Servindi, 03 de agosto, 2016.- Hoy al mediodía se desarrolló el panel de conflictos socioambientales en el marco de la IV Jornada de Comunicación y Democracia – Pre Cumbre de Formación en Comunicación Indígena e Intercultural.
La actividad contó con la participación de Hildegard Willer, periodista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Nelly Luna, periodista del portal web de investigación Ojo Público y Alicia Abanto Cabanillas de la Adjuntía para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Durante su intervención, Nelly Luna aseguró que desde el 2002, año en el que se comienzan a visibilizar con mayor fuerza, los conflictos socioambientales, estos se incrementaron en el Perú y están asociados directamente al crecimiento de inversiones, megaproyectos mineros y grandes proyectos extractivos en diferentes regiones del país.
“Conforme los proyectos iban incrementándose, los conflictos también iban sucediendo uno detrás de otro”, señaló Luna.
“La cobertura de temas indígenas en los medios tradicionales desde sus inicios ha estado asociado a la conflictividad, con un matiz cargado de prejuicios haciendo ver a los indígenas como los causantes del conflicto”, agregó la periodista.
“Cuando se aprueba la Ley de Consulta Previa, el reglamento señala que una base de datos iba a ser la guía para identificar a los pueblos con derecho a la consulta previa, sin embargo, a pesar que ya estaba lista, nunca se hizo pública”.
La guía, según la periodista, identificaba a más de cuatro mil comunidades indígenas donde se encontraban proyectos mineros y cuya publicación hubiera originado en aquel momento que se hicieran progresivamente varios procesos de consulta en zonas donde el gobierno tenía implementados proyectos mineros.
Sin embargo, luego de un proceso de investigación, Ojo Público accedió a la base de datos que tenía alrededor de 5500 comunidades indígenas y se halló además que alrededor de 52 proyectos mineros habían sido aprobados en zonas donde se debía realizar una consulta previa.
“En el Estado, en este momento no tienen intérpretes fijos para desarrollar y llevar a cabo procesos de diálogo, lo ideal es tener interpretes adecuados formados en procesos de diálogos y manejo de conflictos”.
A su turno, Hildegard Willer quien realizó una la investigación sobre el Rol de periodistas locales en los conflictos sociales, en el contexto de la transición política a una democracia plena a partir del 2000 y ligado a la expansión de megaproyectos, compartió sus experiencias como periodista e investigadora.
“Cuando yo cubrí como periodista el conflicto de Ilave, me di cuenta que había varios periodistas, sobre todo radiales que, en vez de informar, azuzaron al conflicto de manera irresponsable”, explicó Hildegard.
Asimismo, señaló que de acuerdo a su investigación, solo algunos periodistas puneños entrevistados sabían hablar quechua o aimara, y que por ello tenían dificultad para cubrir, por ejemplo, una ronda de gobernadores.
La investigadora también resaltó las experiencias exitosas de mediar en un conflicto en el que periodistas radiales trataban de sentar a ambas partes en una mesa, sobre todo cuando se trata de conflictos de plano local con la presencia de una entidad del Estado que tenga decisión de mando.
Sin embargo, señala Hildegard, donde es muy difícil ejercer el rol de mediador es durante algún conflicto donde una parte es local, y la otra parte es nacional como el Ministerio de Energía y Minas (Minem) o internacional en el caso de una empresa multinacional.
Por su parte, Alicia Abanto Cabanillas dijo que se tiene que exigir al gobierno de que el derecho a la información se respete y se cumpla en todos los procesos de toma de decisiones del Estado.
“Participar es ser parte de, implica influir, tener la capacidad de cambiar, de tener un efecto y darles opción a los otros actores como el Estado de tomar decisiones más adecuadas a las necesidades de la población”, resaltó Abanto.
Además, destacó la necesidad de mejorar los fundamentos de participación ciudadana ya que en la práctica algunos son solo mecanismos de entrega de información principalmente y no generan ningún efecto en las decisiones del Estado.
“La consulta previa es un derecho colectivo de los pueblos indígenas que requiere la representación de los mismos. En el caso del derecho a la información y el derecho a la participación puede ser a nivel individual o colectivo”, agregó Abanto.
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