La gran mayoría de los países con cobertura boscosa tropical del mundo no han reconocido los derechos que tienen los pueblos indígenas y las comunidades forestales sobre el carbono de su territorio, lo que amenaza con socavar las soluciones al cambio climático basadas en la naturaleza.
Servindi, 3 de junio, 2021.- Una nueva investigación demuestra que la mayoría de países que pretenden beneficiarse de los mercados internacionales del carbono forestal aún no han definido los derechos asociados de los pueblos y comunidades.
El estudio realizado por la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) y académicos de la Universidad McGill remarca la ausencia de salvaguardas adecuadas, que no son definidas práctica ni jurídicamente.
La situación conlleva la exclusión de derechos y beneficios de los pueblos indígenas, comunidades locales y pueblos afrodescendientes sobre el carbono forestal que se encuentra en sus tierras y territorios consuetudinarios.
La falta de claridad plantea riesgos para las comunidades y los inversores, ya que genera incertidumbre sobre quién se beneficiará de los mercados del carbono, las compensaciones y las estrategias de reducción de emisiones.
Alain Frechette, director de Análisis Estratégico y Compromiso Global de la RRI, manifestó: «Sin salvaguardias jurídicas adecuadas, la demanda creciente de soluciones basadas en la naturaleza podría llegar a incentivar el acaparamiento de tierras y la captura de carbono por parte de los Estados y de terceros, incluso en aquellos casos en los que las tierras y los bosques en cuestión se encuentran bajo la propiedad de las poblaciones locales. Resulta crucial que los legisladores y los activistas del clima defiendan los derechos de los pueblos de los bosques como base fundamental para que las medidas climáticas basadas en la naturaleza sean eficaces, equitativas y sostenibles».
Descargar el resumen de política:
- https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/Spanish-Carbon-Rights-Brief-6-pager-v2.pdf (Castellano, PDF, 6 páginas).
Investigación internacional
El análisis examinó la situación del reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes sobre el carbono que contienen sus tierras y territorios en 31 países de África, Asia y América Latina.
En conjunto, estos países albergan casi el 70 % de los bosques tropicales del mundo, ya que incluyen los cinco países con la mayor cantidad de bosques tropicales del planeta: Brasil, República Democrática del Congo, Indonesia, Perú y Colombia.
Los 31 países analizados representan al menos el 62 % del potencial total de soluciones naturales viables al cambio climático, así como la mayor parte de las oportunidades de compensación de las emisiones de carbono.
Se evaluó la preparación de cada uno de estos países para establecer mercados del carbono, lo que les permitiría vender créditos de carbono, es decir, unidades comercializables que se han medido y contabilizado con arreglo a un sistema de línea de base y créditos y que los Gobiernos y las empresas pueden comprar para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones.
Los resultados muestran que, en general, pocos de los 31 países reconocen explícitamente los derechos comunitarios sobre el carbono y aún menos han evaluado la viabilidad operativa y política de las normas establecidas.
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Algunos resultados clave del estudio:
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Actualmente, algunos de los agentes más poderosos del mundo pretenden multiplicar rápidamente el mercado internacional del carbono y las denominadas soluciones basadas en la naturaleza atraen inversiones públicas y privadas.
Las compensaciones de las emisiones de carbono y los regímenes de reducción y absorción de emisiones cobran forma mediante iniciativas de mercado voluntarias, acuerdos de pago en función de los resultados y financiación climática específica.
La LEAF, una ambiciosa coalición de los sectores público y privado a la que se han unido empresas como Amazon, Bayer, Nestlé y Unilever, se ha fijado como objetivo inicial movilizar al menos 1 000 millones de dólares estadounidenses para créditos jurisdiccionales de REDD+.
Esa inversión se emitiría mediante la iniciativa Architecture for REDD+ Transactions (ART).
Territorios indígenas
Las tierras consuetudinarias que poseen, gestionan y administran los pueblos indígenas y las comunidades locales abarcan casi la mitad de la superficie terrestre y la tasa de deforestación en estas tierras es menor que las gestionadas por otros agentes.
Sin embargo, la mayoría de ellas aún carecen de reconocimiento jurídico por parte de los gobiernos.
Incluso cuando los derechos sobre la tierra están reconocidos legalmente, los derechos de las comunidades sobre el carbono y la comercialización de la reducción de emisiones siguen siendo inciertos y se prestan a diferentes interpretaciones.
El análisis también reveló que, aunque unos pocos países han establecido marcos para regular sus transacciones de carbono, la gran mayoría los ha definido solo de forma parcial o insuficiente.
Ello indica que la mayor parte de los países analizados no están debidamente preparados para realizar transacciones de carbono forestal.
«Existe un riesgo real de que ni las personas ni el planeta se beneficien de las transacciones de carbono si no se resuelve la cuestión de los derechos sobre este», afirmó Sébastien Jodoin, coautor del estudio y titular de la Cátedra de Investigación sobre Derechos Humanos, Salud y Medio Ambiente de la Universidad McGill.
«Estas iniciativas se crean para financiar a Gobiernos que no tienen un buen historial de administración de este tipo de fondos ni de respeto de los derechos de las comunidades forestales», comentó.
Indígenas advierten riesgos y amenazas
Representantes de organizaciones de pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes señalan que el análisis pone de relieve los riesgos que acarrea ampliar los mercados del carbono sin garantizar primero los derechos territoriales de estos colectivos.
«El compromiso de proteger los bosques y el clima a escala internacional es de agradecer, pero esto no puede hacerse sin la participación de los pueblos indígenas, que tienen derechos históricos sobre la mitad de los bosques tropicales del mundo», observó Fany Kuiru Castro, líder indígena del pueblo uitoto del clan jitomagaro de la Amazonía colombiana.
«Hemos protegido el Amazonas y otros ecosistemas vitales durante generaciones y no pueden seguir pasando por alto nuestros derechos» agrega Fany Kuiru.
Condiciones previasLos autores del estudio plantean que, para que sean eficaces, todas las soluciones basadas en la naturaleza vinculadas al carbono forestal deben cumplir las siguientes condiciones previas antes de que se produzca cualquier transacción:
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En el análisis se concluye que una inversión considerable en el reconocimiento de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades es un requisito previo para el programa climático internacional.
Sin embargo, un estudio reciente de la Rainforest Foundation Norway (RFN) demuestra que, de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a mitigar el cambio climático y adaptarse a este, menos del 0,1 % se dedica a los derechos de tenencia de las comunidades indígenas y locales.
Ello a pesar del creciente consenso del círculo científico respecto a que estos derechos son una solución muy rentable al cambio climático.
«Nunca ha sido más urgente realizar una inversión considerable para frenar la deforestación y proteger la biodiversidad existente, manifiesta Sébastien Jodoin.
«Pero, sin inversiones comparables para garantizar los derechos de las comunidades y sin medidas climáticas coherentes, es poco probable que las soluciones basadas en la naturaleza tengan los efectos deseados" puntualiza Jodoin.
«Los enfoques basados en los derechos ofrecen la única forma tangible de lograr el alcance necesario para hacer realidad la promesa de las soluciones basadas en la naturaleza para luchar contra el cambio climático» concluye el coautor del estudio.
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