas garantías del debido proceso.
El gobierno pretende instalar un discurso oficial que construye como enemigo interno a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositoras, lo que intenta disuadir a la gente de defender los derechos humanos, atemorizar a quienes lo critican y someterlos al silencio.
Bajo este contexto, y a pocos días de las elecciones generales del 7 de noviembre, sin oposición democrática y con el trabajo y las voces de quienes defienden los derechos humanos acalladas, Nicaragua afianza un régimen totalitario.
El Observatorio y el CENIDH urgen a las autoridades nicaragüenses y a la comunidad internacional a tomar todas las medidas necesarias para reinstaurar el Estado de Derecho en Nicaragua y garantizar las libertades de expresión y asociación en el país.
El aparato judicial nicaragüense debe rescatar y dar primacía al principio de independencia de la justicia. Asimismo, las organizaciones exigen la liberación inmediata de las más de 150 personas detenidas en el marco de la represión y el fin de su criminalización y a la derogación de toda la normativa represiva.
- Lea el resumen ejecutivo del informe en los sitios web de la FIDH, la OMCT y CENIDH.
- Lea el informe completo en los sitios web de la FIDH, la OMCT y CENIDH.
Datos
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.
La FIDH y la OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) es una organización de promoción y protección de los derechos humanos. Fue creada en 1990 y en diciembre de 2018, la Asamblea Nacional nicaraguense arbitrariamente le quitó su personería jurídica, allanó su sede y sus bienes.
El CENIDH es miembro de la FIDH y de la OMCT y apesar de la intimidación y represión en su contra, continúa trabajando por la defensa y promoción de los derechos humanos en Nicaragua.
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